Por mayoría de 18 votos contra 4, el Concejo Municipal aprobó ayer un proyecto de decreto que encomienda al Departamento Ejecutivo realizar el estudio de factibilidad para la adquisición de equipos de vuelo no tripulados, los aparatos equipados con cámaras HD más conocidos como drones, para sumarlos a la videovigilancia. En el debate, donde se abundó sobre las posibilidades que brinda el uso de este tipo de tecnología –incluso se destacó que habrían sido de gran ayuda en la tragedia de calle Salta, al poder advertirse con más celeridad que una de las tres torres se había derrumbado por completo– también se advirtió sobre inexistencia de un marco regulatorio para la utilización de este tipo de equipamiento –no hay ni siquiera nacional– pese a que se están utilizando cada vez más comúnmente para distintos fines e incluso levantando polémica: en la misma jornada, el único aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires permaneció sin actividad por 45 minutos por la “invasión” de dos aparatos en áreas de seguridad para despegue y aterrizaje de aeronaves.
Los drones en distintas versiones y precios hace tiempo que están a la venta en el país, incluso por internet y en cuotas con tarjeta de crédito. Los hay desde menos de 2.000 pesos hasta más de 200.000, según su sofisticación: pueden ser helicópteros simples con una cámara añadida que filma en baja definición hasta cuadricópteros y hexacópteros con cámaras Gopro o cámaras de alta definición que filman y transmiten en tiempo real y pueden rotar sobre sus tres ejes. También hay ya empresas que tienen su propia flota y alquilan las unidades. Y hasta emprendedores que construyen los suyos propios, como el joven rosarino Andrés Álvarez.
En ese marco, la idea de incorporar estos equipos a la seguridad pública no es original.
En la sesión de ayer se destacó que ya Corrientes los utiliza para Catastro, el Inta de Córdoba para control agrícola. Y hay más ejemplos de uso, hasta turístico, ya que pueden fotografiar o filmar desde posiciones de imposible acceso a las personas.
Lo que no hay es, hasta ahora, ningún tipo de precisiones sobre su uso, ya que en definitiva su tecnología tiene origen militar y se siguen utilizando para espionaje y ataques.
Pero el vacío todavía alcanza a las cámaras de videvigilancia, ya que todavía no se reglamentó la ordenanza que da marco al sistema. Por ello, la mayoría de los concejales del oficialismo y la oposición consideraron que los drones pueden ser útiles conectados con el Centro de Monitoreo y Seguridad Ciudadana: “Pueden aportar imágenes y video en tiempo real, de manera de poder ejercer un mejor control y vigilancia sobre hechos delictivos”, dice el decreto votado ayer.
Con todo, de igual modo el Concejo encomendó también al Ejecutivo analizar la afectación del posible uso de drones “sobre los derechos a la privacidad”, vigentes en la Constitución, las leyes nacionales y provinciales, la ordenanza 9.025 de Rosario, “y toda otra normativa que especifique derechos a la privacidad”.
Uso infinito
Los concejales evaluaron que los drones podrían utilizarse para seguridad, incendios, control de obras, tránsito vehicular, y control de multitudes. Y que “se facilita una herramienta más en la lucha contra el delito”. En ese marco destacaron los equipos de uso oficial que pueden alcanzar hasta los 2 mil metros de altura y tienen una autonomía de 25 minutos, capacidad de automatizar rutas de vuelo y aterrizar en forma automática. También que pueden operar “en lugares de difícil o peligroso acceso”, y que hasta podrían utilizarse para detectar depósitos clandestinos de residuos y construcciones no declaradas.
