Por: Alejandro España
La Guardia Urbana Municipal (GUM) presentó ayer una denuncia en los Tribunales Provinciales contra cinco comercios de la ciudad dedicados a la venta y reparación de teléfonos celulares que estarían implicados en la comercialización de aparatos robados.
En el escrito, que lleva la firma del titular de la GUM Mariano Savia y recayó en el Juzgado de Faltas de la 1ª Nominación, a cargo de Osvaldo Alzugaray, se pide que se investigue a cinco locales, tres de los cuales están ubicados en la zona sudoeste, uno en la zona oeste y el otro en pleno centro de la ciudad, sobre una de las peatonales. En la denuncia, de la que El Ciudadano tiene una copia, se detalla la dirección exacta y la razón social de cada uno de los comercios, pero por pedido de las autoridades no se publicarán hasta tanto avance la causa.
En diálogo con este diario, Savia explicó que en todos los casos “se hizo un trabajo de investigación con personal propio” para corroborar cómo funcionan las operaciones comerciales en estos locales. “Por ejemplo, cualquier persona puede conseguir un equipo de última generación totalmente liberado para su uso, como el Blackberry, por un precio irrisorio, hasta un 70 por ciento menos de su valor real en plaza”, describió el titular de la GUM, quien en la denuncia señaló como otro punto irregular la venta generalizada de chips en quioscos, librerías y almacenes, con lo cual se abre lugar para que se cometan distintos tipos de delitos.
La denuncia presentada en la Justicia indica que “los negocios que se manejan de manera irregular fomentan la salida al mercado de teléfonos que, al no estar registrados, se utilizan para secuestros extorsivos, secuestros virtuales –como los que intentan engañosamente los detenidos en unidades penitenciarias–, transacciones entre personas de mal vivir, etcétera”.
Según el estudio de investigación realizado por la GUM durante los últimos meses, y cuyos datos constan en la presentación judicial, “ningún cartel advierte sobre el fuerte riesgo que corren los clientes que se acercan a comprar estos aparatos sin conocer su procedencia: las leyes contemplan sanciones para quienes adquieran celulares que antes fueron robados”. Al respecto, Savia indicó que “esos teléfonos, que fueron clonados o adulterados para que volvieran al mercado, pueden estar siendo objeto de una investigación por parte de la Justicia en el marco de delitos graves como secuestros y asesinatos. Entonces, aquel ciudadano que lo haya comprado de buena fe y desconozca de dónde salió ese equipo, puede sufrir un dolor de cabeza importante”.
Roban 8.000 teléfonos por día
En la Argentina hay 48 millones de teléfonos móviles habilitados, según la Secretaría de Comunicaciones, y un cálculo extraoficial realizado durante 2009 asegura que se roban alrededor de 250.000 aparatos por mes; es decir, más de 8.000 por día, y así puede seguir la cuenta para adornar la estadística con números que impresionan. Para la GUM, en el mercado negro de compra y venta de celulares robados se mueven unos 30 millones de pesos mensuales.
“La cadena delictiva supone, en algunos casos, que sólo pasen dos horas desde que un teléfono móvil es arrebatado de la mano de una persona hasta que llega, con un número distinto, a la mano de otra. El círculo no se detiene: después otro individuo vuelve a robarlo y el aparato sale otra vez a la venta”, indica el escrito confeccionado por la repartición municipal. Y sigue: “Expertos afirman que si no existiesen los laboratorios tecnológicos y las cuevas, no habría robos de celulares. Hay muchas bandas que viven de esto”.
En otro párrafo de la denuncia, se apunta que “las bandas que roban móviles en Argentina están integradas por delincuentes que cumplen distintas funciones. En muchos casos se mueven con estructura celular; es decir, no se conocen entre ellos”, y añade que “los arrebatadores roban el teléfono móvil en la calle con mucha violencia, provocando lesiones graves e incluso la muerte del infortunado, y los entregan a mochileros o bolseros, que son los encargados de llevar los aparatos robados a un tercer eslabón: los técnicos, que resetean los celulares con un programa de computación, anulan los números y bloquean o desbloquean el sistema”.
“Papá”, “mamá”, “amor”
Un detalle en el que reparó Savia durante la investigación para comprobar el origen dudoso de los equipos de telefonía que se venden en los cinco locales denunciados es la lista de contactos cargada en los aparatos. Hay tres palabras que, con cierta asiduidad, se repiten cuando hurgan en la agenda: “papá”, “mamá” y “amor”.
“Hemos hecho la prueba y se comprueba que al llamar a esos contactos del otro lado de la línea atiende un damnificado, que lo primero que hace es insultar porque piensa que lo está llamando el ladrón para extorsionarlo”, expresó el jefe de la GUM.
Por último, la denuncia recuerda que en agosto de 2008 la presidenta de la Nación Cristina Fernández anunció la firma de un decreto para que las personas que compren celulares dejen sus huellas dactilares impresas para formar un registro de usuarios. Ese proyecto quedó en la nada y, apunta Savia, “en la actualidad sólo es necesario presentar el documento de identidad” para comprar un aparato telefónico en el mercado legal. A lo que se suma la venta informal de chips, sin necesidad de presentar documentación alguna, “con la consiguiente imposibilidad de localizar siquiera al mero tenedor” del teléfono ante cualquier hecho.
