La marcha convocada para ayer motivó durante el fin de semana pasado contactos cruzados y encuentros reservados en las alturas del Poder Judicial. La Corte Suprema, y puntualmente Ricardo Lorenzetti, oscila por estas horas entre un distanciamiento necesario y el requerimiento de no lucir ajeno ante un choque de las diversas facciones que se disputan la arena judicial, específicamente el Ministerio Público.
Desde el inicio del affaire Nisman, el titular de la Corte observa los acontecimientos a la distancia y elude cualquier pronunciamiento. Esa conducta es casi una prueba de resistencia para quien en los últimos años ha elegido convertirse en una especie de “caudillo” de los jueces, que construye poder desde el mismo estamento que representa y no precisa de respaldos externos de ningún tipo.
Recibió a la jueza Fabiana Palmaghini, dialogó con los forenses y se puso a disposición de Sandra Arroyo Salgado. Esa faceta de “facilitador” lo preservó de cualquier tipo de injerencia en la actividad de ayer que, por cierto, tuvo adversarios en la Corte tanto por sus impulsores como por el mensaje final.
Mucha interna
El hecho de que no participe ninguna de las entidades que agrupan a las víctimas del atentado le restó sentido a la marcha y la cristalizó como una muestra más de las internas que dominan a la Justicia. Todos los organizadores están enemistados, por diversos motivos, con Alejandra Gils Carbó: algunos porque han perdido estructuras (Guillermo Marijuan y Raúl Plee), otros porque se han visto acotados en sus funciones (Germán Moldes) y otros sólo por cuestiones de ego e intrigas de poca monta (Ricardo Sáenz).
La imagen de la Justicia
Por eso, la preocupación en la Corte es más de fondo y trata sobre el rol institucional en el que queda la Justicia, más ahora cuando la ex esposa de Nisman clama por revisores de la OEA en la causa que investiga la muerte del fiscal.
Esa incursión es injustificable desde lo técnico porque se trata de un expediente que no tiene sentencias y sólo un mes de existencia. Pero es un mensaje áspero por el mero hecho de que quien lo solicita es una jueza federal, o sea una agente del mismo sistema que está cuestionado.
Decisiones en el congelador
A esos ruidos internos se suma el frente con el gobierno y puntualmente con aquel sector que entiende que el poder real detrás de la marcha no son jueces o fiscales sino el ex gerente de la clandestinidad, Jaime Stiuso.
La cautela de la Corte no es sólo retórica: por ahora no resuelve el expediente relacionado con el encubrimiento de la pista siria y en la Casación tampoco tratan el destino final de memorando de entendimiento con Irán. Sigilo calculado y de efectos dispares pero que encontrará su momento final justo antes de que Lorenzetti inaugure el año judicial.