Investigadores de la cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) hicieron público el análisis que realizaron sobre la situación de dos barrios rosarinos durante los primeros seis meses de trabajo de las fuerzas de seguridad federales, tras el desembarco de Gendarmería Nacional el pasado 9 de abril. Allí, plantean los diferentes matices que se vivieron en los territorios periféricos de la ciudad: la relación entre los uniformados y los vecinos, la reestructuración de la venta de drogas y el trabajo realizado por las instituciones estatales luego de la ocupación del territorio.
El miércoles 9 de abril se produjo una masiva llegada de fuerzas de seguridad federales a la ciudad. La situación de violencia había llegado a un límite extremo y desde el gobierno nacional, en acuerdo con la provincia, se organizó un golpe simultáneo a 89 puntos de expendio de drogas locales, buscando dar un shock operativo a las estructuras del crimen organizado. A su vez se planeó que los uniformados de Gendarmería, con ayuda de Prefectura y Policía Federal, ocuparan los que llamaron “barrios calientes” para reordenar territorios que consideraban no abordables.
La militarización de los barrios pobres de la ciudad planteaba modificar la vida en esos lugares. Enrique Font, Eugenia Cozzi, Marcelo Marasca y María Eugenia Mistura, integrantes de la cátedra de Criminología de la facultad de Derecho de la UNR, se plantearon realizar un trabajo de campo para registrar los resultados parciales, centrando el relevamiento en tres ejes.
Por un lado buscaron analizar la relación entre los jóvenes de las barriadas y los uniformados de Gendarmería. De acuerdo con el estudio, durante las primeras semanas del desembarco los pibes resaltaron a sus entrevistadores lo correcto del trato de los recién llegados, quienes los trataban de usted y les pedían sus identificaciones sin insultarlos, ni agredirlos físicamente. Era marcada la imagen positiva de los uniformados de las fuerzas federales en contraste con los policías de la Unidad Regional II, quienes están ligados en el imaginario popular con hechos de corrupción y abuso de poder, describe el informe. A su vez, bajó en forma drástica el número de delitos y las corridas de las motocicletas, vistas como un sinónimo de posibles problemas. Dejaron de escucharse tiros a toda hora y la gente pudo salir a la calle sin inconvenientes, según relevaron los investigadores.
Pero el idilio duró unas pocas semanas. Luego de este período los jóvenes y adolescentes consultados comenzaron a denunciar abusos y persecuciones. Eran demorados hasta cinco veces por día y, en algunos casos, obligados a realizar tareas humillantes, describieron. Entre lo expuesto, los investigadores resaltaron dos casos de violencia de los uniformados con jóvenes discapacitados, a quienes maltrataban intimándolos a hacer acciones que les eran imposibles.
Otro de los ejes de estudio fue el impacto de la intervención en relación con la comercialización minorista de sustancias psicoactivas ilegales. De acuerdo con los criminólogos, en las primeras semanas de intervención hubo grandes variaciones en los búnkers de los barrios. Era muy complejo para los clientes conseguir estupefacientes y la droga se convirtió en un bien escaso. Sin embargo, con el correr de los días los puntos de expendio reabrieron sus puertas, con horarios limitados, en forma menos impune. A su vez, según el trabajo, surgió una modalidad de venta que parecía extinta en la ciudad: el delivery.
Al ser consultados sobre el destino de la mano de obra que quedó desempleada con la reducción del horario de atención de los búnkers, los investigadores fueron reticentes a hacer un análisis sobre cuál fue su destino, al considerar que es muy apresurado para hablar de “migración laboral” a otros rubros delictivos.
Por último, uno de los principales objetivos de la ocupación planteado por las autoridades nacionales y provinciales era llevar “orden y limpieza” a los barrios intervenidos. En relación con esto, los criminólogos explicaron que el balance fue marcadamente positivo, ya que, luego del 9 de abril, se hizo común en dichos sectores ver cuadrillas municipales trabajando para llevar agua potable y cloacas a los sectores desfavorecidos.
