Vehículos de todo tipo, armas, municiones, chalecos antibalas, elementos antitumulto, equipamiento para bomberos, construcciones civiles para dependencias de seguridad, centros alternativos de denuncias y subsidios para que los municipios monten sus propios sistemas de videovigilancia. Para eso usó el dinero del fondo de emergencia el gobierno provincial desde diciembre de 2012 a junio pasado, cuando se cumplió el período de emergencia establecido por ley.
Ahora que el Poder Ejecutivo prorrogó por otros 18 meses la emergencia, El Ciudadano pidió información y analizó las 153 operaciones por más de 220 millones de pesos hechas bajo el paraguas de la ley 13297 para conocer el cuánto y el cómo de los recursos que puso a su disposición la Legislatura.
El origen de los recursos
El Fondo para la Asistencia a la Seguridad Pública y Asistencia Ciudadana se conforma con el 10 por ciento de la recaudación anual de la provincia en concepto de impuesto de Sellos. En 2013 sumó unos 120 millones y el proyectado para 2014 alcanza 150 millones. Cabe recordar que además el Ministerio de Seguridad de la provincia cuenta con su propio presupuesto, que en 2014 es el más alto de la historia, tanto en la cifra nominal como en términos porcentuales, alcanzando el 11% del total de los recursos de la provincia.
Las inversiones fueron a parar a la Policía, a la Secretaría de Delitos Complejos, a los flamantes Centros Territoriales de Denuncia (atendidos por personal civil son una alternativa a las comisarías), la Agencia de Seguridad Vial, Bomberos Zapadores, Policía de Investigaciones, Policía de Proximidad, Servicio Penitenciario y Dirección General de Prevención y Control de Adicciones.
Los detalles
Si se analiza operación por operación, destacan los 25 millones de pesos (segunda cifra en importancia) destinados a la segunda etapa de obras civiles necesarias para concretar el traspaso de la actual Alcaidía de la Unidad Regional II de Rosario al Servicio Penitenciario.
La compra más grande pagada orilló los 30 millones de pesos. Fue por 200 automóviles cero kilómetro para patrullaje policial. Esa cifra es parte del rubro rodados, que como se dijo más arriba, por lejos es en el que más se invirtió: 98.198.000 pesos en 558 vehículos (70 motos, 29 minibuses, 111 camionetas o pickup, 346 autos, 2 utilitarios y 2 carros hidrantes).
El equipamiento de elementos antitumulto sumó 2,1 millones: escudos, cascos, protección y bastones. Se adquirieron 2.400 chalecos antibala por 8,9 millones; 500 mil cartuchos 9 mm por 1,6 millones; 100 mil cartuchos 12/70 posta de goma por 1 millón y mil cartuchos calibre 7.62 por 7.260 pesos. A los Bomberos Zapadores les proveyeron trajes, botas, cascos, capuchas, guantes, overoles, borceguíes en la cantidad de 250 por cada elemento por los que se pagó 6 millones de pesos, a lo que se sumaron 100 equipos de respiración autónoma por 2,5 millones. También hubo aportes para cuerpos de Bomberos de distintas localidades de la provincia.
Desde abril de este año aparecieron partidas que en total suman 8.997.000 destinadas a pagar facturas de un supermercado mayorista de Rosario que proveyó lo necesario para solventar la presencia de fuerzas federales en la ciudad.
También se usó el Fondo de Emergencia para equipar los flamantes Centros Territoriales de Denuncias (CTD). Desde impresoras térmicas, routers, teléfonos de mesa y mobiliario, hasta la ropa de trabajo del personal (321 mil pesos).
Otra área en formación, la Policía de Investigación, también recibió recursos del fondo de emergencia por 172 mil pesos en cámaras fotográficas réflex, cámaras digitales, prismáticos digitales con y sin grabación. Además, 7 millones para montar el laboratorio criminalístico (área pericial y sala de efectos y laboratorio químico forense).
Una cifra superior a 1,8 millón se pagó por 800 equipos de comunicación VHF.
Se utilizaron fondos para las obras civiles que demandó montar las salas de videovigilancia y monitoreo del Ministerio de Seguridad en Santa Fe y Rosario; para adecuar las instalaciones de los CTD, destacamentos policiales en intersecciones de rutas y módulos habitacionales para el personal de la Policía Comunitaria; reparación de instalaciones del Instituto de Seguridad Pública por más de 7 millones.
El Instituto de Seguridad Pública renovó mobiliarios para los cadetes por 1,3 millón: desde cuchetas hasta armarios. También se costearon los casi 100 mil pesos que costaron los cursos de capacitación de personal policial en el FBI.
Unos 33 millones fueron a parar a manos de intendentes y presidentes comunales para la adquisición de sistemas de videovigilancia en la vía pública en el marco del Proyecto de Apoyo Tecnológico y Financiero a Proyectos de Videovigilancia en Ciudades y Comunas de la provincia. Entre otras recibieron aportes Rafaela, Venado Tuerto, Rosario, Reconquista y Santa Fe.
