El representante legal de un grupo de vecinos que reside en bulevar Oroño al 700 y la concejala María Fernanda Gigliani (PPS) denunciaron ayer en el Palacio Vasallo irregularidades en la habilitación y edificación de un complejo ubicado en esa arteria a la altura del 737. Uno de los señalamientos está vinculado a cuestiones de seguridad, ya que la construcción se está desarrollando en el interior de la manzana y la única vía de entrada y salida para las futuras 150 personas que habitarán el lugar es un pasillo de un metro y medio de ancho. En tanto, también se planteó una supuesta “violación al Código Civil”.
La presentación se desarrolló en la sede del Concejo Municipal y junto a la edila estuvieron el letrado Juan Pablo Bonsembiante y Juan Leguizamón, vecino de la construcción de calle Oroño 737. La denuncia pública que se hizo ayer contra la constructora y el municipio tiene su origen en una presentación de quienes habitan en la zona.
Uno de los dos cuestionamientos planteados está vinculado a la seguridad. La particularidad del caso es que el complejo que se está construyendo, que tendrá 32 unidades y tres pisos de altura, se erige en el interior de la manzana y la única vía de entrada y salida para sus futuros ocupantes es un pasillo que no llega a un metro y medio de ancho. En algunos casos, dijo Gigliani, esos residentes tendrán que entrar o salir del edificio por un estrecho recorrido de hasta 80 metros de extensión.
“Ese hecho puede transformarse, en caso de alguna emergencia, en una trampa mortal. Por ejemplo, por allí es imposible el ingreso de bomberos, rescatistas o ambulancias. También la evacuación de los damnificados presentaría serias dificultades”, sostuvo la concejala del Partido Progreso Social.
El otro eje de la denuncia se planteó en torno a una presunta violación del Código Civil. Bonsembiante explicó que el pasillo “estaba preparado para un lote de 200 metros cuadrados” y en una situación de “total irregularidad” se le anexaron otros dos terrenos, uno de los cuales tiene 800 metros de superficie.
“Ese espacio debería tener salida por otro lugar”, señaló el abogado.
Gigliani, por su parte, centró su mirada en el accionar “abusivo” del Departamento Ejecutivo al otorgar el permiso de edificación consintiéndole a la constructora vincular los lotes descriptos. “Lo peor es que ahora, y sucedido esto, el particular está pidiendo la unificación tributaria de los terrenos a los fines del pago de la TGI”, apuntó.
“Si se hubiese actuado como corresponde jamás se les tendría que haber otorgado ese permiso previamente”, abundó la concejala del PPS.
Por todo eso es que Gigliani solicitó que la autorización para edificar que tiene el complejo sea revocada. “Además de los artilugios del privado está claro que acá hubo falta de control o connivencia de algunos funcionarios municipales”, agregó.
Problemas de entrada
El asunto ya había sido abordado en el Concejo tiempo atrás. De hecho, se llegó a aprobar el año pasado un pedido de informes al Ejecutivo sobre la construcción autorizada.
Gigliani recordó ayer que, en rigor, el Ejecutivo intervino al comienzo del conflicto en el lugar con algunas inspecciones, pero que finalmente propuso que los vecinos a la obra resuelvan el asunto en una mediación con la constructora.
“Se tomó esa actitud como si el problema fuera una cuestión entre particulares y no esté en juego el interés colectivo”, bramó la edila.
Lo cierto es que el conflicto también está planteado en la Justicia. De hecho, es una decisión judicial lo que habilita por estas horas a que la construcción siga adelante. Igualmente, según Bonsembiante, desde los Tribunales provinciales aún no se dictaminó sobre el fondo de la cuestión y la firma desarrolladora avanza en la construcción con una autorización provisoria.
La desarrolladora del proyecto es Dahr Construcciones, que tiene sus oficinas en calle Entre Ríos 729.
