Argentina se ha vuelto el país de las conspiraciones que naufragan en la nada, ante una Justicia que nunca termina de dilucidar lo denunciado, y un sector político que se entretiene ante las distintas propuestas emanadas del Ejecutivo. La presidenta esta semana denunció intentos de voltear su gobierno y la posibilidad de sufrir un atentado proveniente del “norte”, días atrás comunicó amenazas provenientes del grupo yihadista Isis por su cercanía con el Papa. Lo grave en este caso es la manifiesta falta de credibilidad que entrañan sus declaraciones, dado que no se observó inquietud ciudadana acorde con aquella confianza del 54 por ciento vertida en 2011. No hubo manifestaciones masivas evidenciando apoyo y preocupación por lo expresado.
En Santa Fe, el gobernador Antonio Bonfatti tuvo una semana con gruesas acusaciones producto de testimonios que involucran a su gobierno con el narcotráfico, y con el ocultamiento sobre robos de bebés. Tampoco en este caso se advirtió movilización alguna en apoyo ante tales cruentas acusaciones. Sí, cabe destacar dos actitudes bien diferenciadas. La intendenta Mónica Fein –también involucrada–, en forma inmediata salió a aclarar su situación desvinculándose de semejantes imputaciones y precisando cuál fue su comportamiento ante el tema Esperanto. Mientras que Bonfatti tardó 72 horas en abordar el tema y respondió aludiendo a conspiraciones y sin aclaraciones.
Lo cierto es que, en el orden nacional, más allá de la conspiración aludida por la presidenta, hoy los argentinos tenemos un nuevo Código Civil y Comercial de dudosa factura. Y una situación social, política y económica de enorme preocupación advertida por todos menos por los responsables de efectuar los cambios pertinentes, es decir: el gobierno. Quien empujó al alejamiento a uno de los pocos funcionarios racionales que acompañaban la gestión de la presidenta: Juan Carlos Fábrega.
En el caso de Santa Fe, lo cierto es que el narcotráfico goza de buena salud, jueces, dirigentes políticos y policías están en la mira de las sospechas y los mellizos Montenegro no aparecen. Días atrás, el doctor Claudio Stampalija, uno de los especialistas más renombrados en el país y en el exterior por su idoneidad en temas de seguridad, abordó el flagelo que hoy padecemos con todas las letras y me dijo que la seguridad está fuera de cauce en Argentina y que se debiese crear rápidamente una ley de prevención del delito. A propósito de lo sucedido en Santa Fe con Liliana Montenegro, me decía que en Argentina la víctima es un paria y que se la equipara al testigo y por lo tanto en un hecho gravísimo, la víctima es un objeto de pruebas pero no un sujeto de derechos. También manifestó que en materia de prevención del delito Argentina es la más atrasada en Latinoamérica. Así como también nuestro continente es el de mayor violencia del mundo, duplicando al africano. Los factores criminológicos son los mismos en todo el mundo: la exclusión social, el desempleo, la deserción escolar, la cultura de la violencia, en especial la intrafamiliar. Tener facilidad de acceso a las drogas, al alcohol, a las armas de fuego. Un hecho no menor es la falta de sentido que hay en la vida de los jóvenes y la enorme e histórica dificultad para reinsertar a los penados en la vida cotidiana. Claudio Stampalija me dijo: “Si empezamos ahora podemos reducir esta violencia casi en un 50 por ciento. ¿Cómo?, reasignando el 10 por ciento del presupuesto que financia el sistema penal constituido por la Justicia, la Policía y la cárcel –esto está científicamente demostrado– al diseño de construcción de programas focalizados, ¡no universales!, de prevención del delito. Y en 5 años se reduce la tasa de delincuencia en un 50 por ciento. Si no creen lo que digo, un ejemplo es Diadema (Brasil): era peor que Ciudad Juárez, pero en cuatro años se bajó el nivel de homicidios –que era de lo más preocupante– en un 70 por ciento. Hoy, en Argentina, de las personas que recuperan su libertad, en 5 años el 50 por ciento regresa al sistema carcelario, y a lo largo de su vida la reincidencia es del 70 por ciento, es decir la solución no pasa por ahí. También debemos señalar que si sólo el 3 por ciento de los hechos denunciados reciben condena, algo está fallando. La cuestión no es poner más policías: Santa Fe tiene 470 policías cada 100 mil habitantes; Naciones Unidas marca como ideal 280, Europa tiene un promedio de 330. Córdoba capital tiene 630, Capital Federal tiene 500 y no han resuelto el tema del delito que está subiendo a un ritmo del 6 al 7 por ciento anual. Un tema que a mí me desvela es el femicidio, que se duplica llegando al 15 por ciento anual”.
Esta larga entrevista culminó con una exhortación de su parte diciendo: “Los dirigentes políticos tienen que perderle el miedo a la gente y sacarse de la cabeza que si le dan participación le respirarán en la nuca. Si no hay participación comunitaria, si no hay una usina estatal capaz de escuchar y ejecutar las necesidades de la gente, estamos liquidados en materia de seguridad”.
