La Cámara Penal revocó el sobreseimiento que el juez Juan Carlos Vienna había dictado al comisario inspector Gustavo “Gula Gula” Pereyra en la megacausa Monos. A su vez, revocó, en otra audiencia, la prisión preventiva que pesaba sobre Walter Jure, otro encausado en el caso, aunque aconsejó fijar restricciones a criterio del Juzgado de Instrucción que quede a cargo del expediente que aún no tiene magistrado.
Gula Gula prestaba servicios en la Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad provincial; era el uniformado de mayor rango en la Subsecretaría de Investigación Criminal y quedó vinculado con la causa por asociación ilícita contra el clan Cantero por informes policiales de la División Judiciales y escuchas telefónicas, como muchos otros imputados en el caso. En febrero el juez de Instrucción 4ª, Juan Carlos Vienna, dictó falta de mérito para el uniformado, decisión que luego se convirtió en un sobreseimiento que la Fiscalía apeló.
Durante la audiencia de ayer, el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini sostuvo que el sargento Juan “Chavo” Maciel, un subalterno de Gula Gula procesado en el caso, era el encargado de mantener contacto con distintas bandas delictivas. A través de él, el aún prófugo Ramón “Monchi” Machuca y el luego asesinado Claudio “Pájaro” Cantero –jefes de la banda– obtenían información para evitar procedimientos en su contra u obtener datos de investigaciones. El fiscal dijo que Chavo tenía cabal información que obtuvo de la secretaría a través de su superior y detalló que, según Ana Viglione y Andrés Ferrato –jefa y subjefe de Delitos Complejos–, Gula Gula era el jefe de la brigada compuesta por cinco miembros de la fuerza, entre ellos Chavo, quien fue recomendado por el comisario inspector para el cargo.
Camporini detalló las indagatorias a Pereyra. Refirió que en la primera adujo que no investigaba ni conocía a los integrantes de los Monos y no tenía un lugar físico donde trabajar ni bases de datos. El fiscal afirmó que a medida que se publicaba en los medios información sobre su situación procesal Gula Gula ampliaba su indagatoria intentando mejorar su posición. En esas circunstancias y luego de una pericia informática, Pereyra reconoció que en una computadora personal secuestrada tenía fotos e información sobre la banda y luego admitió conocer a Juan Raffo, unos de los diez policías provinciales procesados en la causa. Camporini sostuvo que Pereyra dijo que Maciel fue la tercera opción para ocupar el puesto en la subsecretaría e intentó deslindar responsabilidades sobre sus superiores en relación con la obtención de datos. A ello sumó el patrimonio del acusado –sobre este tema el juez Vienna envió copias a Asuntos Internos para una investigación administrativa– y detalló escuchas de terceros donde nombran al imputado. Concluyó que Machuca tenía información de la secretaría, donde la estructura está verticalizada: “¿Me van a decir que no vio la realidad? Es claro: la viveza pasa por Pereyra, obtiene la información y el que pone la cara y actúa como recaudador es Maciel”.
La defensa, a cargo de Sergio Larrubia y Alberto Tortajada, rechazó el planteo fiscal, sostuvo que su cliente no contaba con base de datos y que existen 17 mails enviados a Viglione y Ferrato con la información que le solicitaban. Refirieron que antes de Maciel hubo otros dos policías propuestos que no fueron designados y que su nombramiento tuvo la anuencia de Viglione. Refirió que las escuchas no eran de su cliente y que es mencionado por su subalterno “para vender humo y obtener dinero”, a lo que agregó que los archivos de la computadora no estaban borrados. Luego Gula Gula se explayó sobre cómo obtuvo su patrimonio, incluso antes de ingresar a la fuerza, y su defensa dijo que el sobreseimiento no fue un regalo sino un acto de justicia.
Decisión de Cámara
Tras un cuarto intermedio, el camarista Daniel Acosta resolvió revocar el sobreseimiento. El magistrado se focalizó en la actividad de Pereyra en la secretaría. En este sentido, Viglione y Ferrato declararon que su tarea, junto con la del resto de la subsecretaría, era aportar datos de calle que no tenían que ver con drogas o trata de personas: trabajaban fuera de la dependencia, de civil, sin vehículos, ni teléfonos oficiales y la data recabada se la brindaban verbalmente a Ferrato que la trasladaba a Viglione y ella al ministro de Seguridad. Detallaron que raramente se hacía por escrito a través de mails y que el personal no tenía acceso a base de datos, legajos o información oficial o investigaciones en curso.
De estas declaraciones al camarista le llamó la atención que con tan poco personal el uniformado con más rango fuese derivado a tareas secundarias, como las referidas por Viglione y Ferrato, y destacó que Pereyra junto con sus superiores llegó a la conclusión de que no era conveniente darle información a Maciel, según declaró. Por lo que Acosta entendió que Chavo no era confiable y dijo no comprender por qué designaron a instancia de Gula Gula a una persona de estas características en una repartición tan sensible. Se preguntó: “Si no se le brindaban datos, ¿de dónde Chavo obtenía la información brindada a la banda?”. El camarista probabilizó que esos datos eran logrados por Pereyra.
El juez entendió que no sólo Maciel pertenecía a la asociación ilícita, “dada la específica función de informante” sobre movimientos policiales que pudieran afectar los negocios y la situación de los miembros de la banda, refiere el fallo. E hizo hincapié en una escucha entre Monchi y un tal Bruja –que se presume es un policía federal procesado en la causa–, quien le consulta sobre un apodado Chavo de la provincia y luego de varios preguntas Machuca le refiere: “La junta para Gula”. Acosta sostiene que Maciel actuó y obtuvo buena parte de la información que brindaba de alguien a quien refiere como Enano, quien según la investigación es Pereyra. Con estos argumentos Acosta resolvió acoger el planteo del fiscal Camporini y revocar el sobreseimiento que había obtenido Gula Gula.
