A dos días de cumplirse un año de la puesta en marcha de la reforma al Código Procesal Penal de la provincia, diferentes actores del sistema acusatorio realizaron un balance sobre la aplicación de esta norma que implicó un giro de 180 grados en la forma llevar adelante un proceso penal. Con una tajante división entre la tarea jurisdiccional y administrativa, el sistema trajo nuevos paradigmas y. si bien existe en general una satisfacción por la labor realizada, son muchas las cuentas pendientes para lograr optimizar el sistema. La vedette de este primer año fue sin dudas el instituto del procedimiento abreviado, a través del cual se lograron la mayoría de las condenas. Otro dato interesante fue la presencia de los defensores oficiales en gran cantidad de causas, lo que deja ver, según algunos entrevistados, el sector social al que está dirigida la persecución penal.
El inicio del funcionamiento del nuevo sistema fue un proyecto ambicioso al que se debió asignar gran cantidad de recursos. El cambio de paradigma fue total y la norma postuló algunos principios básicos como la celeridad, la oralidad y la publicidad. La modificación fue trascendental y marcó un claro objetivo: tener una Justicia más eficiente, rápida, transparente. Pasaron casi 7 años y algunas prórrogas hasta que se logró articular en la práctica la letra de la norma. A casi un año de su funcionamiento, sus principales actores mostraron conformidad con las metas alcanzadas, aunque remarcaron el extenso camino que resta por recorrer y algunos no escatimaron críticas.
Todos los ilícitos que se produjeron a partir del 10 de febrero del año pasado quedaron bajo la órbita del nuevo sistema, al igual que todas las revisiones planteadas ante la Cámara Penal que se presentaron luego de esa fecha. El nuevo procedimiento cuenta con cuatro etapas: la investigación penal preparatoria (IPP), el procedimiento intermedio, el juicio oral y público y la ejecución de la pena impuesta. El Ministerio Público de la Acusación se encarga de llevar adelante la investigación, mientras que el juez ya no instruye y su actuación es netamente garantista, a lo que se suma el Servicio Público de la Defensa.
El primer piso de los Tribunales provinciales es el escenario donde se llevan adelante las audiencias: sus salas cuentan con equipo tecnológico y fílmico que permite grabar lo que sucede en los recintos. Hasta el momento las audiencias vinculadas con la investigación penal preparatoria acapararon la atención y se produjeron sólo seis juicios orales y públicos, según datos de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), órgano administrativo que se encarga de coordinar la realización de las audiencias y resguardar el material fílmico y probatorio de las mismas.
Según la OGJ, se iniciaron 1.720 carpetas judiciales de las 110.000 denuncias (en el departamento Rosario, 130.0000 en toda la circunscripción) que el Ministerio de la Acusación recibió durante este año; si bien un 53 por ciento de ellas se encuentra en trámite, 473 casos fueron resueltos a través de un procedimiento abreviado, es decir un 27,5 por ciento de los casos judicializados.
La vedette del sistema
El instituto del procedimiento abreviado –que implica un acuerdo entre la defensa, imputado y la Fiscalía en cuanto al hecho, la calificación legal y la pena a imponer que luego es homologado por un juez– no es un tema menor en el nuevo sistema y es reivindicado por el Ministerio Público de la Acusación, que trabajó en 562 acuerdos. El jefe provincial de los defensores, en cambio, fue muy crítico con esta figura. Refirió que la cantidad de juicios orales y públicos son muy pocos y la mayoría de los procesos se abrevian. “Esta promesa de transparencia, apertura, publicidad de la Justicia se ve coartada. Nosotros creemos que el juicio abreviado no es la herramienta por la que naturalmente se tienen que resolver los procesos y está sucediendo todo lo contrario” refirió Gabriel Ganón.
Mientras que el presidente del Colegio de Jueces en Pleno –que incluye a los magistrados de primera y segunda instancia–, Daniel Acosta, sostuvo que el sistema conclusional (el que lleva adelante todas las causas anteriores al 10 de febrero de 2014) copió la experiencia del nuevo sistema y se está abreviando mucho en el procedimiento escrito.
