Los senadores de la oposición que anunciaron su «compromiso público de impedir la cobertura de la vacancia en la Corte Suprema de Justicia» fueron denunciados por el delito de sedición, para el cual el Código Penal prevé sanciones de hasta cuatro años de prisión.
La denuncia fue presentada este viernes ante la Cámara Federal por el abogado Eduardo Barcesat y está dirigida contra los legisladores Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Fernando «Pino» Solanas, Carlos Reutemann, Juan Carlos Romero, Luis Juez, Gabriela Michetti, Diego Santilli y «todo otro senador» que haya suscripto ese acuerdo.
Fuentes judiciales informaron que el expediente recayó en manos de la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del juzgado federal Nº 4.
El constitucionalista acusa a los parlamentarios por el delito previsto y reprimido en el segundo párrafo del artículo 230 del Código Penal que castiga con penas de uno a cuatro años de prisión a quienes «se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de funcionarios nacionales o provinciales».
En una presentación de cinco carillas, Barcesat sostiene que «ha tomado estado público la iniciativa, ya concretada, de senadores nacionales, para operar una connivencia delictiva a fin de impedir que el Poder Ejecutivo Nacional cumplimente la manda constitucional» de proponer al candidato a ocupar la vacante que dejará Eugenio Raúl Zaffaroni en la Corte.
«No amerita mayor detenimiento el texto claro, sin ambigüedades del precepto constitucional que establece la incumbencia constitucional de proponer a los integrantes del Poder Judicial de la Nación cuyo nombramiento opera con acuerdo del Senado que requiere la aprobación del candidato con el voto de los dos tercios de los miembros presentes», sostiene.
El abogado, que representa en otras causas a la titular de Madres de Plazo de Mayo, Hebe de Bonafini, entiende que se está frente a un «alzamiento público para impedir la ejecución de leyes nacionales» y sostiene que «no hay ningún espacio en la dogmática jurídica que pueda dar sustento al obrar descripto» ya que «las vacancias son para ser cubiertas no para convertirse en escenario de impedimento de la integración de otro de los poderes que conforman el gobierno federal».
Barcesat añade que «la conducta denunciada es igualmente lesiva de las disposiciones que conforman el carácter representativo» del gobierno federal y «denigra la jerarquización constitucional de los partidos políticos que son instituciones fundamentales del sistema democrático».
«Nadie que, en papel milimetrado, se hubiese propuesto diseñar un acto afectatorio de la institucionalidad podría haber superado el oprobio de este obrar», enfatiza al tiempo que añade que «peor aún, intenta oscurecer el carácter delictivo del obrar con la falsa invocación de proteger la independencia del Poder Judicial de la Nación».
De acuerdo a las normas procesales, la Cámara Federal deberá sortear el juzgado que habrá de intervenir y el fiscal que deberá actuar, a quienes Barcesat reclama que citen a «prestar declaración indagatoria a los encartados» y que «decrete sus procesamientos y embargo suficiente sobre sus bienes».
En total, los acusados son 29 senadores de la UCR, el Peronismo Federal, el PRO, el interbloque FAP-UNEN y Guillermo Pereyra, del Movimiento Popular Neuquino (MPN).
«Los abajo firmantes, senadores de la Nación comprometidos con la defensa de la necesaria independencia del Poder Judicial, suscribimos el presente instrumento comprometiéndonos a rechazar el tratamiento de cualquier solicitud de acuerdo para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta tanto finalice el próximo proceso electoral en virtud del cual se elegirá el nuevo presidente de la Nación y se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso», sostiene el documento firmado.
