El gobierno nacional envió ayer al Senado un proyecto de ley de telecomunicaciones, Argentina Digital, que declarará el servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la información y comunicaciones (TIC), regulará las tarifas de interconexión y permitirá que a través de un mismo cable (red única) el usuario pueda recibir todos los servicios en su hogar y elegir, para cada servicio que quiera contratar, el proveedor que prefiera.
Este proyecto reemplazará a la ley vigente, sancionada en 1972, y prevé además que los licenciatarios de servicios TIC tengan la obligación y el derecho de interconectarse entre sí, estableciendo una velocidad mínima obligatoria de trasmisión de las redes para garantizar un acceso de calidad y equitativo en todo el territorio nacional.
El fondo del Servicio Universal, constituido por los aportes obligatorios de los licenciatarios TIC, será ejecutado exclusivamente por el Estado nacional, y entre otros beneficios, se elimina la diferencia entre corta y larga distancia nacional para que todas las llamadas a cualquier punto del país tengan el mismo precio.
El anuncio fue formulado en una conferencia realizada de manera conjunta por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, los ministros de Planificación y de Economía, Julio de Vido y Axel Kicillof, respectivamente, y el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, en el microcine del Palacio de Hacienda.
“La presidenta firmará en el día de hoy (por ayer) un proyecto de ley que es de interés público para el desarrollo de las tecnologías de información, estableciendo una completa neutralidad de las redes, que facilite a la gente acceder al mayor universo de comunicaciones posible, como la TV digital abierta, la fibra óptica y el satélite Arsat 1”, señaló De Vido.
En tal sentido, añadió que esta norma “excluye de su objeto la regulación de los contenidos, por lo tanto se mantendrá la más plena y absoluta libertad para inyectar a la red esos contenidos”.
Con esta iniciativa “se garantiza el derecho humano a las comunicaciones, resaltando el rol del Estado como planificador y distinguiendo entre mercados de generación de contenidos y el transporte de los mismos”.
Por su parte, Berner explicó que a partir de este proyecto se “modifica la ley madre de 1972, cuando sólo había telefonía básica, por lo que era indispensable y esencial que tengamos una nueva regulación”.
“Con un solo cable, los usuarios tendremos acceso a múltiples servicios y empresas, sin necesidad de que nos anden agujereando la pared cada vez que contratamos un servicio”, subrayó.
A su turno, Kicillof destacó que “es un derecho humano y una necesidad darle un marco jurídico al tema de las telecomunicaciones, porque no es posible que cinco empresas se dividan el 88 por ciento de las ventas y nos vacunen con las tarifas”. Y agregó: “Esta ley pone como servicio público a toda esa infraestructura, regulando velocidad y tarifa, lo que seguramente generará más inversiones en el sector”.
Finalmente, Capitanich aclaró que la letra del proyecto de ley fue producto “de un trabajo en equipo, compacto y armónico, bajo el liderazgo de la presidenta”. “No es lo mismo montar plataformas digitales en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires que en distintos pueblos del interior, que es donde el Estado tiene que intervenir”, añadió.
Con esta nueva ley se busca optimizar la utilización de la infraestructura de telecomunicaciones, generando una arquitectura abierta de las redes que favorece la interconexión entre los distintos actores del ecosistema.
Tecnologías de la información
De esta manera, se propicia la competencia entre los prestadores en igualdad de condiciones y una mejor calidad del servicio a un precio razonable. El gobierno busca que todas las empresas que operen en telecomunicaciones puedan utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios, con una “tarifa de alquiler” fijada por el Estado nacional.
La intención es “favorecer la actividad de cooperativas y pymes, quienes no poseen ni el espectro ni la infraestructura propia necesaria para hacerlo”, de acuerdo con el texto oficial. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son los servicios de transmisión de voz, datos, texto, video e imágenes.
La polémica que ya se produjo con la ley de Medios hizo que esta nueva iniciativa pusiera en alerta a algunos sectores de la oposición. Especialistas en comunicaciones advirtieron que la nueva regulación permitirá que una sola empresa pueda dar todos los servicios de telecomunicaciones y cobrar en una única factura la telefonía fija y celular, la televisión por cable y el servicio de internet.
El acceso a la tecnología está en expansión
La inversión del Estado en el área de telecomunicaciones alcanzó los 21.440 millones de pesos, entre los años 2003 y 2014, por lo que representa el 50 por ciento de la inversión total del sector, según afirmó ayer el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
En los considerandos del proyecto de ley Argentina Digital se sostiene que en 2003 había 4,5 millones de líneas móviles y diez años después, al cierre de 2013, creció a 45 millones de líneas móviles activas.
De Vido precisó que el 95,4 por ciento de los hogares argentinos accede a algún tipo de servicio telefónico. En ese mismo plano, el 85,6% de los hogares urbanos cuenta con al menos una línea de telefonía móvil en uso y el 61% de los hogares cuenta con líneas fijas.
El proyecto subraya que entre 2008 y 2013 la cantidad de usuarios de internet creció un 400 por ciento y que el 52,8% de los hogares dispone de al menos una computadora y el 43,8% de los hogares urbanos accede a internet.
En internet, el principal acceso sigue siendo la conexión mediante red fija (88,6%), aunque casi una cuarta parte de los hogares cuenta con acceso a internet móvil. En el proyecto se destaca el tendido de 30 mil kilómetros de fibra óptica. En los fundamentos también resaltan la creación de diez empresas públicas provinciales de telecomunicaciones.
También se menciona la instalación de 2.428 estaciones satelitales de conectividad a internet para establecimientos educativos rurales y de frontera y la entrega de 4,5 millones de netbooks a estudiantes y docentes.
Software nacional
Los nuevos procesos productivos para celulares incluirán la obligatoriedad de incorporar aplicaciones desarrolladas en el país, según le comunicó ayer la ministra de Industria, Débora Giorgi, a fabricantes de telefonía. Giorgi convocó a representantes de compañías telefónicas, fabricantes de celulares, de marcas y desarrolladores de software para avanzar en el plan de desarrollo de aplicaciones telefónicas.
Expresó ante los empresarios que “el objetivo es seguir agregando valor, aumentando el contenido local de los productos electrónicos e impulsar al sector del software”, aseguró. La ministra anunció en el encuentro que “el primer paso será dado por el Estado, que desarrollará aplicaciones para difundir información pública, que integrarán el software embebido de los celulares producidos en la Argentina”.
