La errática investigación de las autoridades mexicanas por la desaparición de 43 estudiantes de magisterio alcanzó anteayer el máximo de su confusión, cuando el procurador general, Jesús Murillo Karam, descartó que los 28 cadáveres calcinados y hallados en las afueras de Iguala perteneciesen a los normalistas. “Les puedo decir que las primeras fosas encontradas, las primerititas de las que ya tenemos algunos resultados, no corresponden a los ADN de los familiares”, dijo Karam, según informa El País.
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció ayer que la desaparición de 43 estudiantes atacados hace casi tres semanas por policías y narcotraficantes representa una “prueba” para el Estado mexicano.
“Estos lamentables hechos son un momento de prueba para las instituciones y la sociedad mexicana en su conjunto”, dijo Peña Nieto durante un discurso pronunciado con motivo del 61º aniversario del voto femenino en México.
Dirigiéndose a las madres de los estudiantes desaparecidos, el mandatario reiteró que “no habrá impunidad” para los responsables del crimen.
“Tengan la seguridad que las dependencias del gobierno de la República están trabajando para localizarlos”, subrayó Peña Nieto, que ha desplegado a unos 900 policías, militares e investigadores en la zona.
Los estudiantes desaparecieron la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (sur), después de ser baleados por policías locales y narcotraficantes del cartel Guerreros Unidos que actuaron unidos cuando los estudiantes se transportaban en autobuses, que habían tomado para regresar a su escuela rural de la cercana Ayotzinapa. Esa noche, seis personas murieron en los ataques.
Varias fosas clandestinas fueron encontradas desde entonces en Iguala, situada a solo 200 kilómetros de la capital mexicana.
En las primeras cinco fosas halladas el 4 de octubre fueron desenterrados 28 cadáveres calcinados pero, tras 10 días de peritajes, la fiscalía anunció que esos restos no corresponden a los estudiantes. Eso produjo un escándalo porque, además de no encontrar a los 43 desaparecidos, se comprobó la existencia de más muertos sin reclamar en la región.
Otras fosas fueron encontradas en días posteriores en esa misma localidad con un número aún no determinado de cuerpos que son analizados. Por el momento hay dos hipótesis, aunque no formales, que plantean que los jóvenes siguen secuestrados en manos de narcotraficantes que evaden a la investigación. La otra versión da por muertos a los 43 estudiantes y enterrados en otras fosas.
Los estudiantes secuestrados, jóvenes de bajos recursos de una escuela-internado que forma maestros de primaria rurales, asistían a un establecimiento con una larga trayectoria política, cuyos alumnos participaron en bloqueos de rutas y en ataques a edificios públicos, en un Estado como el de Guerrero, una de las regiones con mayores índices de violencia en México que comercializa amapola con destino a Estados Unidos.
Desde el país del norte se nutre de dólares al crimen. Ese aspecto transforma el acontecimiento en un hecho político. Además de encabezar la lista de homicidios, Guerrero es uno de los cinco estados con mayor número de secuestros en el país con el diez por ciento de los 4600 casos registrados en México desde diciembre de 2012, cuando asumió Peña Nieto, hasta septiembre pasado. De acuerdo con un informe de la organización Alto al Secuestro dado a conocer ayer, la ciudad de Acapulco, la más conocida de Guerrero a nivel internacional, es el municipio que lidera los secuestros a nivel nacional, con 135 casos en ese periodo.
Comisión de la Verdad pide reparación a víctimas de los 70
La Comisión de la Verdad que investigó la represión ocurrida en los años 70 en el estado mexicano de Guerrero reclamó ayer, al entregar un informe que registra más de 430 casos de desaparición forzada de personas, que se apliquen los criterios de la justicia universal para la “reparación integral” de las víctimas. Asimismo, el organismo sugirió al Congreso guerrerense que ordene el retiro de una placa en homenaje al Ejército mexicano que se exhibe en una pared de la sede legislativa. “Es inaceptable” que existan monumentos y calles que evoquen a gobernantes y militares que actuaron en ese período, dijo el presidente de la Comisión, Enrique González Ruiz, al presentar el informe ante representantes de los poderes Legislativo y Judicial del estado. González Ruiz y otros cuatro comisionados investigan desde hace dos años.
