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El Presupuesto logró dictamen

Con mayoría oficialista, el Senado aprobó en comisión el proyecto que estima gastos e ingresos para el ejercicio 2015 y recibirá media sanción el próximo miércoles. La iniciativa obtuvo dictamen sólo con los votos del Frente para la Victoria.

El oficialismo en el Senado firmó ayer el dictamen para el proyecto de Presupuesto 2015, el último de la gestión de la presidenta Cristina Fernández de Kichner, y lo llevará al recinto para su votación el próximo miércoles.

La iniciativa del kirchnerismo obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta que encabeza el legislador oficialista Aníbal Fernández, pero sólo con las firmas de los senadores del Frente para la Victoria, dado que la oposición cuestionó las previsiones económicas.

La firma se llevó a cabo luego de las exposiciones de los funcionarios del Ministerio de Economía, el último martes, y del auditor general de la Nación, Leandro Despouy, quien se presentó ante la comisión este miércoles.

Invitado por la oposición, Despouy cuestionó las “modificaciones” en el destino de las partidas presupuestarias y advirtió que “aumenta la discrecionaliad” en la asignación de recursos.

Por ello, opinó que se debe eliminar la Ley de Administración Financiera, conocida como “superpoderes”, que le permite a la Jefatura de Gabinete reasignar partidas presupuestarias sin límite.

Despouy también señaló que a la hora de ejecutar el presupuesto, “las transferencias discrecionales superan a las regladas” y sostuvo que “a veces el presupuesto se ejecuta al ciento por ciento, pero no con los objetivos planificados”.

En el marco de la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el responsable de la Auditoría General de la Nación, invitado por los senadores opositores, también advirtió que “el Poder Ejecutivo ya no hace pública la ejecución del gasto por provincias”.

La respuesta llegó por parte del senador oficialista Pablo González, quien señaló que las consideraciones del auditor Despouy fueron “mucho más prudentes de las que viene diciendo últimamente”, al tiempo que recordó que en los últimos días criticó “el rol del Parlamento”.

En este sentido, González le reprochó al radical sus declaraciones más recientes, cuando consideró que las discusiones del Congreso sobre presupuesto eran “frívolas y vergonzantes”.

“Nadie se disfraza de auditor independiente para hacer consideraciones políticas hacia quienes han sido elegidos por el pueblo”, disparó el senador, quien le advirtió a Despouy que “los frívolos han venido trabajando”.

El proyecto de Presupuesto para el último año de gestión de la presidenta prevé una inflación del 15,6%, un dólar a $9,45 y un crecimiento del 2,8%. También estima gastos por 1 billón 347 mil millones de pesos, ingresos corrientes por 1 billón 296 mil millones, un resultado primario de 50.448,9 millones de pesos y con un saldo positivo del 1,02 por ciento.

Contra Boudou

La oposición volvió ayer a embestir contra el vicepresidente Amado Boudou, procesado por la Justicia en dos causas, al elevar en el recinto de la Cámara alta dos cuestiones de privilegio y reiterar el pedido de que dé un paso al costado en sus funciones hasta que se aclare su situación.

Al inicio de la sesión, convocada en particular para dar ingreso formal a los pliegos de Alejandro Vanoli para presidir el BCRA y del dirigente peronista Eduardo Valdés como nuevo embajador ante el Vaticano, la radical Silvia Elías de Pérez planteó una cuestión de privilegio y le enrostró a Boudou las distintas investigaciones de que es objeto, entre ellas la causa Ciccone. En este sentido, dijo que “el hombre público debe desempeñarse con los principios y respeto a las normas éticas y proteger y conservar la propiedad del Estado”.

Y apuntó que “el artículo 66 de la Constitución dice que se debe analizar la responsabilidad política de quien preside este Cuerpo y que la cláusula democrática (de la Constitución) sostiene que atentará contra el Estado democrático quien incurra en grave delito doloso que conlleve enriquecimiento ilícito”.

