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Rastro en una taza motivó un pedido de ADN a Lagomarsino

La jueza Palmaghini encargó el examen para cotejarlo con un perfil genético hallado en el departamento de Nisman.

La jueza Fabiana Palmaghini, que tiene a cargo la investigación sobre la muerte de Alberto Nisman, ordenó que se le realice un examen de ADN a su ex colaborador Diego Lagomarsino para cotejar sus datos genéticos con los encontrados en una taza en el departamento del fiscal.

En una resolución con fecha de anteayer, pero que publicó ayer el Centro de Información Judicial (CIJ), Palmaghini indicó que en el departamento del barrio porteño de Puerto Madero “se obtuvo una muestra correspondiente a un perfil genético distinto al de Nisman, ignorándose aún a quién corresponde”.

Según confirmaron fuentes judiciales a la agencia NA, el ADN diferente al del fallecido fiscal fue hallado en una taza de café que se encontraba en la bacha de la cocina.

Ahora, el objetivo de la investigación es determinar si se trata del rastro de Lagomarsino, quien aseguró que el sábado 17, en una de las dos visitas que le hizo a Nisman en su departamento, se sirvió un café, luego de que el fiscal le entregara una cápsula para que se lo hiciera él mismo.

“Consecuentemente, ante los diversos testigos que dieron cuenta de la visita que allí asumió el día 17 de enero de 2015 (Lagomarsino), se impone acceder a la solicitud formulada por la fiscal (Viviana Fein) y de momento invitar a que se presente ante el Cuerpo Médico Forense para que se obtenga a su respecto una muestra de su perfil genético”, sostuvo la jueza.

Palmaghini subrayó que este examen de ADN debe realizarse “del modo menos lesivo y sin afectar a su poder ni su integridad física, para cumplir posteriormente con su cotejo” con el perfil genético hallado en el departamento de Nisman.

La noche del domingo 18 de enero, Nisman, quien debía explicar al día siguiente una denuncia contra la presidenta Cristina Kirchner por un supuesto encubrimiento del atentado a la Amia en el Congreso, apareció muerto en el interior de su departamento, ubicado en el piso 13 de la torre Boulevard del complejo Le Parc.

Barrido negativo

Por otro lado, el estudio microscópico de barrido electrónico que se reeditó para determinar si el fiscal Nisman tenía o no restos de la deflagración de un disparo en las manos volvió a dar negativo en los laboratorios de Salta, informaron fuentes judiciales.

A cargo de resguardar las pruebas estuvo el secretario de la Fiscalía de Instrucción 45, Bernardo Chirichella, quien viajó a Salta para llevar personalmente las muestras sin violar la cadena de custodia y presenciar el peritaje.

Tal como ya había sucedido con un primer peritaje realizado por la Policía Científica bonaerense, los expertos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales de Salta tampoco encontraron restos de bario, antimonio y plomo, los tres elementos que se desprenden de la deflagración de un disparo de arma de fuego.

Las fuentes explicaron a Télam que durante el peritaje realizado ayer por la mañana se volvieron a analizar las mismas muestras que habían sido tomadas por los peritos de la Policía Federal de las manos de Nisman y fueron introducidas al microscopio Zeiss 6 de última generación.

Ayer, en tanto, la fiscal Fein continuó con las declaraciones testimoniales, entre las que se encontraron efectivos de la Policía Federal los que recibieron a Nisman a su llegada a Ezeiza el 12 de enero pasado y la madre del fiscal, Sara Garfunkel.

Advertencia de “recusaciones”

El diputado nacional del Frente para la Victoria Jorge Landau deslizó ayer que los jueces que participen de la “marcha del silencio” a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman podrían ser “recusados” por “intervenir en cuestiones políticas” promovidas por “los mismos dirigentes opositores que son habituales litigantes ante sus estrados”.

“Me pregunto si los jueces que participen de la marcha habrán meditado respecto a la actitud que tomarán cuando sean recusados por intervenir en cuestiones políticas llevadas a su consideración por los mismos dirigentes políticos opositores que son habituales litigantes ante sus estrados”, cuestionó el apoderado del PJ nacional.

A través de su cuenta de Facebook, el histórico dirigente peronista señaló que “todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse, especialmente los políticos y sus partidos”, aunque subrayó que “cuando uno es un funcionario del Poder Judicial debe tomar prevenciones ya que integra uno de los tres poderes de la Nación y eso implica determinadas responsabilidades”.

Los fiscales que encabezaron la convocatoria realizada el pasado viernes en la puerta de los Tribunales de Comodoro Py integran el sector más enfrentado con el gobierno y en sus manos llevan causas sensibles contra varios de sus funcionarios.

En tanto, la Amia como institución anunció ayer que participará de la “marcha del silencio” y destacó que fue convocada como “una movilización ciudadana, pacífica y sin banderías políticas”. “Amia no cesará en su pedido de justicia (por el atentado) que ahora hace extensivo al reclamo por el esclarecimiento de la muerte del doctor Alberto Nisman”, agregó la entidad presidida por Julio Schlosser.

Declaración del canillita

El canillita de la ex esposa de Alberto Nisman, Sandra Arroyo Salgado, ratificó ayer ante la Justicia que el ejemplar de la revista Noticias que tenía una imagen del fallecido fiscal con una marca en la cabeza no fue aquel que él hizo llegar a su domicilio. Al declarar como testigo, el diariero aseguró que la revista que ordenó entregar en la vivienda de la magistrada no era aquella en la que Nisman aparecía con un punto en la cabeza, simulando un disparo. La revista había llegado al domicilio de Arroyo Salgado el día anterior de la muerte de Nisman.

Casanello, por sorteo

El juez federal Sebastián Casanello fue designado ayer por sorteo para llevar a cabo una investigación contra el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso por presunto enriquecimiento ilícito, a raíz de una denuncia de la ONG La Alameda. La denuncia del titular de la ONG y legislador porteño Gustavo Vera quedó en poder del juez y el fiscal federal Ramiro González. Los presuntos delitos que habrían cometido Stiuso serían los de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero e incompatibilidad de deberes de funcionario público.

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