El fiscal federal, Adrián García Lois, pidió la elevación a juicio la causa que surgió tras el operativo conocido como Luis XV, cuyos detenidos están acusados de integrar una banda que operaba en el país y tenía contacto con carteles colombianos. El destino de la droga era Estados Unidos y Europa. En los procedimientos, fueron secuestrados más de 700 kilos de cocaína cuyo valor en el mercado rondaría los 40 millones de euros.
García Lois, mientras subrogaba la Fiscalía N° 2 de Lomas de Zamora, requirió la elevación a juicio de la causa en la que se investiga una banda internacional dedicada al narcotráfico y el lavado de activos.
Se trata de la causa conocida como el “Operativo Luis XV”, mediante la cual se logró dar con un “un grupo organizado de personas, algunos de cuyos miembros, integrantes de la organización, tienen su vinculación con carteles colombianos que vinieron a instalarse en la República Argentina, muchos con sus orígenes en el cartel de Cali, con personas reclamadas y extraditadas a los Estados Unidos”. El procedimiento que le dio nombre a la causa se llevó a cabo el 6 de abril de 2012, cuando tras varios procedimientos se secuestraron 280 kilos de cocaína escondidos dentro de muebles antiguos en un galpón del partido bonaerense de Lanús.
En el requerimiento, el fiscal distinguió tres grandes grupos en los que se dividía la organización de la red criminal. Los dos primeros se dedicaban a todo lo vinculado con el narcotráfico. En concreto, había un primer equipo dedicado al financiamiento de la actividad, por el cual resultaron imputados Gustavo Adolfo Mejía Medina, María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez, Héctor Julio Giménez Hurtado, Adrián Bruno Ramírez, Alejandro Carlos Elvira, Diego Fernando Herrera Restrepo, Juan Carlos López Cortes y Fernando Manuel Machado Lousao.
El segundo grupo se concentraba en todo lo vinculado con el almacenamiento de la droga. En este punto, los imputados son Gustavo Adolfo Varela Marmolejo, Rubén Mauricio Urrego Moscoso, Jaime Eduardo García Rivera, Diego Fernando García Rivera, Hernán Darío García Pérez, Diego Piedrahita Morales, Nelson De Jesús Orozco Cañas, Carlos Andrés Pérez Carrillo, Jorge Enrique Peralta Porto, María Fernanda Hernández Zuluaga, Mónica Jimena García Rivera y Cristian Jorge Russo, describió García Lois.
Además, la red contaba con un tercer grupo de personas que se dedicaban al blanqueo de activos que obtenían mediante el narcotráfico. Los imputados son María Francisca García Fernández, Javier Hernán Kusnier García, Freddy Alonso Morales Garzón, Mónica Aponte Gallo, Ruth Martínez Rodríguez, Ramiro González Warcalde (sobrino del ex procurador General subrogante de la Nación) y su esposa María Sol Barrera, Juan Carlos Bustamante, Marcela Pol, Elsa Alejandra Vázquez, Stella Maris Vieyra y Claudia Sandra Minervini.
De todos los acusados que están domiciliados en Argentina, media docena tienen sus domicilios en la localidad bonaerense de Tigre. Estas personas son: María Claudia de la Misericordia Gómez Martínez, Diego Fernando Herrera Restrepo, Ruth Martínez Rodríguez, Ramiro González Warcalde y su esposa María Sol Barrera, y Ariel Gustavo González.
Los comienzos de la investigación y las conexiones
Esta “megacausa” que desbarató a una red de narcotráfico y lavado de activos de escala internacional tuvo origen en varias investigaciones independientes que se acumularon a medida que los operadores notaban los vínculos entre ellas. García Lois explicó que todo comenzó el 30 de octubre de 2007, cuando una denuncia anónima puso en conocimiento que un tal Jaime García (luego identificado como Jaime Eduardo García Rivera), de nacionalidad colombiana y que vivía en Lanús, junto a su esposa María Fernanda Hernández, también imputada, se dedicaban “a efectuar envíos de estupefacientes a Estados Unidos”. La denuncia también señalaba que García Rivero era el dueño de un galpón ubicado en Lanús, en el que supuestamente se almacenaba la cocaína.