La sala de 4 años

La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y giró en revisión al Senado un proyecto propiciado por el gobierno nacional que garantiza el acceso a la educación por 14 años, al incorporar la obligatoriedad desde la sala de 4 años, en el nivel inicial. En la Argentina seis provincias tienen sala de 4 en forma obligatoria, con lo cual ahora esa iniciativa, cuando el Senado la convierta en ley, se aplicará en todos los distritos del país. Este proyecto fue sancionado en una sesión ordinaria con el respaldo de 236 diputados de todas las bancadas parlamentarias, con lo cual se espera que se convierta en ley antes de fin de año.

La iniciativa modifica los artículos 18 y 19 de la ley de Educación Nacional y hace referencia a que “la educación inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los niños desde los 45 días de vida hasta los 5 años, siendo obligatorios los dos últimos”. El debate fue abierto por la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Stella Maris Leverberg (FpV), quien destacó: “Con este proyecto el gobierno ubica a la educación al tope de la agenda pública”.

Capitanich pidió investigar fuga de capitales

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, reclamó ayer al Congreso que conforme una Comisión Bicameral para investigar maniobras fraudulentas de fuga de capitales, a través de operaciones cambiarias como la compra y venta de dólares mediante el sistema denominado “contado con liquidación”.

Capitanich, en su informe bimestral ante el Senado de la Nación, sostuvo que entre 2003 y 2013 se fugaron “más de 62.800 millones de dólares de la Argentina”. El jefe de Gabinete apuntó contra firmas que operan en el mercado bursátil, entre las que señaló a la Sociedad de Bolsa Mariva.

“Los operadores de Mariva hicieron compraventas de bonos en dólares por 14 mil millones de pesos”, denunció Capitanich, para luego destacar que “es importante que identifiquemos la posesión global de moneda extranjera, sobre todo la posesión de información privilegiada”.

Las maniobras a las que alude Capitanich serían la compra de bonos en dólares con pesos y su venta en el exterior, donde además se depositan esos fondos en moneda norteamericana. “No se puede pretender usar estos instrumentos para una maniobra especulativa”, dijo.

En el mismo sentido, Capitanich mencionó que la Argentina “vivió durante todo el período de vigencia plena de la democracia, tras la dictadura, embates permanentes para socavar las bases de legitimidad de los gobiernos democráticos”.

“Es absolutamente imprescindible que debatamos profundamente la necesidad de una comisión bicameral que investigue profundamente una serie de maniobras de carácter privado con fines delictivos”, reclamó.

Para Capitanich “es imprescindible identificar con mucha profundidad todas las operaciones de lavado de activos financieros, de evasión fiscal, maniobras especulativas, su impacto sobre infracciones a la ley Penal Cambiaria, subfacturación o sobrefacturación de exportaciones e importaciones”.

Además, destacó que “no es casualidad que grupos económicos promuevan acciones de desestabilización que impliquen acciones de terrorismo económico”. Confió en “tener capacidad de poner en vigencia inmediata el artículo 12 de la ley de Pago Soberano de la Deuda” que crea la Comisión Bicameral de Deuda Pública para conocer su origen.

Capitanich relató que hay en el Banco Central “80 mil causas de infracciones cambiarias que se encuentran en situación de investigación” y detalló que “de esas, el 95 por ciento se archivaron”.

El jefe de Gabinete volvió a pedir que “el Congreso haga una exhaustiva investigación no sólo para saber cómo se formó la deuda, sino por qué mecanismo se hacen estas fuga de capitales, quiénes son los autores”. “Acá hay operaciones ilegales, evasión fiscal y lavado de activos financieros”, enumeró.

Finalmente, Capitanich destacó que “no tiene que haber privilegios de ninguna naturaleza”, tras lo cual confió en “investigar todas las operaciones financieras y cambiarias que están bajo sospecha”.

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