Antes de viajar a Nueva Zelanda, el gobernador Antonio Bonfatti firmó el decreto para la incorporación voluntaria de policías retirados. La norma –sancionada dos semanas atrás por la Legislatura– habilita a reincorporarse a la fuerza a los agentes retirados de hasta 58 años que no hayan sido condenados por ningún delito ni se encuentren bajo proceso judicial en el plano provincial y federal.
Se trata de una de las medidas dispuestas por el gobierno para enfrentar las olas delictivas que azotan a Rosario y Santa Fe; la otra se comenzará a visibilizar el año próximo cuando se sumen a las tareas de patrullaje y custodia los cadetes seleccionados de primer año de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Pública. Entre cadetes y reincorporados, el Ministerio de Seguridad pretende sumar 2.200 agentes más a la Policía provincial.
El personal reincorporado ingresará con la jerarquía que tenía al momento del retiro. Esos agentes cobrarán el sueldo correspondiente al de sus colegas en actividad según cada jerarquía, incluyendo los suplementos por “riesgo profesional” y “dedicación especial”. Además, percibirán en forma mensual una compensación monetaria de carácter remunerativo y no bonificable de 3.000 pesos, que quedará sujeta a las variaciones que se dispongan por política salarial.
El gobernador Bonfatti firmó el jueves, antes de iniciar la gira comercial por Nueva Zelanda (ver aparte), el decreto 1650/14 para la incorporación de personal policial retirado. De acuerdo a la norma, se encomienda al Ministerio de Seguridad la inmediata apertura de la convocatoria a incorporación del personal policial en situación de retiro en los términos previstos en la ley sancionada por la Legislatura.
La convocatoria es voluntaria y significa la reincorporación plena a la carrera policial. El personal que reingrese a la fuerza policial dejará de percibir los haberes provenientes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
Los requisitos mínimos para aspirar a la reincorporación son haber pasado a retiro por disposición del Poder Ejecutivo desde el año 2006 a la fecha, ostentar jerarquía perteneciente a los agrupamientos Ejecución o Coordinación, tener a la fecha de solicitud de reincorporación 58 años de edad como máximo y pertenecer al Escalafón General, Subescalafón Seguridad, no haber pasado a retiro en forma obligatoria por cualquiera de las causales previstas en la ley 11.530 –de retiros–, aprobar el examen psicofísico que dispondrá el Instituto de Seguridad Pública y superar las pruebas de actualización en conocimientos y destreza física que se dispongan, entre las cuales se deberá contemplar específicamente la necesaria acreditación de idoneidad en el manejo de armas.
Además, el gobierno dispuso que el personal policial que cumpla 18 meses de servicio efectivo a partir de su reincorporación y supere la evaluación que se efectúe tramitará un ascenso extraordinario a la jerarquía inmediata superior que reconozca “la valiosa actitud de colaboración demostrada por el agente para con el plan de seguridad democrática en marcha”, según sostiene el decreto.
La norma estipula que no podrán ingresar las siguientes personas:
– El condenado por la Justicia nacional o provincial, haya o no cumplido la pena impuesta.
– El procesado ante la Justicia nacional o provincial, hasta que obtenga sobreseimiento definitivo o absolución, con la aclaración de que el proceso no afecta su buen nombre y honor.
– El que registrara condena firme por contravenciones, aún cuando se haya perdonado el cumplimiento de la pena.
En viaje a Nueva Zelanda
El gobernador Antonio Bonfatti viajó ayer en misión comercial a Nueva Zelanda junto a legisladores, funcionarios de la provincia y del Inta, representantes de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe y 45 empresarios santafesinos que fueron invitados por el gobierno neocelandés. Nueva Zelanda produce y comercializa el 35 por ciento de la leche a nivel mundial, lo que abre buenas perspectivas de intercambio comercial y tecnológico para la provincia.
Acceso a la justicia de sectores vulnerables
El gobernador Antonio Bonfatti abrió ayer en Rosario, junto al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Rafael Gutiérrez, el seminario intensivo sobre la implementación de las Reglas de Brasilia. Estas normas se ocupan del acceso a la Justicia de las personas en situación de vulnerabilidad teniendo en cuenta los nuevos paradigmas del derecho. La actividad se enmarca en la declaración de trabajo conjunto entre los poderes Ejecutivo y Judicial que firmaron Bonfatti y Gutiérrez para el desarrollo de actividades de capacitación referidas a la implementación de la mencionada normativa, en particular, para personas con discapacidad. “Este seminario es muy importante porque aborda la problemática del acceso a la Justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, una cuestión sobre la que debemos preguntarnos en forma permanente. Estos sectores nos han llamado, generalmente, a la reflexión a través de sus luchas, porque siempre son las minorías las que luchan para que sean respetados sus derechos, y nosotros tenemos que plasmarlos en leyes y en su cumplimiento, es decir, en hacer realidad lo que está planteado en la norma”, explicó el mandatario provincial. El seminario está concebido como un curso anual correspondiente a la currícula de formación continua y permanente que ofrece el Centro de Capacitación de la Corte Suprema de Justicia; y que se desarrolla con la participación de magistrados y funcionarios de los Ministerios del Poder Ejecutivo que integran el Gabinete Social y es dirigido a todos los agentes públicos de las áreas sociales del Estado.
