La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto del Poder Ejecutivo por el cual se reformula el sistema de Inteligencia nacional, que apunta a delimitar las funciones de los agentes de la ex Side y establecer un mecanismo transparente de los fondos reservados.
Tras más de seis horas de debate, el oficialismo, con la colaboración con sus habituales aliados, se impuso por 131 votos a favor contra 71 negativos, aglutinados en la mayoría de los representantes del arco opositor, en el marco de una votación que se concretó cerca de las 4.
Para ganar la votación, el bloque de diputados del Frente para la Victoria, reunió la mayoría en base a los 117 votos propios y el apoyo de aliados como Nuevo Encuentro, Frente Cívico de Santiago del Estero, Movimiento Popular Neuquino, el Frente por la Inclusión Social, el Movimiento Solidario Popular, el PJ La Pampa, y el radical disidente Eduardo Santín.
En lo que constituyó la primera sesión extraordinaria del año, la heterogénea oposición conformada por el PRO, el radicalismo, el massismo y el Frente Amplio Progresista concurrió a dar el debate, luego que el oficialismo reuniera el quórum reglamentario, contrariamente a lo que sucedió en el Senado, donde la mayoría del arco opositor optó por no asistir.
Como miembro informante del proyecto en su carácter de presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada Diana Conti afirmó: «Que las escuchas telefónicas estén en manos de la Procuración o de la Corte no puede ser el eje central de los cuestionamientos de la oposición, porque de última voten en contra de ese artículo pero acompañen el proyecto».
«Me dan vergüenza los dictámenes de minoría y objeciones planteadas por la oposición», señaló la diputada kirchnerista, al tiempo que instó «a la opinión pública a que conozca la perversión, la suciedad y la corrupción de un sistema que hoy vamos a estar orgullosos de cambiar».
Para Conti, «este proyecto apunta a terminar con el contubernio entre agentes de inteligencia y algunos miembros del Poder Judicial».
Conti destacó que «con el traspaso de la Dirección de Observaciones Judiciales a la Procuración General, ésta va a quedar subordinada totalmente al poder político y, eventualmente, al Poder Judicial».
«Sacándole la tarea de las escuchas a esa agencia y poniéndola en otro poder del Estado, un extra poder, se le saca la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial deje de existir», explicó.
Y concluyó: «Es a través de las escuchas donde se ha ido construyendo ese andamiaje. Y contra eso pedimos la solidaridad de este cuerpo para que deje de existir».
Sin embargo, el pedido de la diputada kirchnerista no fue acompañado por la oposición, que discurso a discurso se encargó de manifestarse en contra de la iniciativa.
Desde el radicalismo, Manuel Garrido señaló que «esta ley que el oficialismo saca a las apuradas, no genera mayor transparencia, no establece un control ni genera un mayor acceso a la información».
Para Pablo Tonelli, del PRO, «la iniciativa no aborda ni mucho menos soluciona, claro está, los principales problemas en la materia y que son de público conocimiento».
Por la Coalición Cívica, Fernando Sánchez dijo que «jamás el bloque oficialista tuvo voluntad de ocuparse de tratar los proyectos para regular y modificar los organismos de inteligencia», mientras que desde el Frente de Izquierda, Nicolás del Caño justificó la negativa a acompañar el proyecto al señalar que el mismo «deja en pie todo el andamiaje del nefasto sistema de inteligencia que hay en la Argentina».
Lo concreto es que el proyecto aprobado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que «el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional».
Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.
La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.
De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.
En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo «por pedido expreso del juez en una causa determinada».
Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.
