Unas 20 familias del barrio San Francisquito, en el sudoeste de la ciudad, resisten un desalojo impulsado por la empresa Belgrano Cargas. Se instalaron en 2009 tras ser estafadas por una persona que les vendió terrenos ferroviarios y se convirtieron en parte del barrio. Si bien la medida de desalojo debía hacerse efectiva ayer, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Derechos Humanos intercedieron para suspenderla. Desde el Concejo Municipal hubo también iniciativas para declarar de interés el conflicto de los vecinos.
Luego de la última feria judicial, el juez de Circuito de la 3ª Nominación, Alberto Bonino, recibió una medida pedida por los representantes legales de la empresa Belgrano Cargas para sacar a un grupo de 20 familias –unas 90 personas– que desde hace 7 años se asentaron con casas de material, conexión de luz y agua segura, entre otros servicios, en inmediaciones de Gálvez y San Nicolás, cerca del Mercado de Productores.
En parte están sobre terrenos que figuran como propiedad del Belgrano Cargas, que según contaron vecinos, pasa una vez cada tres meses sin alterar demasiado el ritmo del barrio. En 2009 la empresa inició la demanda legal contra los nuevos vecinos pero en ese momento eran sólo 12 las familias.
En diálogo con El Ciudadano, el abogado de las familias e integrante de la ONG Casa de Todos, Salvador Vera, apuntó: “No ejecutaron la medida porque en ese momento también había un conflicto de nuevos vecinos en Ituzaingó 60 bis. Las autoridades provinciales y municipales encararon el proceso de relocalización y se pensaba que iba a ocurrir algo similar con San Francisquito”.
Intermediación
Cinco años más tarde, el barrio, según contó la concejala Fernanda Gigliani, quien también se interesó en el conflicto, “adoptó” a las familias. De hecho, como comentaron las mismas fuentes, los pedidos ante la Justicia para frenar el desalojo incluyen cartas de la iglesia, el centro de salud y la escuela del barrio. Pero lo que en gran medida ayudó a la suspensión del desalojo fue la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno provincial y de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe. Es que del total de habitantes que serían desplazados de sus hogares, unos 20 son niños y 50 son adolescentes.
“En este caso puntual, la Defensoría actuó a partir de la presentación de una solicitud por parte de algunos actores territoriales y para detener la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando el desalojo se hace inminente”, explicó a este diario la directora de repartición, Analía Colombo. Y adelantó que presentará una iniciativa en la Justicia provincial para que destinen subsidios para las personas que deben ser reubicadas.
“Pediremos que se arbitren los mecanismos necesarios tanto del gobierno nacional, como provincial y municipal a los fines de resolver el problema que de por sí es complejo, el de la falta de vivienda de los ciudadanos que se encuentran ocupando tierras fiscales o de particulares. La idea es darles a estas personas más tiempo para ser relocalizadas o bien para gestionar la obtención de algún apoyo o subsidio que les permita reubicarse”, agregó la funcionaria provincial.
En total, sería la tercera propuesta de la Defensoría en la gestión de Colombo. La primera tendiente a crear una agencia de protección para atender a los chicos y chicas víctimas de trata y en situación de esclavitud en los denominados búnkers, y la segunda para adherir a la ley nacional de convivencia escolar.
Por una mesa de diálogo
Sobre el caso de San Francisquito, el abogado de las familias que viven allí, Salvador Vera, advirtió que la medida de desalojo está suspendida hasta el 23 de este mes luego de una audiencia entre las partes.
“Queremos que se genere una mesa de diálogo para resolver el conflicto. Estuvimos dialogando con (María Fernanda) Gigliani por parte del Concejo, con la Defensoría y la Secretaría de Derechos Humanos”, aseguró. Hasta entonces, se realizará un relevamiento pormenorizado de los vecinos de la zona. “Nunca quedó en claro el interés de Belgrano Cargas por el lugar. Hay hasta un consultorio odontológico del municipio en la misma línea de edificación. Hay galpones y empresas que están también sobre esos terrenos. A una cuadra tenés el Mercado de Concentración por donde pasa literalmente el Belgrano Cargas, cuando pasa. ¿Y se le agarran con 20 familias con chicos todo escolarizados?”, señaló el asesor letrado de las familias.
