Dos de los 24 trabajadores de la Ford secuestrados durante la última dictadura declararán el viernes próximo en una audiencia previa al comienzo formal del juicio oral y público, aún sin fecha, en el que están imputados dos represores y tres directivos de la terminal en la Argentina de esa automotriz estadounidense.
«Esta causa fue elevada a juicio pero sigue sin fecha de inicio, por lo que pedimos adelantar el testimonio de Jorge Constanzo y Carlos Gareis, una posibilidad que permite el Código» Procesal, dijo hoy a Télam el abogado Ciro Annicchiarico, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El Tribunal Oral Federal 1 de San Martín tomará el viernes desde las 9 declaración testimonial a Constanzo y Gareis, trabajadores que tenían militancia sindical en la planta de la Ford en la localidad bonaerense de Pacheco cuando fueron secuestrados en 1976, igual que 22 de sus compañeros.
«Ellos son personas mayores con problemas de salud y el Código permite que el tribunal les tome declaración anticipada con el control de las partes y participación del fiscal, para incorporar sus testimonios como elemento de prueba en caso de que no pudieran hacerlo cuando haya comenzado el juicio», explicó.
Las querellas habían pedido al tribunal que les tome declaración anticipada -como lo hará el viernes en la sede de la calle Villate, en la localidad bonaerense de Olivos- alarmadas por demoras en el inicio del juicio, preocupación que expresaron también a la Cámara Nacional de Casación Penal.
A la espera de justicia, murieron ya otros testigos-víctimas de esta causa, como Juan Carlos Ballestero, Carlos Enrique Chitarroni, Hugo Adolfo Núñez , entre otros, explicaron.
La Cámara de Casación resolvió en consecuencia apartar de la causa de la efedrina al presidente del Tribunal 1, Héctor Sagretti, a fin de que se aboque al demorado juicio de la Ford, parte de la megacausa de Campo de Mayo, que debería comenzar en 2015.
Llegan como imputados a este juicio el ex gerente general Pedro Müller, el ex gerente de relaciones laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, mientras que falleció antes del comienzo de debate el entonces presidente del Directorio de Ford, Nicolás Courard.
Los tres ex directivos están acusados de haber facilitado información para el secuestro de 24 trabajadores de la Ford en 1976 y permitido que los represores montaran un centro clandestino de detención dentro de la planta de Pacheco.
Esta operación represiva lanzada el 24 de marzo de 1976, el día del golpe de estado que dio inicio a la dictadura, respondía a directivas del Comando de Institutos Militares cuyo jefe de la época, Santiago Riveros, es uno de los dos militares también imputados en esta causa.