Por otra parte, el 1° de diciembre de 2009, a partir de información remitida por la DEA de Estados Unidos, se pudo saber de la existencia de una organización relacionada con actividades de narcotráfico, compuesta por personas de origen colombiano, que se habían instalado en una estancia cercana al kilómetro 55 de la ruta 210, próxima con el cruce de la Ruta 6.Esto llevó a que luego, ya con la causa judicial en marcha, se pudiera se tomar conocimiento de que se trataba de la familia de Ignacio Álvarez Meyendorff, los cuales “integraban numerosos grupos de empresas –junto a otras personas–, habiéndose generado de esa manera una investigación en torno al delito de lavado de dinero”, indicaron los voceros relacionados al caso.
A su vez, el tercer expediente se inició en agosto de 2009 a raíz de la información recibida por la Dirección de Inteligencia Criminal de Gendarmería Nacional, que había sido enviada por la Oficina de Enlace de Gendarmería Nacional, ante la Policía Nacional de Colombia con base en la Embajada Argentina en ese país.
Esto sirvió para que, en lo sustancial, se supiera “que en la República Argentina estarían operando miembros de una organización de narcoterroristas a nivel internacional, cuyo cabecilla sería Daniel Barrera Barrera, alías “El Loco”, de nacionalidad colombiana, quien tendría diferentes parejas con las que tuvo hijos, algunas de ellas residiendo en nuestro país.
Estas mujeres recibían importantes sumas de dinero provenientes del narcotráfico para subsistencia y compra de propiedades”, detalló García Lois.
El 17 de junio de 2011, se realizó el procedimiento “Velero Traful” en donde en el interior de la embarcación de bandera estadounidense se hallaron “408 envoltorios rectangulares, de diversos colores, contenidos en bolsas de plástico envasadas al vacío, los cuales arrojaron un peso de poco más de 444 kilos de clorhidrato de cocaína”.
El hallazgo permitió develar “una amplia empresa ilícita vinculada al tráfico y/o contrabando de estupefacientes” conformada por varias de las personas que ya estaban siendo investigadas en las tres causas mencionadas.
A su vez, esta causa se relacionó con la del 3 de febrero de 2008 que investigaba a Jaime García. “En virtud de un llamado anónimo que recibió el personal de la Delegación de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Pilar de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, destacó el fiscal en el requerimiento.
Ese llamado indicaba que García Rivera “traficaría estupefacientes hacia Europa” y que “se encontraba próximo a enviar un cargamento de cocaína a ese continente”.
En tanto, el 7 de abril de 2009 en virtud de una denuncia formulada por el Fiscal General Raúl Omar Pleé, se dio cuenta que las autoridades del Banco Santander Río S.A. ya habían emitido el 21 de septiembre de 2006 un reporte de operación sospechosa que quedó registrado en la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los investigadores detallaron en dicha oportunidad que existía una cuenta perteneciente a Ignacio Álvarez Meyendorff, donde se había realizado un depósito en efectivo por la suma de 700 mil dólares.
En el mismo mes los pesquisas reportaron una transacción por la suma de 658 mil pesos en efectivo en la cuenta corriente en pesos perteneciente a Meyendorff y Cattle Argentina S.A. De acuerdo con la investigación, el dinero era proveniente de los fondos desafectados de un plazo fijo en garantía de la firma Fara S.A., la cual los usó para constituirse en un presunto crédito de está a favor de la primera.
De esta manera, a partir de las inconsistencias entre la documentación aportada por Meyendorff para “justificar el incremento de su patrimonio como así también el perfil tributario y patrimonial declarado ante la AFIP, se emprendió la realización de diversas medidas tendientes a recolectar información referente a las operaciones sospechosas”.
Este seguimiento permitió que se pudiera constatar la vinculación de Meyendorff como accionista principal o titular de varias firmas y sociedades, así como también las personas físicas involucradas en las mismas, todas dedicadas al lavado de activos de las operaciones de narcotráfico que realizaba la banda.
De toda la banda, Meyendorff es el único que por ahora no fue imputado por el fiscal de la Jsuticia Federal debido a que se encuentra siendo juzgado en los Estados Unidos por estos delitos.
