El Senado concluyó este martes con la última ronda de exposiciones sobre la reforma del Código Procesal Penal y el oficialismo avanzará este miércoles con la firma del dictamen, con más de 40 modificaciones, tras haber desechado la idea de hacerlo este martes debido a la cantidad de invitados que concurrieron.
El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda se reunirá hoy, cuando se brindarán detalles de los cambios que se le realizaron al proyecto enviado por el Ejecutivo.
Así lo indicaron a NA fuentes de las comisiones, las que adelantaron que se eliminó el concepto de «conmoción social» como causal para la prisión preventiva, se le hicieron «ajustes» al artículo referido a la expulsión de extranjeros y se redactó nuevamente el punto que le da a la Procuración General la facultad de reasignar causas, entre otros cambios.
Se trata de las principales críticas que había recibido la iniciativa anunciada por la Presidente Cristina de Kirchner el 21 de octubre pasado y que será llevado al recinto de la Cámara alta el próximo 19 de noviembre, para luego ser girado a Diputados.
Durante la reunión de este martes, expuso su visión del proyecto el jurista Alberto Binder, quien dijo que tenía una «opinión extremadamente favorable» sobre la reforma, porque «acaba con la figura del juez de instrucción, que es un personaje con enorme poder que investiga y se controla a sí mismo».
«El fiscal del sistema acusatorio no tiene la concentración de poder del juez de instrucción porque está sometido a un doble control» por parte del «juez y de las víctimas», explicó Binder, aunque señaló que «sin ninguna duda, hay que debatir una nueva ley de Ministerio Público».
En este sentido, sostuvo que «ir hacia un nuevo modelo de Ministerio Público es fundamental» para garantizar «reglas que impidan que el procurador general le dé instrucciones particulares al fiscal, como archivar una causa».
Otro de los expositores fue el líder del gremio de empleados judiciales, Julio Piumato, quien criticó fuertemente el proyecto porque, en su opinión, «pretende garantizar impunidad» al otorgarle «más poderes a la procuradora general», Alejandra Gils Carbó.
En este sentido, criticó a la procuradora porque «los concursos del Ministerio Público Fiscal para la Defensoría General son totalmente amañados» y aseguró que hay «250 cupos cubiertos sin concurso» en la Procuración General.
El sindicalista señaló, además, que les «preocupa el artículo que deja en el poder concentrado de una persona quién va a investigar o quién va a seguir las investigaciones en curso».
Por otra parte, Rodrigo Borda, de la Procuración General Penitenciaria, manifestó que las críticas se refieren a «los puntos en los que este proyecto se ha apartado de los proyectos antecedentes» de reforma del Código en algunas provincias.
«Nos preocupa que se haya cercenado el cupo máximno (en los penales) como límite al encarcelamiento de una persona», sostuvo Borda, quien advirtió que también «se ha cercenado toda referencia alplazo de la prisión preventiva» y «no ponerle límites levarí a legilar en contra de la Constitución».
A su turno, Pablo Ceriani Cernadas, coordinador del Programa Migración de la Universidad Nacional de Lanús, se refirió a la eventual expulsión de extranjeros en situación irregular y en flagrancia de un delito.
Este punto, según su opinión, «puede tener perjuicio para el proceso penal» en algunos casos e implicaría, además, «regresividad de una política migratoria modelo, como la de Argentina».