“La Fiscalía, a nivel regional, fijó un protocolo relativo a los presupuestos para llegar a un acuerdo”, señaló y de inmediato detalló que la real disputa se está dando en “los países que están de vuelta, donde se discute si es mejor acelerar determinado número de causas o no hacerlo y privilegiar el mismo resultado ante un hecho similar”.
Sostuvo que lo propio pasa aquí con estos acuerdos abreviados y citó el caso de un proceso de este tipo en el que participó donde se condenó a una pena de prisión domiciliaria a los acusados de secuestros virtuales. “En ese caso había una reparación a las víctimas; ahora, si no hay un buen motivo, yo no sé hasta dónde puede llegar esta cuestión”. Según su opinión, puede llevar a que muchas personas vean consecuencias distintas en situaciones similares: “Por eso hay que ver cada caso”.
Juicios orales
Durante este año se llevaron adelante seis juicios orales. El primero de ellos tuvo lugar a mitad de año y duró aproximadamente tres semanas. Se imputó entonces a Emanuel Lator –alias Ema Caravana, acribillado en enero pasado en zona oeste– resistirse a una detención y portar un arma cuando era perseguido por la Brigada de Homicidios. El joven terminó absuelto y se abrió una investigación contra los uniformados que participaron en el caso por una serie de irregularidades que surgieron en la causa.
Según la proyección en base a las audiencias intermedias que se realizaron –105, según la OGJ– para este año se espera más de medio centenar de enjuiciamientos. Respecto de ello, Juan Pablo Beltramone (titular de la OGJ del departamento Rosario) detalló que hasta junio hay juicios orales programados que se suman a la carga diaria de las audiencias de IPP. “Probablemente tengamos más de un juicio paralelo y ahí estamos un poquito escasos de recursos humanos, porque un juicio oral involucra mucho más gente que una audiencia de IPP”, afirmó.
Sobre este punto, el defensor regional Gustavo Franceschetti detalló que el Servicio Público de la Defensa se preparó y capacitó todo el año para lo que se avecina. Sostuvo que en los primeros tiempos designarán dos defensores por juicio y criticó la falta de celeridad en la celebración de juicios orales. El funcionario agregó que en noviembre pasado comenzaron a fijar las audiencias para este año y como la proyección fue no hacer más de dos juicios orales por mes, en noviembre se programaron debates para agosto, con lo cual la investigación dura 3 meses y hay que esperar 8 para el juicio.
“Esto tiene que ver con un inicio sin estructuras completas, porque todos los jueces que participaron en la investigación no pueden luego participar en el juicio. Se hace sumamente necesario que la Corte autorice el traspaso de más jueces”, concluyó.
Por su parte, Acosta sostuvo que en este momento la Cámara Penal no está preparada para lo que viene. “Las audiencias se suman sobre los mismos integrantes que cada vez son menos; en la actualidad hay cuatro vacantes” refirió, para añadir: “El Poder Ejecutivo está en total mora con nosotros con las vacantes en el sistema viejo, y en el nuevo es una enormidad. No se tienen en cuenta varias cuestiones: el número de casos que hay en Rosario y el apoyo que brindó la Cámara Penal al sistema”. Y concluyó que no buscan un privilegio pero que se ha puesto al límite la capacidad operativa de la Cámara: “Nos sentimos realmente muy afectados porque no se nos está permitiendo dar una respuesta acorde con lo que requiere la sociedad”.
Ministerio Público
El fiscal regional, Jorge Baclini, habló de un inicio problemático con una estructura bastante limitada que se fue acomodando. Actualmente están al 50 por ciento de la capacidad y esperan la incorporación de nuevos fiscales y empleados que los hará superar un 70 por ciento. “Este año debería ser un año donde la visión estará mucho más asentada y consolidada que los primeros meses de gestión” afirmó.
