El oficialismo logró aprobar el proyecto de ley que crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) con 38 votos a favor y 7 en contra, en una rápida sesión que tuvo escasa presencia de senadores opositores.
Pasadas las 14, el Frente para la Victoria logró reunir el quórum con 31 senadores propios (faltaba la saltaña Cristina Fiore, de licencia médica), cinco aliados -salvo Carlos Menem, que no asistió- más Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, y Jorge Garamuño, del interbloque del Peronismo Federal.
La presencia de Garramuño llamó la atención porque su interbloque, encabezado por Adolfo Rodríguez Saá, se había comprometido a participar del debate -a diferencia del resto de la oposición- pero había anunciado que no daría quórum.
El debate estuvo atravesado por la muerte del fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, por tratarse del hecho que motivó al Gobierno a enviar al Congreso la reforma de los organismos de inteligencia, a los que tanto el oficialismo como la oposición vinculan con el fallecimiento del funcionario judicial.
El oficialista Marcelo Fuentes, encargado de la defensa inicial del proyecto, señaló como uno de los puntos principales que la AFI «dirigirá y coordinará» a los «subsistemas de inteligencia, tanto la inteligencia criminal como la inteligencia estratégica militar».
También se refirió a los gastos reservados en inteligencia, uno de los puntos que genera más debate en esta temática, y subrayó que «la reserva de los fondos se invierte: los fondos serán públicos y las reservas serán excepcionales».
Además, destacó que la presidenta Cristina Kirchner «dispuso un nuevo esquema normativo en el funcionamiento de las tareas de inteligencia», como el refuerzo de «las prohibiciones de actuación interna de los organismos de inteligencia».
Esta idea fue ampliada por el jefe del bloque oficialista, Miguel Ángel Pichetto, quien detalló algunas de las modificaciones que se le hicieron a la iniciativa y entre ellas subrayó la «prohibición de realizar tareas represivas o cumplir funciones policiales o de investigación criminal».
Al respecto, precisó que la AFI sólo podrá realizar investigación criminal interna «ante requerimiento específico y fundado realizado por la autoridad judicial», algo que calificó como uno de los cambios más importantes que se le hicieron al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la peronista federal Liliana Negre de Alonso señaló que «se han aceptado modificaciones de organismos extraparlamentarios, como el CELS, y resulta que esas modificaciones habían sido propuestas por la oposición».
«Hemos estado cansados del atropello y el autoritarismo», continuó Negre de Alonso para justificar la ausencia de todo el arco opositor durante el debate en el plenario de comisiones y cuestionar el rápido tratamiento que se le dio al proyecto.
Respecto a la iniciativa, la senadora puntana criticó que «no se dice nada sobre la idoneidad que deben tener los funcionarios al frente de la agencia» y cerró diciendo que «con una ley van a tratar de tapar el magnicidio sufrido por todos los argentinos, que ha sido la muerte de un fiscal».
A su turno, Rodríguez Saá consideró que el proyecto «no cambia nada, porque se mantienen lo mecanismos que han permitido las actitudes corruptas de este organismo».
En el mismo sentido, sostuvo que «nadie ha sugerido que la muerte del fiscal Nisman sea por una falla del Sistema de Inteligencia, sino que alguna facción interna ha tenido algún vínculo directo o indirecto con su enigmático deceso».
