El kirchnerismo redobló ayer su arremetida contra el juez federal Claudio Bonadío, al denunciarlo penalmente en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y preparar otra presentación en su contra en el Consejo de la Magistratura por “accionar extorsivo”.
La ofensiva se da luego de que el juez ordenara un allanamiento a la empresa Hotesur, de la que la presidenta Cristina Kirchner es accionista, por la falta de presentación de balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
El senador oficialista Marcelo Fuentes recogió la denuncia pública realizada por la presidenta en las redes sociales, que indica que el magistrado tendría una participación accionaria del 20 por ciento en la firma Mansue SA, dedicada a la venta de combustible, y llevó el caso a la Justicia.
La presentación recayó en la Fiscalía en turno número 10 a cargo de Miguel Ángel Osorio, quien hoy se prevé la envíe a sorteo para definir qué juzgado intervendrá.
La denuncia de Fuentes señala que Bonadío no puede formar parte de esa sociedad ya que, según el Reglamento para la Justicia Nacional, el artículo 8° inciso j dispone que “los magistrados están especialmente obligados a no ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia”, en este caso la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La presentación indica además que –tal como informó la mandataria– un familiar directo del juez, su hermano Carlos Alberto Bonadío, posee el 40 por ciento de la empresa, y el resto corresponde a Fernando y Alejandro Climent con un 20 cada uno. Según la denuncia, en la que se acusó al juez también por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de dinero, “del sitio web www.cuitonline.com (surge que) dicha persona jurídica tiene como objeto la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas”.
Junto a la denuncia, el senador kirchnerista pidió que se allanara la empresa de la cual formaría parte el magistrado, e incluso hizo alusión a que –a tono con el mensaje de la presidenta– la firma no habría presentado los balances correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2012 y al 31 de diciembre de 2013, ante la IGJ, como ocurrió con Hotesur. “Este es un dato que no debe ser minimizado ni tomado aisladamente, sino en el contexto de un presumible ocultamiento de la real situación patrimonial de Bonadío”, dijo Fuentes en la denuncia, en donde advirtió que esa “omisión” de Mansue SA sería “parte de una decisión deliberada de sustraerse a los controles de los organismos estatales competentes que podría tener como finalidad el ocultamiento de ciertos aspectos de su situación patrimonial”.
Fuentes tildó de “llamativo” el hecho de que el hermano de Bonadío junto a los Climent integren la sociedad de otra empresa, Gas Lanús SA, también dedicada a la venta al por menor de combustibles. En ese sentido, acusó que los Climent denuncian como actividad la “prestación de servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.
“En este cuadro de situación, resulta ciertamente razonable presumir que Fernando y Alejandro Climent aparezcan formando parte de las sociedades, pero en rigor, su verdadera misión sea la que constituye su actividad, es decir, prestar servicios de asesoramiento empresarial. De ser ello así, lo que se pretendería ocultar sería que los verdaderos dueños de las empresas serían Claudio y Carlos Bonadío”, sostuvo en la denuncia hecha fuera del horario judicial.
El senador oficialista sugirió al menos una veintena de medidas de prueba, entre las que están allanamientos a las empresas Mansue SA y Gas Lanús SA y que el Consejo de la Magistratura evalúe el presunto mal desempeño del juez. También que se pida copia de las presentaciones hechas por ambas empresas ante la IGJ y la Afip, a la Corte Suprema las declaraciones juradas presentadas por el juez y al Consejo de la Magistratura que informe sobre sus ingresos. Incluso, solicitó que se exija al Registro de Propiedad Automotor, al de la Propiedad inmueble, al de buque y aeronaves sobre bienes de este tipo que podrían estar en manos del juez, su hermano o bien los Climent.
Lo mismo sobre pertenencia de tarjetas de crédito, información sobre la titularidad de servicios tales como telefonía, gas, energía y Asysa, y al Banco Central sobre si Bonadío recibió transferencias a su nombre; y a la Dirección Nacional de Migraciones que informe sobre entradas y salidas del país del juez y demás denunciados.
También en la Magistratura
En paralelo, confirmaron fuentes oficiales a NA, el kirchnerismo prepara una nueva denuncia contra Bonadío en el Consejo de la Magistratura por “accionar extorsivo” en el marco del allanamiento a la sociedad Hotesur, de la cual la presidenta Kirchner es accionaria y administra el hotel Alto Calafate.
La presentación, impulsada por el consejero oficialista Julián Álvarez, estará basada en las acusaciones por su presunta actuación a través de un “operativo escudo”, frente a los otros nueve expedientes de destitución que tiene en el Consejo, indicaron las fuentes.
La presentación sería hoy y coincidirá con el plenario para renovar la conformación de las comisiones, entre ellas, la de Disciplina y Acusación –que deberá tratar la denuncia–, y la de Selección.
La primera continuará con mayoría kirchnerista, que designará al presidente, aunque no le alcanzará para tener los dos tercios necesarios para suspender y enviar a juicio político a Bonadío.
En tanto, la Inspección General de Justicia (IGJ) aclaró ayer que “no emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) sobre la sociedad Hotesur SA” ya que estos “incumplimientos formales” no suponen eventuales “maniobras de lavado de activos”.