Baclini enumeró que la cantidad de causas iniciadas en este año prácticamente no varió con las del año anterior, en el viejo sistema: unos 130 mil casos, a razón de unos 11 mil mensuales. Y enfatizó: “El desafío inmediato es mejorar los índices de esclarecimiento, ya que por ejemplo hay un 37 por ciento de estas causas que no tiene autores identificados”.
Audiencias y defensores
Según la OGJ, se realizaron 3.425 audiencias. De las 1.720 carpetas judiciales, el 40 por ciento tuvo una resolución de fondo. El 40 por ciento fueron audiencias imputativas con medida cautelar y el 26 por ciento audiencias de medidas cautelares.
Los defensores oficiales participaron en más del 71 por ciento de las audiencias. El defensor provincial refirió que en realidad los sistemas penales suelen trabajar con delitos de menor cuantía y fundamentalmente delitos de flagrancia. “Pequeños delincuentes, por denominarlo de alguna manera, que necesitan que el Estado les designe un defensor”, refirió Ganón. Respecto de las estadísticas, Franceschetti aclaró que no cuentan con medios electrónicos para realizarlas, por lo que aún no tienen datos del segundo semestre y explicó que, en la primera mitad del año, el 78 por ciento de los casos fueron tomados por defensores públicos, por lo que coincidió con su par respecto del sector social al que va dirigida la selectividad penal.
Para Beltramone, de la OGJ, el camino es el correcto
Respecto del funcionamiento de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia, su director en Rosario, Juan Pablo Beltramone, cree estar lejos aún de la meta que se impuso aunque en el camino correcto.
“Para ser más exactos, tener menos demoras en las audiencias; todavía estamos bastante rengos respecto del sistema informático, hay muchas cosas que al no tenerlas de ese lado las tenemos que hacer manualmente”, detalló, y dio como ejemplo las estadísticas, la emisión de oficios, los controles de los plazos procesales. “Estamos lejos de ese perfeccionismo, pero me imaginaba que no iba a ser tan pronto. Sabíamos que tenemos que pasar tres o cuatro años para estar bien ajustados”.
El funcionario Juan Pablo Beltramone detalló que la Justicia nacional tomó en cuenta mucho de la experiencia de Santa Fe respecto del nuevo Código Procesal Penal de la Nación. “Creo que hay mucho por recorrer, hay cambios culturales muy grandes”, dijo para añadir que se repartieron incumbencias y responsabilidades que estaban acumuladas en el juez.
“Eso ha generado ciertas discusiones, ciertas disputas que bien canalizadas nos están nutriendo, mejorando el sistema. Creo que es un cambio cultural importante, que a muchos nos cuesta aceptar pero que poco a poco se va logrando. Me parece que en dos o tres años va a estar un poco más aceitado y todos vamos a aceptar lo que nos toca” concluyó.
Duplicar la respuesta
“Lo que tenemos que aportar este año es casi duplicar nuestro número inicial, hasta lograr una tasa interesante de respuesta”, definió el fiscal regional Jorge Baclini sobre las cifras reales que el sistema selecciona para perseguir: alrededor de un diez por ciento de las 130 mil causas. Con lo cual ese porcentaje debiera ubicarse para este año en alrededor de un 20 por ciento.
Juez Daniel Acosta: “El gran desafío es que la autonomía de los fiscales sea en los hechos y no solamente en las normas”
El presidente del Colegio de Jueces en Pleno, Daniel Acosta, dio su opinión personal al respecto al funcionamiento del sistema, y destacó los aspectos en los que falta profundizar para optimizar el funcionamiento de estos cambios implementados hace un año. “Se avanzó en la calidad institucional” refirió, y sostuvo que el gran reto lo tiene el Ministerio de la Acusación y es determinar cuál será la materia prima de las investigaciones. El camarista entiende que llega a los estrados un menor volumen de casos que en el sistema escrito y detalló que la temática y el sector social al que se acusa siempre es el mismo.