Gestión directa
De los 220 millones utilizados durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley de emergencia 99 millones ya fueron devengados y otros 121 millones se contabilizan como “total preventivo”, es decir que el trámite de adquisición o contratación está en proceso y la partida de dinero comprometida.
Gustavo Asegurado, responsable del manejo de los recursos del Ministerio de Seguridad, indicó que de los mecanismos contemplados en la ley de emergencia, se utilizó en la casi totalidad de los casos el de gestión directa por encima del de contratación directa.
El primero abrevia tiempos y procedimientos a la vez que abre el juego a todos los oferentes posibles sin necesidad de que estén inscriptos como proveedores, los pliegos no tienen costo y son públicos a través de la web de la provincia para que cualquiera pueda verlos. “Es la forma más abierta, más que la licitación convencional”, sostiene Asegurado.
El mecanismo de contratación directa, en cambio, permite comprar con nombre y apellido.
Lo que se hizo y lo que falta
El aspecto más difícil de mensurar de la ley de emergencia en seguridad, y que es donde entran a tallar distintas opiniones, es el de los resultados en términos cualitativos. Esto implica desde objetivos que se propusieron en la ley de emergencia que no se resuelven confeccionando un expediente de compra o contratación, hasta el seguimiento de las estadísticas de delitos cometidos.
Este diario le preguntó al ministro de Seguridad Raúl Lamberto, punto por punto, sobre los objetivos establecidos en la ley y su nivel de concreción.
1- ¿En qué etapa está el traspaso a la órbita del Ministerio de Seguridad de las áreas de Personal, Logística y Gestión de Sumarios Administrativos de la Policía?
“Es un proceso que lleva tiempo concretar. Hemos creado las áreas en el Ministerio y tenemos que ir generando las estructuras necesarias. Hoy tenemos control político y administrativo, con personal político propio, en esas áreas (de la Policía) aunque todavía no se haya traspasado”.
2-Ampliación de la planta policial en 4 mil efectivos.
“Desde 2013 incorporamos 1.100 agentes usando la ley de emergencia. Son 150 de Los Pumas y 250 de la Agencia de Seguridad Vial; ahora vienen 680 que se graduaron en junio. Las leyes complementarias que se aprobaron nos permiten sumar 900 cadetes en comisión a fin de año que son los que están cursando la carrera. Con todo esto estaríamos cumpliendo en casi 60% los objetivos propuestos”.
3- Adquisición de tecnología para ubicación satelital de móviles.
“No tengo números precisos en este momento, pero en Rosario tienen GPS unos 400 móviles y son alrededor de 600 en toda la provincia. En cuanto a tecnología en los próximos días sale a través del Ministerio de Gobierno la licitación de un sistema de comunicación digital para reemplazar el de frecuencia modulada que hace muy vulnerables nuestras comunicaciones”.
4-Construcción de dos complejos penitenciarios para quienes hoy están detenidos en comisarías.
“En octubre se terminan las obras y se hará el traspaso de la Alcaidía de la URII al Servicio Penitenciario. Además está en construcción el minipenal en el límite entre Pérez y Rosario, a entregarse en el segundo semestre de 2015. Está saliendo la licitación de dos nuevos pabellones en la cárcel de Piñero. Y en etapa de proyecto un pabellón más para las cárceles de Las Flores y Santa Felicia”.
5-Eliminación de trámites no penales de las dependencias policiales para liberar al personal de esas tareas.
“Eso está concretado. Firmamos cientos de convenios con municipios y comunas que se hicieron cargo de trámites como vecindad, extravíos y supervivencia”.
6-Convocatoria a personal policial en situación de retiro para que se reincorpore.
“Está abierta. Ahora sale una carta firmada por el ministro a cada agente retirado explicándole en detalle la propuesta” .
7- Este diario le preguntó también a Lamberto sobre la relación entre la declaración de emergencia y las estadísticas criminales, que en términos cuantitativos no muestra ninguna reducción.
“La ley de emergencia es un instrumento muy útil para definir una política de seguridad democrática. Sin la emergencia no hubiera sido posible, por ejemplo, avanzar con la Policía de Investigación, meter manos en partes operativas de la fuerza, la Policía Comunitaria, los concursos por ascensos cuyo proceso ya se inició, o disponer jefes policiales por ciudades. El objetivo es bajar cuantitativamente el número de homicidios. Hoy lo que se nota –y en esto la coordinación de fuerzas federales y provincia tiene que ver–, es una disminución de asesinatos por causas vinculadas estrictamente a lo que se denomina inseguridad, disputas de territorios o enfrentamientos barriales como ocurría. Si bien la estadística de muertes no se redujo, ahora se da una preeminencia de homicidios dolosos a causa de conflictos interpersonales”.
