El ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, defendió la reforma al sistema del Código Procesal Penal que envió el Poder Ejecutivo al mencionar que la iniciativa «persigue como objetivo final un grado de mayor satisfacción en la sociedad». Alak descartó «establecer un sistema de mano dura simbólico o un sistema punitivo demagógico», sino que «pretende acelerar plazos, sumando oralidad al proceso y garantizando que quien cometa un crimen sea penado, garantizando que la víctima pueda participar del proceso sin tener que pedir permiso».
«Queremos dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de un sistema eficiente en la lucha contra delitos complejos. Este proyecto persigue como objetivo final un grado de mayor satisfacción de la sociedad», agregó Alak.
El funcionario mencionó estos conceptos al abrir el debate sobre el nuevo Código Procesal Penal que se lleva a cabo en el seno de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores.
«El sistema actual genera una profunda insatisfacción a la víctima», observó el ministro, para luego mencionar que «carece de la posibilidad de ver rápidamente consumada su expectativa de celeridad».
«Además, tampoco le da satisfacción al imputado que ve transitar muchos años en su vida en prisión sin saberse culpable o inocente», precisó.
Alak opinó que el sistema actual «tiene deficiencias» y señaló que «las cárceles argentinas tienen promedio altísimo de procesados» que, según puntualizó, llega al «60 por ciento de procesados».
El ministro destacó que «entre los jóvenes-adultos, el número de procesados llega al 83 por ciento».
Finalmente, el funcionario detalló que «Argentina va a quedar como el último país de América Latina en mantener el sistema inquisitorio, ya que en noviembre Uruguay va a cambiar su sistema a uno acusatorio».
Para la jornada, el kirchnerismo ordenó que se mantenga un ambiente de análisis en los debates en comisión, sin apuros evidentes. Ni siquiera se habla aún de la fecha en que se emitirá el dictamen de comisiones en el Senado, pero Miguel Pichetto estableció que habrá discusiones durante todo noviembre. Por lo menos hasta la última semana, cuando se presume que el Senado lo votará.
Ritmo lento, entonces, reflexivo y con aire de debate jurídico de fondo. Ese es ambiente que eligió el Gobierno para el Código; sin evidenciar apuros, pero corriendo para llegar antes que terminen las sesiones ordinarias.
Está claro que Cristina de Kirchner quiere esta vez contrarrestar la imagen que dejó el final del debate de la reforma y unificación del Código Civil, que terminó votándose a las apuradas y sin la oposición en el recinto cuando se suponía que un proyecto codificador de esa magnitud debía salir aprobado con un mínimo consenso de todas las fuerzas.
En Diputados hay intenciones de mostrar un pequeño avance este año después que el Senado vote el proyecto, aunque más no sea un gesto simbólico para pasar después a continuar el debate en marzo de 2015. Pero ni el kirchnerismo cree que estén dadas las condiciones para hacerlo y menos cuando el número del oficialismo para las votaciones complicadas está sometido a un estrés con resultado imprevisto.
Para complicar la situación, si bien el Código Procesal Penal arrancó como un proyecto con apoyo general de la oposición, a medida que los bloques fueron leyendo los artículos ese consenso se complicó.
Julio Alak y Julián Álvarez arrancarán hoy el debate del proyecto de reforma del Código Procesal Penal en un plenario de las comisiones de Asuntos Penales y Justicia y de Presupuesto y Hacienda. Después de ese encuentro habrá reuniones de comisión, audiencias e invitados por tres semanas.
El ministro y el funcionario se encontrarán con los cuestionamientos de buena parte de la oposición. Por el radicalismo, el chubutense Mario Cimadevilla marcó ya la línea general de esa discusión: «es una buena herramienta, el problema está en quién lo va a aplicar».
Se refiere a Alejandra Gils Carbó: «Desde un primer momento desconfié de la imparcialidad de la actual jefa de los fiscales. Es más, yo no acompañé con mi voto su pliego porque advertí que respondió con evasivas a las preguntas que le había formulado sobre causas sensibles para el poder».
«Si se modifica el Código Procesal Penal también hay que hacerlo con la Ley de la Procuración porque con la visión y con la actuación que tiene Gils Carbó y las facultades que le daría esta nueva ley, estamos ante un serio riesgo. Sería como introducir al Caballo de Troya dentro del Palacio de Justicia. Para evitar esto, se tendría que hacer como en mi provincia, donde los fiscales, al igual que los jueces, están sometidos al proceso del Consejo de la Magistratura», insistió.
