El Gobierno nacional minimizó el nuevo reclamo del fondo buitre Bracebridge Capital en los tribunales de Nueva York y ratificó que la postura oficial es negociar con el 100% de los acreedores.
«La posición de la Argentina siempre fue la misma. Pretendemos condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables para el 100% de los bonistas. Hoy tenemos 92,4% de acuerdo», afirmó el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich en su habitual conferencia de prensa matinal en Casa Rosada.
«Deben darse las condiciones de negociación para el universo de aquellos que no han adherido» a los canjes de deuda, remarcó el funcionario al ser consultado por la reciente presentación judicial del fondo Bracebridge en el juzgado del juez Thomas Griesa.
El fondo proviene de Cambridge y es otro de los grandes inversores especulativos habilitados para ese reclamo con el que aguardan cobrar sus títulos amparados por el mismo fallo de Griesa que quedó firme luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara tratar la apelación argentina.
Los reclamos que se presentaron ante el juzgado de Griesa ya superan en el conjunto de su demanda a los promotores originales del fallo que favoreció a MNL Capital, de Paul Singer, que demandan cerca de u$s 1.600 millones.
Con la demanda de Cambridge por u$s 1.100 millones, la cifra conjunta que se le reclama a la Argentina ya totaliza cerca de u$s 4.000 millones.
Griesa facultó al mediador Daniel Pollack para que lleve adelante las negociaciones con todos los holdouts de la Argentina -tenedores de bonos defaulteados en 2001 y que no entraron en los canjes de 2005 y 2010- que estarían dentro de los potenciales beneficiados por el fallo.
Cambridge se sumó así al fondo EM Limited, de Kenneth Darth, que presentó su reclamo por u$s 835 millones. Y hace un mes, un grupo de 11 fondos hicieron una presentación similar aunque no trascendió su pedido de indemnización.
Las chances que ponderan los fondos de cobrar a partir de enero han impulsado nuevos reclamos de viejos bonistas, que buscan sumarse y verse beneficiados por el fallo que dispuso el juez Griesa y que beneficia a un grupo de fondos buitre y bonistas con una indemnización total de u$s 1.330 millones por sus bonos, a los que hay que sumar los intereses acumulados desde el fallo.
