Por primera vez en su gestión, el Concejo Municipal rechazó un veto de la intendenta Mónica Fein. Y, en rigor, la duda que circulaba ayer en el Palacio Vasallo tras el revés del oficialismo por 16 votos contra 8 –exactamente los dos tercios de los ediles– es si había precedente desde la recuperación democrática a esta parte: aún con reparos sobre una certeza total, todas las voces consultadas dijeron que no. Así, el rechazo de ayer, sumamente inusual sino único, constituyó un fenómeno político, a la par de una merma de potestades del Departamento Ejecutivo: lo que hizo la mayor parte de los ediles es ratificar que los jueces de Faltas deberán, de ahora en más, atravesar por un concurso de oposición y antecedentes para su nombramiento.
La modificación de la forma de designación de jueces de Faltas había sido aprobada el pasado 2 de octubre por mayoría opositora y con el firme rechazo del oficialismo, que ratificaba que su nombramiento era potestad del Palacio de los Leones, que se trata de empleados municipales cuya función no es de “naturaleza jurídica” –no juzgan, sino que aplican multas por contravenciones– y que tenían los mismos derechos adquiridos, por ejemplo en el cese de sus funciones, que cualquier empleado municipal.
Así lo entendió también el Sindicato de Trabajadores Municipales, que desde el vamos se sumó a las voces para que la intendenta vetara la normativa aprobada. Y así lo consideró la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, María del Carmen Donadío, que el 7 de octubre dictaminó que la normativa aprobada iba contra la letra de la ley Orgánica de Municipalidades “y contra el Estatuto del Empleado Público, ambas leyes provinciales” y que la designación de jueces de Faltas “es atribución de la intendencia”.
Dos semanas después, el 23 de octubre, Fein remitió al concejo la “observación” de la normativa en forma total. Pero los concejales opositores recogieron el guante y, tras debatir el veto en comisión, llevaron al recinto el dictamen de rechazo. El debate no se extendió, ya que distintos ediles se excusaron de argumentar de nuevo lo que ya habían expuesto al tratar la norma. Sólo agregaron que el nombramiento de jueces de Faltas con distintos mecanismos institucionales pero que coincidían en la realización de concursos ya se está aplicando en muchas ciudades y capitales de provincia como Córdoba, Neuquén o Rawson, entre otras. Y que en Santa Fe, donde también se lo hace, la decisión final del procedimiento no corresponde a la Intendencia sino al Concejo de la capital provincial.
Con todo, la normativa ratificada establece que los jueces de Faltas serán nombrados tras un concurso del que surgirá un orden de mérito. Y que una vez atravesado el peldaño, el Concejo prestará acuerdo para una terna, de la cual la Intendencia designará al nuevo juez. Y éste no será “eterno” sino que tras un mandato de seis años deberá volver a concursar.
Y el concurso tendrá un jurado compuesto por un representante del Ejecutivo, cuatro del Concejo, uno del Colegio de Abogados y otro del Colegio de Magistrados.
La normativa se aplicará para cubrir vacantes y futuras designaciones, y no rige para quienes están en funciones, considerando estas como “derechos adquiridos”.
¿El camino judicial?
Nadie lo anticipó pero algunos ediles oficialistas daban ayer por descontado que el Palacio de los Leones continuará la batalla por otros medios, recurriendo a la vía judicial contra la normativa para designar jueces de faltas. El único que mencionó el tema en el recinto fue el socialista Miguel Cappiello, quien, visiblemente enojado, pidió la palabra al término de la votación. “Espero que la intendenta recurra a la Justicia, porque esta norma es inconstitucional”, sostuvo el ex ministro de Salud. Y también mencionó que en Córdoba, cuyo caso había sido citado por sus pares como ejemplo, un juez de Faltas nombrado por concurso había sido detenido manejando un vehículo totalmente alcoholizado.
