Con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de cuatro casos que afectan a la seguridad de la provincia –el atentado a balazos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, los asesinatos del empresario Luis Medina y del comisario Guillermo Morgans y la búsqueda del prófugo Ramón Ezequiel Machuca (Monchi Cantero)–, los diputados justicialistas Héctor Acuña y Elisa Damiani proponen la creación de un Fondo de Recompensas para aquellas personas que brinden datos útiles para las respectivas investigaciones.
Los diputados provinciales Acuña y Damiani, integrantes del bloque Unidad Peronista, ingresaron un proyecto de ley mediante el cual proponen la constitución de un Fondo de Recompensas en la provincia para contribuir al esclarecimiento de los tres hechos delictivos ocurridos en Rosario y a la búsqueda del Monchi Cantero, sindicado como líder de la banda Los Monos y prófugo en la causa por el asesinato del Fantasma Paz.
De sancionarse la ley, se pagará una compensación a las personas que, sin haber intervenido en la comisión de un delito, brinden datos útiles, testimonios, documentación y todo otro elemento que ayude al esclarecimiento de los hechos y a la detención de las personas buscadas por la Justicia. El proyecto dispone un millón de pesos en recompensa para cada uno de los hechos.
En el texto del proyecto se define a la recompensa como una “retribución de una suma de dinero cierta y determinada por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe” para aquellos ciudadanos que puedan aportar datos para el esclarecimiento de esos cuatro hechos.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales o televisivos por el tiempo que determine la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Seguridad de la provincia. El monto de la recompensa será de un millón de pesos para cada caso y para hacer frente al costo el Ejecutivo podrá reasignar partidas presupuestarias.
El ofrecimiento se mantendrá por 12 meses contados a partir de la fecha de la resolución que establezca la creación del fondo, pero la medida puede ser prorrogada sin limitación o restablecerse según lo considere el Ministerio de Seguridad.
“En caso de proceder el pago de la recompensa”, indica el proyecto, “el mismo deberá realizarse mediante acta notarial confeccionada por la Escribanía General del gobierno de la provincia. El pago de la recompensa procederá cuando la información suministrada fuera determinante para ubicar el paradero de la persona buscada y la ejecución de su captura.
En caso de establecerse el fondo, el Ministerio de Seguridad podrá solicitar informes al Ministerio Público de la Acusación sobre la relevancia de la información aportada por el declarante en cuanto al esclarecimiento del hecho y a la posterior condena penal de los responsables. En el caso de que la información fuera suministrada por más de una persona, se deberá considerar sólo aquella que la haya suministrado primero.
La identidad de la persona que suministre información será mantenida en secreto, aún para los agentes que intervengan en la ejecución de la captura. Por su propia seguridad, se asegurará la reserva de la identidad del testigo, incluso en el instrumento público de la Escribanía General de la provincia.
Diputado del FPV propuso otorgar pensiones a familiares de víctimas de hechos de inseguridad
El diputado provincial del bloque Encuentro Santafesino (FPV) Jorge Abello presentó un proyecto de ley en la Legislatura para que se otorgue una pensión a los familiares de víctimas de hechos de inseguridad. La iniciativa contempla una pensión no contributiva, llamada “Pensión a derechohabientes de la inseguridad”, con carácter vitalicio, equivalente al beneficio jubilatorio mínimo garantizado vigente en la provincia para “todo aquel que sufriere pérdidas irreparables de vida familiar a causa comprobable de inseguridad vía legal correspondiente por la Justicia en su última instancia con sentencia y/o fallo firme”.
Entre sus fundamentos, Abello sostuvo que “la provincia es la responsable de velar por la seguridad de todos y es correcto afrontar y hacerse cargo ante las falencias y la ausencia de la misma”. Y además agregó: “Los municipios y las comunas son quienes terminan haciéndose cargo de las víctimas, ayudando a sus familiares cuando la responsabilidad es de la provincia, desde la contención, tratamiento, seguimiento de las causas y aceleramiento de las mismas”.
El proyecto establece que pueden acceder al beneficio los hijos o hijas menores de 21 años (o discapacitados sin límite de edad) de la persona fallecida, los padres, las parejas (legales o de hecho) y los hermanos menores de edad o incapacitados para el trabajo y que no desempeñen ninguna actividad lucrativa.
El beneficio es compatible con cualquier otro, de similar naturaleza, que pudieran otorgar otros organismos de jurisdicción nacional o municipal. También será compatible con otros ingresos provenientes de cualquier actividad remunerada, en relación de dependencia o autónoma. También se propone que los beneficiarios tengan cobertura del Iapos.
La pensión estará sujeta a los aportes personales y patronales según la legislación vigente en la materia. Corresponderá a la Caja de Pensiones Sociales de la Ley 5110 la recepción, tramitación y otorgamiento de los beneficios. En caso de sancionarse, se establece un plazo máximo de 360 días para acogerse a los beneficios de la ley.
Entre otros argumentos, el diputado Abello señaló: “Si bien esta pensión a derechohabientes de la inseguridad no servirá para acallar el dolor y las pérdidas irreparables de las víctimas de la inseguridad, con consecuencias terribles en sus vidas, perdiendo a sus seres queridos, en el entendimiento del espíritu de la ley, la provincia es la responsable de velar por la seguridad de todos y, por lo tanto, debe afrontar y hacerse cargo de la situación”.
Abello añadió: “No podemos olvidar la tristeza de los familiares de las víctimas de la inseguridad que se manifestaron en la explanada de la Legislatura el pasado 1º de mayo, cuando se procedió a la apertura del período ordinario de sesiones, para pedir por seguridad, justicia y, sobre todo, por un Estado provincial presente y al lado de los santafesinos”.
