El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, consideró que las afirmaciones del líder del Frente Renovador Sergio Massa reclamando un «cierre de la etapa de los derechos humanos para delincuentes» implica una estrategia para «lograr impunidad».
«Implica una clara estrategia tendiente a lograr la impunidad. Consideramos que la política de derechos humanos en la Argentina es una política de Estado», manifestó Capitanich esta mañana en conferencia de prensa.
«El pueblo argentino tiene cabal conciencia de lo que ha significado la dictadura genocida en la República Argentina», añadió.
Ayer, el líder del Frente Renovador pidió «cerrar la etapa de derechos humanos», en sintonía con los dichos de Mauricio Macri de la semana pasada, cuando el referente del Pro sostuvo que en un eventual gobierno suyo iba a «acabar con el curro de los derechos humanos».
En una entrevista publicada por el diario del noroeste argentino El Tribuno, el diputado nacional por el Frente Renovador señaló que si bien «no podemos dejar de mirar que en el país hubo 30.000 desaparecidos», opinó que «la Argentina tiene que cerrar la etapa de derechos humanos».
En este sentido, y sin hacer mención a los juicios por delitos de lesa humanidad motorizados por la política oficial de memoria, verdad y justicia, Massa aseguró que «el Gobierno se olvidó que hay nuevos derechos humanos».
Repercusiones
Gobernadores, intendentes, diputados, ministros y dirigentes políticos salieron al cruce del pedido de Sergio Massa de «cerrar la etapa de los derechos humanos» en la Argentina, al que consideraron un nuevo intento de lograr la impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
«El compromiso con la verdad y la justicia no se clausura, en esto también debemos estar unidos los peronistas», manifestó el gobernador bonaerense Daniel Scioli, quien agregó: «Los derechos humanos no son una etapa que se abre y se cierra. Es la forma que elegimos vivir como Nación».
«Quien no defiende los derechos humanos debilita los cimientos de nuestra seguridad ciudadana», dijo Scioli, en su cuenta oficial en la red social Twitter, sobre las declaraciones de Massa al diario EL Tribuno, de Salta.
Por su parte, en San Vicente donde encabezó un acto con el intendente Daniel Di Sabatino, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, remarcó: «Si ganan, (Mauricio) Macri y Massa van a liberar a todos los dictadores presos y van a anular todos los juicios. Expresan los peores valores de la política Argentina: un profundo desprecio por la justicia y son absolutamente dóciles y complacientes con quienes han servido al endeudamiento de la patria y al hambre del pueblo».
El dirigente peronista dijo que tanto los ex presidentes Raúl «Alfonsín como Néstor (Kirchner) y Cristina Fernández de Kirchner no han claudicado en lucha por la memoria, le verdad y la justicia» y que hay que comprometerse «con la continuidad de los juicios hasta concluir con el último de los imputados. Hasta ese momento no habrá paz en la Argentina».
Por su parte, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo que «Macri y Massa desean impunidad, ese el ‘curro’ histórico de la derecha y los sectores del establishment», y con sus declaraciones se «ofende a Madres y Abuelas, y a todos los que queremos un futuro con Memoria, Verdad y Justicia».
Asimismo, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, aseguró que «no es casual que en la misma semana que Macri hable de curro y Massa exprese que quiere cerrar la cuestión de los derechos humanos. Sergio Massa y Mauricio Macri quieren suspender los juicios de lesa humanidad y ver a los genocidas en libertad. Buscan volver a los 90, con genocidas en libertad, dejando sin respuestas a las víctimas de delitos de lesa humanidad y sus familias».
Sobre los dichos de Massa, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, enfatizó a Télam que «la lucha por los derechos humanos la llevó adelante el pueblo y si pretende detenerla, el pueblo se encargará de mantener esas banderas bien altas. La memoria, la verdad y la justicia en Argentina, no se cierra hasta que no encontremos al último nieto».
El intendente de Berazategui, Patricio Mussi, consideró que «quienes tratan a los derechos humanos como ‘etapa finalizada o curros’ obviamente responden a intereses muy distintos a los del pueblo».
Por su parte, la diputada nacional por el Frente para la Victoria Diana Conti afirmó: «Lo de (Sergio) Massa no es nuevo. Se trata de ese discurso que sostiene que en aras de una supuesta reconciliación piden que se cierre un capítulo para garantizar la impunidad. En realidad quiere que no se avance contra los sectores civiles que ampararon el terrorismo de Estado», señaló la legisladora en diálogo con Télam.
En tanto, el director nacional del Centro Cultural de la Memoria «Haroldo Conti», Eduardo Jozami, dijo: «Se entiende que el fin de esa etapa debe estar seguramente referida a la terminación de los juicios (a los represores), lo cual sólo sería posible con una decisión de amnistía que debería tomar el Congreso Nacional, que Massa no se atreve a plantear», estimó.
Asimismo, en diálogo con Télam, el diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro Marcelo Saín afirmó:
«Hace rato que lo vengo diciendo y estas declaraciones suyas me lo confirman. Massa quiere un indulto para los genocidas que impusieron el terrorismo de Estado en Argentina, pero no se anima a decirlo con claridad».
En un discurso, el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en un acto en Morón, la Presidenta había afirmado: «No hay que enojarse cuando se quiere tratar peyorativamente a la política de derechos humanos, sino que hay que tener pena, y muchos de ellos tuvieron que ver, como civiles que se beneficiaron económicamente y están hoy al frente de muchas empresas, vivitos y coleando».
Y, a partir de los dichos de Macri sobre el «curro de los derechos humanos», Cristina había reclamado: «Quiero pronunciamientos claros respecto al tema de los derechos humanos de todos los hombres y mujeres que quieren conducir la República Argentina, porque es una obligación moral, política, es una obligación democrática e institucional decirle a todos los ciudadanos y ciudadanas».
