Daniel Pollack comenzó el martes a ejecutar la autorización que le dio el lunes pasado Thomas Griesa, y ya empezó a ponerse en contacto con abogados de EM Limited, de Kenneth Dart, para que le envíen, todos, la documentación que certifique que efectivamente el fondo buitre posee bonos emitidos por la Argentina sin reestructurar.
La comunicación fue telefónica a pedido del acreedor; y en ella, el special master nombrado por Griesa le aseguró a los abogados que cualquier negociación futura, incluyendo alguna que se dé en enero, debería contar con el aval del juez de Nueva York para poder tener alcance legal, al menos dentro del territorio norteamericano.
Según la mención de Pollack, cualquier acuerdo futuro entre los acreedores y la Argentina, sea de manera directa a través de una negociación cara a cara entre funcionarios del gobierno de Cristina de Kirchner y los fondos buitre, o entre entidades privadas y los holdouts, necesitará para ser ejecutiva y legalizable en los Estados Unidos el aval de Griesa. Y previamente a esto, debe pasar por el despacho del bufete del special master. En otras palabras, según lo que Pollack les explicó ayer a los abogados de Dart, tanto él como Griesa seguirán siendo los custodios de cualquier eventual acuerdo judicial que haya en el futuro entre la Argentina y los fondos buitre cuando, en enero, venza la cláusula Rights Upon Future Offers (Rufo). Al menos si se quiere que ese acuerdo tenga vigencia en los Estados Unidos.
Y encima, más acreedores
Esta es otra de las consecuencias, según la interpretación de Pollack, de la ampliación de facultades que le dio el juez otorgándole poderes para sumar a otros holdouts en la mesa de negociación. Según la orden firmada por Griesa el lunes pasado, Pollack podrá incorporar a las negociaciones “a aquellos casos adicionales pendientes en este tribunal”.
Se refiere al caso de la deuda soberana argentina iniciado ante la Corte distrital de Nueva York por los fondos buitre NML, de Paul Singer, y Aurelius, de Mark Brodsky, entre otros.
Es el caso del fondo de Dart, que la semana pasada se presentó en el juzgado de Griesa para reclamar el mismo derecho que había obtenido Singer y el resto de los acreedores que vencieron en el juicio entre la Argentina y los fondos buitre.
Dart es Dart
Dart reclamó unos 835 millones de dólares en bonos impagos, los que con las actualizaciones que Griesa ya aplicó al reclamo de Elliot y Aurelius podría superar los 1.200 millones de dólares. Dart compró esos bonos en menos de 200 millones de dólares entre noviembre de 2001 y mediados de 2006.
El juez de Nueva York incorporó además a las facultades del special master el “reconocimiento de las complejidades creadas” por sumar a nuevos actores, y la “autoridad amplia para estructurar” los arreglos para las negociaciones entre los demandantes y la República Argentina. Sobre este punto es que Pollack habló el martes con los abogados de Dart.
Mediador cuestionado
Hasta ahora, la Argentina mantiene su posición con respecto al trabajo de Pollack. Según dijo varias veces el ministro de Economía, Axel Kicillof, Pollack no es objetivo y trabaja abiertamente a favor de los fondos buitre. La última ronda negociadora habilitada por Pollack a la que concurrieron funcionarios argentinos (el propio Kicillof), fue cuando el 30 de julio pasado el ministro y los abogados de los fondos buitre se encontraron cara a cara en el bufete de Pollack y las negociaciones terminaron sin acuerdo y con las partes abiertamente enfrentadas. Ese día, Argentina entró técnicamente en default al no poder pagar en tiempo y forma el vencimiento de 539 millones de dólares del bono Discount.
Luego de esa jornada, en la que Kicillof criticó abiertamente a Pollack por advertir éste que “un default sería algo negativo para la población”, el “special master” abrió dos veces más su despacho para eventuales negociaciones entre las partes. A ambas concurrieron los abogados Carmine Bocuzzi y Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gotlieb Steen & Hamilton (CGS&H) que le aclararon al mediador que concurrían al bufete pero sin una autorización oficial del gobierno argentino, con lo cual estaban “imposibilitados legalmente” para cualquier negociación oficial.
