El ex alcalde de la localidad mexicana de Ayotzinapa, José Luis Abarca, fue imputado como autor intelectual de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas. Los padres de las víctimas continúan exigiendo al gobierno que investiguen si hubo responsabilidad del Ejército.
El director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, difundió los nuevos cargos contra Abarca, que fue detenido en noviembre y está recluido en un penal de alta seguridad, pero por otros delitos.
Hasta ahora, el ex alcalde estaba acusado de delincuencia organizada, secuestro y homicidio calificado, por el asesinato del líder social Arturo Hernández Cardona, ocurrido en 2013.
Según las autoridades, Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, también detenida, fueron los autores intelectuales del ataque perpetrado contra los estudiantes, que dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos, en una tragedia de repercusión mundial registrada el 26 de septiembre pasado y que mantiene golpeada la gestión del presidente Enrique Peña Nieto.
El caso Ayotzinapa destapó otras muertes y desapariciones ocurridas en los últimos años en la zona de Iguala, 200 kilómetros al sur de la capital. Como parte de las investigaciones se han hallado los cadáveres de otras 30 personas, de las cuales por ahora sólo 12 han sido identificadas. Cinco policías municipales enfrentan órdenes de aprehensión por estas muertes.
Zerón informó que hasta hoy suman 97 detenidos por el caso y descartó que haya habido participación del Ejército, como afirman familiares de los desaparecidos, que ayer intentaron ingresar a un cuartel militar en Iguala para ver si los estudiantes estaban dentro.
Según indicó Zerón, de las investigaciones «no se desprende participación alguna de cuerpos de seguridad federales en desaparición de estudiantes».
Sin embargo, los padres de los 43 estudiantes, al reanudar el diálogo con el Gobierno Federal, reiteraron su exigencia para que se abra una línea de investigación sobre el papel del Ejército en los hechos.
Los jóvenes, alumnos de la Escuela Normal Rural de formación de maestros de Ayotzinapa del sureño estado de Guerrero, fueron perseguidos y detenidos por policías municipales de Iguala para impedir que sabotearan un acto de la esposa del alcalde.
Después fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en una fogata encendida en un basurero, de acuerdo con la versión de tres autores materiales.
Sólo se identificaron hasta ahora los restos de uno de los jóvenes.
El vocero del grupo de padres, Felipe de la Cruz, aseguró que «hay por lo menos 10 estudiantes que han declarado que el Ejército participó el día de los hechos», así como «varios policías y personas de Guerreros Unidos».
Como próximas acciones, De la Cruz anunció que seguirán las movilizaciones, tanto en lugares públicos como cerca de instalaciones policíacas o militares «si es necesario».
Asimismo, continuará con la búsqueda ciudadana, ya que consideran que desde que el contingente de la Gendarmería de la Policía Federal llegó a Iguala, los resultados han sido «nulos».
