La Cámara de Casación Penal de la Nación hizo lugar a un recurso planteado por el entonces fiscal federal Juan Murray sobre un diferendo con la Justicia provincial sobre la competencia por un ataque perpetrado a principios de 2013, en el que tres militantes barriales de Nuevo Alberdi fueron baleados en medio de una disputa territorial entre bandas narco. Ese hecho, que ocurrió dos días después del resonante crimen de otra militante en barrio Ludueña, Mercedes Delgado, ligado a peleas por la venta de estupefacientes, desnudó los vínculos entre violencia y narcotráfico y causó roces judiciales entre provincia y Nación respecto de quién debía llevar las investigaciones. El fallo conocido ayer le otorgó competencia al fuero federal tras argumentar que si bien los delitos de tentativa de homicidio y lesiones son ordinarios, fueron cometidos para ocultar o procurar impunidad en infracciones federales. Además, resaltó que las víctimas son militantes de un movimiento político, denunciantes y testigos protegidos en una pesquisa del gran comercio de drogas.
La resolución dictada por la sala III de la Cámara de Casación Penal de la Nación, con la firma de los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa, revocó el pronunciamiento que había dictado la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario sobre el planteo formulado por los fiscales Juan Murray y Federico Reynares Solari.
“Este fallo representa una reivindicación de lo sostenido por Murray en esta causa y en la «causa Vienna», que le valiera una campaña de desprestigio (a él y al defensor provincial Gabriel Ganón), sostenida en la pública por funcionarios del gobierno provincial y por comunicadores adictos al mismo, y en las sombras por la División Judiciales de la Policía santafesina, pandilla delictiva responsable de pintadas agraviantes contra los citados”, dijo ayer tras conocerse la resolución el diputado del Frente para la Victoria Eduardo Toniolli.
El legislador agregó que la resolución “también es una reivindicación de la decisión que tomó entonces el Movimiento Evita y los compañeros víctimas del ataque (movidos, como dice el fallo, por la razón y el sentido común): la de denunciar estos hechos directamente en la Justicia federal, y ante un fiscal probo, siendo atacados por ello por voceros del oficialismo provincial, que nos acusaron de querer «obstaculizar la investigación en marcha en la Justicia provincial».
En la misma línea el criminólogo Enrique Font expresó que “esta resolución de Casación viene a confirmar esa posición jurídica judicial respecto de quién es competente. Que no es menor porque se dio en un contexto muy serio de la provincia, donde hubo una aventura político-judicial, impulsada por el Poder Ejecutivo de la provincia, con (el ministro de Seguridad Raúl) Lamberto a la cabeza, articulada con funcionarios judiciales: el juez (Juan Carlos Vienna) Vienna y el fiscal de Cámaras (Guillermo) Camporini. Que llevados todos de las narices por la entonces División Judiciales, hoy desbandada el día que se dio la intervención federal (el pasado 9 de abril), realizaron una aventura que fue empezar a desfederalizar de facto. O sea, abordar desde la Justicia provincia, con la Policía provincial, allanando bajo argumento de que se investigaban otros delitos, lugares donde era evidente que había venta de drogas y que además estaban siendo investigados por la Justicia federal. Fue el temor de que las investigaciones federales empezaran a mostrar lo que seguimos viendo después, que era la participación de funcionarios de la Policía provincial en todos los negocios de drogas”, dijo en declaraciones a LT8.
Argumentos
El tribunal de Casación Penal hizo lugar al requerimiento del Ministerio Público federal que se fundó “en la íntima vinculación existente entre los hechos en los que se investiga la comercialización de estupefacientes y las tentativas de homicidio sufridas por los testigos en esas mismas causas que la fiscalía con acierto requirió que se radiquen en el fuero federal. Petición no sólo basada en cuestiones de mejor administración de justicia sino porque la motivación de esos hechos de violencia, susceptibles de ser entendidos a priori como de competencia ordinaria, no lo fueron por motivos particulares sino para obstruir la encuesta llevada a cabo por el narcotráfico”, reza el fallo.
En ese sentido, aprobó la impugnación contra el fallo de la Cámara Federal de Rosario que plantaba que los magistrados “no discutieron que los delitos de lesiones, tentativa de homicidio y amenazas coactivas investigados por la Justicia provincial fueron consecuencia de la lucha entre bandas de narcotraficantes por la hegemonía territorial y comercial de la droga en sectores de la ciudad de Rosario” y que “tampoco han controvertido la existencia de causas conexas con la pesquisa de sede local, en trámite ante la Justicia federal, vinculadas con esas mismas organizaciones de narcotráfico que operan en los barrios Nuevo Alberdi y Municipal conocidas como “los Romero” y “los Cantero””.
La balacera
El crimen de Mercedes Delgado conmocionó a la ciudad. Ocurrió el 8 de enero de 2013 cuando la mujer, voluntaria de un comedor de barrio Ludueña, quiso resguardar a sus hijos de un tiroteo entre bandas narco y resultó herida de muerte. Dos días después, en Nuevo Alberdi, otra balacera por disputas territoriales en la venta de drogas causó tres heridos que militaban en el Movimiento Evita en la esquina de Somoza y Luzuriaga.
Las víctimas, Ariel y Carlos Ferreyra, dos hermanos que entonces tenían 19 y 21 años, y Carlos Arregui, un albañil de 27, vincularon el ataque con las bandas narco del barrio y, dos días después, el padre de los jóvenes debió abandonar el barrio donde había pasado toda su vida tras sufrir amenazas de muerte por parte de los acusados por el ataque, sindicados de regentear un búnker de drogas que contaba con protección de la subcomisaría 2ª. En ese marco, la familia ingresó al Programa Nacional de Protección de Testigos que brindó 14 identidades nuevas fuera de Rosario.
El 17 de febrero de 2013 fueron apresados en la ciudad de Victoria Gastón y Hernán Romero, dos hermanos acusados por la Justicia provincial de perpetrar la balacera, que luego resultaron desvinculados. Su detención motivó una fuerte acusación en boca del fiscal provincial Carlos Covani, quien recriminó a la Justicia federal la falta de colaboración en la causa al impedir que las víctimas del tiroteo prestaran declaración.
