La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, entregó hoy a Abuelas de Plaza de Mayo documentación con información hasta ahora desconocida sobre 196 adopciones realizadas durante la dictadura militar, hallada en subsuelos de dependencias de esa cartera.
Se trata de 196 legajos de un total de 82 mil, que abarcan el período 1973-1985, encontrados en unas 60 dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y que ya fueron remitidos a la justicia, en el marco de las investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
Del acto que encabezó la ministra participaron la titular de Abuelas, Estela de Carlotto; el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona y el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner.
Además, fueron refrendadas las actas-acuerdo entre la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, la Procuración del Tesoro de la Nación y la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, en relación a información sobre crímenes de la dictadura militar.
De esta forma, cada uno de los organismos podrá acceder a la documentación relevada y resguardada en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que contienen información sobre niños institucionalizados en la provincia de Buenos Aires durante el período 1973-1985.
El ministerio a cargo de Alicia Kirchner realizó un relevamiento de esos legajos, que contienen datos clave de 196 niños que fueron adoptados durante la última dictadura.
En 2011, la cartera social conformó un equipo de investigación, encargado de relevar los depósitos o archivos de documentación en dependencias que están en proceso de remodelación.
Durante el acto, la ministra resaltó que el hallazgo de la documentación permite «unir historias y seguir abriendo caminos que todavía se están desentrañando».
«Esta es una política que debe profundizarse permanentemente; es abrir las puertas hacia la verdad», reflexionó Alicia Kirchner, quien reivindicó el logro de la gestión kirchnerista de haber puesto fin en el 2005 a la vieja ley de Patronato de la infancia.
Ese año el Parlamento sancionó el régimen de protección integral de los derechos de niños y adolescentes y derogó así la ley de Patronato, vigente en el país desde 1919, que permitía a los jueces decidir de manera discrecional sobre el futuro de menores en situación de abandono y de pobreza.
La norma actual considera al niño «sujeto de derechos» y prohíbe que «por razones de pobreza, maltrato o conflicto con la ley penal» que un menor de edad sea enviado a un instituto por decisión de un magistrado.
Por su parte, Estela de Carlotto consideró que la nueva información permitirá «llevar luz sobre los que buscan y no encuentran» y reivindicar los derechos de aquellos niños que fueron «despojados y utilizados como botín de guerra».
