Cinco de los seis policías que prestaban servicios en la seccional 19ª y en agosto pasado fueron imputados de graves delitos, entre ellos secuestro extorsivo, asociación ilícita y allanamiento ilegal, seguirán detenidos hasta el juicio, según resolvió el juez Carlos Leiva, quien prorrogó la prisión preventiva que pesa sobre los policías hasta la finalización del juicio.
Luego de una investigación fiscal seis policías que prestaban servicios en la seccional 19ª fueron imputados de una serie de delitos que les achacan haber cometido en marzo pasado. Según denuncias, los uniformados, en uso de sus funciones, aprovechaban situaciones en las que debían intervenir para extorsionar, allanar ilegalmente domicilios, amenazar, robar y cometer secuestros extorsivos. Para la Fiscalía, eran parte de una asociación ilícita con el comisario a la cabeza.
Los efectivos, identificados como el comisario Guillermo Ruiz Díaz (de 44 años), la suboficial Lucrecia B., (32), el suboficial principal José Antonio G., (51), el suboficial Sebastián F. (38), el agente Eduardo C. (28) y el oficial auxiliar Víctor D. (32), a cargo del destacamento policial de barrio Toba, fueron detenidos en agosto pasado. A excepción de la mujer, quien fue beneficiada con un arresto domiciliario, el resto fue sometido a prisión preventiva por 60 días.
Ayer se cumplió el plazo de dicha medida y el fiscal Sebastián Narvaja pidió prorrogar la medida cautelar hasta la finalización del juicio. El funcionario sostuvo que ya está lista la acusación formal contra 5 de los 6 uniformados –a excepción de Eduardo C., sobre quien no se solicitó la extensión de la coerción– por los delitos que fueron imputados, por lo que se mantiene la magnitud de la pena en expectativa y los riesgos vinculados con la vulneración de la prueba, alegó.
A su turno la defensa del comisario y uno de los suboficiales – quien cuenta con la mayor cantidad de imputaciones– rechazó el planteo fiscal, solicitó la libertad de sus defendidos y, en su caso, una caución para recuperar la libertad. El letrado Gabriel Navas cuestionó la prueba que reunió la Fiscalía, la veracidad de algunos testimonios y sostuvo que la seguridad de los declarantes no es una responsabilidad de sus defendidos sino del Estado. Y añadió que la parte perversa del sistema la padecen los presos, que ven pasar audiencia tras audiencia. “Muchas veces la desesperación de estar detenidos los obliga a aceptar responsabilidades que no les corresponden para recuperar la libertad”, dijo, aunque sostuvo que él no lo permitirá mientras esté al frente de la defensa. A su turno Mario Ducler, defensor de Lucrecia B., José Antonio G. y Víctor D. comulgó en los argumentos expuestos por su colega, profundizó en la prueba y pidió la libertad de sus asistidos. Concluida la exposición, el magistrado le dio la palabra a los imputados. Tres de ellos afirmaron su inocencia y fundaron sus pensamientos. En su descargo el oficial Víctor D. denunció un “apriete” por parte del Ministerio Fiscal. “Si vos entregás a alguno de los otros te vas sobreseído”, detalló y agregó: “Eso no se hace, yo tengo que inventar para salir beneficiado; creo que es injusto y no lo banco más” concluyó.
Por su parte el juez resolvió prorrogar la prisión preventiva de los 5 uniformados hasta la finalización del juicio y desechó la posibilidad de algún tipo de morigeración, aunque dejó la puerta abierta respecto al comisario Ruiz Díaz, ya que el abogado había solicitado una prisión domiciliaria en base a una afección cardíaca que sufrió, aunque el juez consideró que dicho pedido puede ser planteado en una nueva audiencia con el aval probatorio correspondiente. La decisión de Leiva generó revuelo en el recinto: algunos familiares se quejaron en voz alta. Una mujer, familiar de José G., debió ser asistida mientras que el comisario Ruiz Díaz sufrió una descompensación y fue atendido en un sanatorio.
Un sexto policía, Eduardo C., sólo estuvo algunos meses en la seccional. Durante la imputación se le achacó un hecho y en la audiencia de ayer el fiscal no solicitó la prórroga de la preventiva ya que resolvió no acusarlo. El juez dispuso su libertad con restricciones hasta que se disponga el archivo o el sobreseimiento.
