Para cumplir con el mandato del Poder Ejecutivo, el Frente para la Victoria se encaminaba, al cierre de esta edición, a convertir en ley en la madrugada de hoy el proyecto de Pago Soberano, que plantea reabrir el canje, cambiar la sede de pago a bonistas y crear una comisión investigadora de la deuda pública.
La sesión especial de Diputados impulsada por el oficialismo comenzó pasado el mediodía de ayer y el horario de votación se estimaba entre las 4 y las 6 de hoy, debido a la larga lista de oradores anotados para exponer, que trepó a 115.
Con superioridad numérica, el Frente para la Victoria se mantenía confiado en convertir en ley el proyecto que la presidenta Cristina Kirchner envió al Congreso a fines de agosto pasado.
Para ese trámite, sólo contó con el respaldo de aliados como el Movimiento Popular Neuquino, Nuevo Encuentro y el Frente Cívico por Santiago, mientras que votaban en contra la UCR, el Frente Renovador, el PRO y el socialismo. En tanto, se abstuvieron el GEN, Proyecto Sur, Suma + Unen, Libres del Sur y la Coalición Cívica.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti, resaltó que el objetivo de la norma es “demostrar voluntad y capacidad de pago” del país. Pidió el respaldo opositor, al afirmar que es “necesario que haya un voto masivo” para “defender la autonomía del Estado para este gobierno y los que vengan”.
Luego, expusieron sus propuestas alternativas la UCR, el PRO, el Frente Renovador, el GEN, Suma + Unen y Unidad Popular.
En ese marco, el radical Enrique Vaquié evaluó que no se necesita cambiar la sede para cumplir con los compromisos externos y aseguró que el obstáculo que impuso el juez de Nueva York, Thomas Griesa, debería resolverse con “los instrumentos” del contrato con el Banco de Nueva York (Bony).
El mendocino explicó que la base del rechazo al proyecto es la facultad de contratar como agente fiduciario a Nación Fideicomiso, ya que está previsto que el agente tiene que estar instalado “en Manhattan o en Columbia y tiene que tener un capital mínimo de 50 millones de dólares”.
“El problema es que el contrato con el fideicomiso forma parte del contrato con los bonistas y si incumplimos el contrato con el fideicomiso también lo hacemos con los bonistas”, subrayó el radical.
Por el massismo, el bonaerense Felipe Solá insistió con el proyecto del FR, que –a su entender– brindaría “soluciones concretas y viables” para los bonistas reestructurados que no pueden cobrar por el bloqueo del juez Griesa, además de “una negociación que incluya a todos los holdouts”.
No obstante, Solá evaluó que el próximo vencimiento del 30 de septiembre no se va poder pagar en fecha ni con el proyecto del gobierno ni con el del Frente Renovador, por falta de tiempo para implementar los cambios administrativos.
Por el PRO, el diputado Pablo Tonelli expresó la posición de su partido y señaló: “Lo que debe hacer la Argentina es acatar y cumplir la sentencia, para lo que debe entablar una dura negociación a los efectos de que la forma de cumplimiento minimice el impacto negativo en las finanzas públicas”.
El diputado de Suma + Unen, Martín Lousteau, evaluó que el proyecto oficial “no resuelve el problema, lo agrava” y consideró que no facilita “que los tenedores de deuda reestructurada puedan cobrar, sino que permite que el funcionario pueda pagar”.
Por su parte, el diputado Claudio Lozano, de Unidad Popular, se mostró en desacuerdo con la estrategia del gobierno, pero afirmó que “hay que tener todas las herramientas para combatir el fallo, que es incumplible, inaceptable e impagable”.
Lozano sí respaldó la creación de la comisión bicameral investigadora de la deuda pública desde la dictadura en adelante. También aprobaron ese punto los legisladores del Frente Renovador y del PRO.
Por el socialismo, el jefe del bloque, Juan Carlos Zabalza, fundamentó el voto negativo y sostuvo que su partido “nunca estuvo a favor de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo en el tema deuda”.
Carrió, por su lado, justificó su abstención: “No quiero votar en contra porque la situación es extremadamente difícil y alguien tiene que preservarse para la Argentina que viene”.
“Griesa no resuelve nada”, se quejó el ministro Kicillof
El ministro de Economía, Axel Kicillof, volvió a cuestionar ayer al juez de Nueva York Thomas Griesa, al denunciar que ese magistrado tiene la “intención de presionar a la Argentina para que les paguemos a los buitres”, en el marco del conflicto con los holdouts.
“Es una situación medio estrambótica la que ocurre con este juez. Viene convocando con mucha asiduidad a audiencias, pero no resuelve nada desde hace tres meses”, se quejó el ministro.
Kicillof dijo que “en junio pasado, cuando salió su sentencia, dijo que la Argentina no podía pagar si no lo hacía también a los buitres. Finalmente, la Argentina pagó y todo ese escándalo de que iba a haber default, aceleración de la deuda, que iban a venir todos los acreedores a buscarnos, no pasó nada”.
El funcionario agregó que “el tema de los fondos buitre es muy complicado. Son acreedores que consiguieron un juez que les acepta todo para tener una ganancia infernal”.
El juez Griesa rechazó pedido de los buitres para que el Citibank entregue información
El juez Thomas Griesa desestimó ayer un pedido del fondo buitre NML Capital para que el Citibank brinde información sobre activos argentinos y respecto de supuestas presiones del gobierno para que el banco efectivice un pago de bonos que vencen el 30 de septiembre.
En una audiencia que duró una hora y en la que participaron los abogados de la Argentina, del Citibank y de los fondos buitre, el magistrado desechó la solicitud formulada por el NML de Paul Singer, al igual que el 21 de agosto último, cuando rechazó el pedido para declarar en desacato al país.
Griesa denegó el pedido porque la Cámara de Apelaciones de Nueva York convocó a una audiencia para el 18 de septiembre con el Citibank y la Argentina para resolver acerca del vencimiento del 30 de septiembre.
Ese día, la Argentina debe hacer frente al pago de un vencimiento de bonos Par por casi 200 millones de dólares y la Cámara deberá decidir si el Citibank está autorizado a efectivizarlo.
“El tribunal no actuará en este momento mientras haya una apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones”, señaló el juez al responder la demanda de NML Capital, presentada por el abogado Kevin Reed.
Dijo que “el tribunal se reserva una decisión acerca de la cuestión de la presentación de evidencia” respecto de las supuestas presiones que tuvo el banco por parte de Argentina para que haga el pago.
Además, por primera vez, Griesa dio a entender que los bonos emitidos bajo legislación argentina no están alcanzados por su sentencia.
Esa decisión fue rechazada por los abogados de los fondos buitre y señalaron que la autorización de pago al Citibank sería la “primera rajadura del dique” del fallo contra la Argentina.
El fondo NML Capital intentó poder conseguir información que demostrara que el gobierno argentino presionó al Citibank Argentina, para poder impedir pagos del próximo vencimiento.
La entidad bancaria había sido autorizada por el juez en Nueva York a pagar “por única vez” bonos argentinos, pero los holdouts apelaron ante la Corte.
En paralelo, el magistrado sigue manteniendo el bloqueo de unos 539 millones de dólares desde el 30 de junio, tras el pago efectuado en tiempo por la Argentina.
