El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe postergó la lectura de la sentencia del juicio por los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de dos víctimas, durante la dictadura militar, que debía realizarse hoy, debido a la enfermedad de uno de los imputados.
El alto cuerpo judicial, integrado por Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivon Vella, se constituyó esta mañana como estaba establecido para la lectura de la sentencia, pero la defensa del ex militar José María González, presentó un certificado médico y un informe pericial aduciendo que estaba gravemente enfermo e internado y por el momento no puede asistir a la audiencia para hacer uso de hacer uso de su palabra.
De esta forma, la jornada comenzó con la lectura del informe médico sobre González y luego el tribunal preguntó a otro de los imputados, el ex militar Jorge Roberto Diab si quería hacer uso de la palabra, a lo que respondió que no.
Seguidamente, fue el turno del ex comisario Ricardo José Salomón, quien también respondió que no, pero pidió se esclarezca su situación.
La audiencia culminó rápidamente, anunciando el Tribunal se constituirá en el Hospital Central del Ejército en Buenos Aires, para constatar el estado de salud de González, y se fijó fecha de lectura de sentencia para el 1 de octubre.
El abogado José Iparraguirre, del Programa Verdad y Justicia, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, explicó a Télam que «me parece un criterio atendible el del Tribunal de suspender la audiencia y constituirse en Buenos Aires para determinar si González está en condiciones de decir sus últimas palabras, aunque sea negando querer decirlas» y acotó que «si se produce este acto procesal, se estaría en condiciones de dictarse sentencia».
«Si el imputado no puede hacerlo, habría que separarlo del proceso y no se podría llegar a una sentencia de absolución o de condena. Es muy adecuado el criterio de constituirse en el hospital y destrabar esta situación», comentó y aseveró que «la causa no se cae, pensar eso es un error, respecto a los otros enjuiciados la causa continúa y están en condiciones de dictarse sentencia».
En su alegato, el fiscal Martín Suárez Faisal solicitó la pena de 20 años de prisión para los dos ex militares acusados, y de 18 años de cárcel para el ex policía, en tanto los defensores Martín Gesino y Guillermo Morales solicitaron la absolución de los acusados.
González fue Jefe del Comando de Artillería 121, Jefe de Guarnición del Ejército de Santa Fe y Jefe del Área 212 de la Sub Zona 21 del Ejército y goza de prisión domiciliaria por una condena a cadena perpetua por el homicidio doblemente calificado del militante Mario Marini, entre otros graves delitos de lesa humanidad.
Por su parte, Diab fue Jefe de la Primera Sección y posteriormente segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército y también cumple prisión domiciliaria.
Finalmente, Salomón fue oficial auxiliar de la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) entre 1969 y 1983 y está acusado de ser el ejecutor de las torturas sufridas por el ex intendente Campagnolo.
González, Diab y Salomón están acusados de los delitos de «privación ilegítima de la libertad agravada por haberse cometido con violencias y amenazas», además de «tormentos agravados por haberse cometido contra perseguidos políticos».