Acosta se mostró a favor de la diversificación de los roles: el que investiga no juzga. “El gran desafío en Santa Fe va a ser que la autonomía que tiene el Ministerio de la Acusación sea en los hechos y no sólo en las normas, y eso se demuestra andando” afirmó. El funcionario no pasó por alto el material probatorio que se ventilará en los juicios orales. Su preocupación se centra en la prueba que va a nutrir los juicios: “Hay una violencia generalizada, testigos que no vienen, testigos que elegirían una condena de falso testimonio a decir la verdad por temor, el tema es cómo vamos a dotar a ese juicio. ¿Con las actas policiales, con la declaración de policías?”.
La producción de prueba
Acosta concluyó que el desafío también está en el avance criminológico, la prueba científica y la prontitud y disponibilidad de la misma, el funcionamiento de la recientemente creada Policía Judicial y los mayores resultados cuantitativos y cualitativos. Si el sistema “solamente se hace cargo de la violencia doméstica, corremos el riego de que muchas veces sea el Código Procesal Penal el que derogue más delitos que el Código Penal”, concluyó.
“Necesaria, pero sin debida planificación ni instrumentación”
El titular del Servicio Público de la Defensa provincial, Gabriel Ganón, opinó que este año se puede ver como un vaso medio vacío o medio lleno. “Creo que era necesaria esta reforma en la provincia, pero fue realizada sin la debida planificación, instrumentación e implementación que hubiera sido necesaria”.
El funcionario jusgó que en realidad no se han mejorado los niveles de credibilidad de la administración de Justicia y este es un punto negativo de la reforma.
A modo de ejemplo, Ganón sostuvo que existe una tasa de esclarecimiento de homicidios que no supera el 40 por ciento, lo que marca un grave problema para el funcionamiento del sistema. “Termina generando un círculo vicioso: falta de credibilidad en la Justicia, falta de credibilidad en la Policía, crecimiento de la tasa de homicidios, caída en la tasa de esclarecimiento”, refirió.
Ganón detalló que la experiencia de los defensores públicos, en algunos aspectos del funcionamiento, ha sido positiva, aunque aclaró que ha habido aspectos muy graves desde el punto de vista institucional, que fueron superados gracias al esfuerzo permanente del Servicio Público de la Defensa y refirió que aún no cuentan un secretario contra la prevención de la violencia institucional y un secretario de políticas institucionales, dos funcionarios clave para la defensoría, según detalló, e interpretó que esas designaciones se encuentran trabadas por el Poder Ejecutivo.
Ganón sumó a este panorama lo que hasta el momento ha sido una conflictiva relación con la Corte Suprema de Justicia provincial, “que se manifiesta en obstaculizar el proceso de designación de los funcionarios de la defensa, intentando quebrar el principio de la autonomía”, sostuvo.
Equipo de trabajo
El defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, hizo hincapié en los avances de la defensoría pública durante este período.
“Logramos organizar un equipo humano que trabaja con convicción, desburocratizadamente, comprometido con su trabajo. Logramos instalar una institución fuerte, que enfrente a la Fiscalía, que sea respetada por los jueces y valorada por sus usuarios, por las personas que requieren de sus servicios. Creo que eso lo pudimos hacer y el gran desafío es mantenerlo en el futuro”, dijo el titular de la defensoría regional.
Violencia institucional y sanción de homicidios
En cuanto a la política de persecución penal, el titular de la defensoría provincial Gabriel Ganón refirió que no está clara y detalló que no la fija la Fiscalía sino la Policía, realidad que no solo se da en Santa Fe sino a nivel mundial, afirmó, para añadir: “Si usted se pone a ver la agenda, la mayoría de los delitos son de flagrancia y hay muy pocas audiencias que han sido consecuencia de un proceso diligente del Ministerio Público. Un llamado de alerta son los nefastos números que está exhibiendo tanto en la investigación y sanción de la violencia institucional como la investigación y sanción de homicidios”.
