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D´Elía, a juicio oral por intimidación pública a ruralistas

El juez Ercolini elevó la causa iniciada en 2008, cuando el dirigente realizó una contramarcha en pleno conflicto del Gobierno con el campo. Fue registrado por las cámaras cuando golpeaba a un manifestante.

El dirigente Luis D´Elía irá a juicio oral y público por intimidación pública a ruralistas a raíz de la contramarcha que encabezó en pleno conflicto con el campo por la resolución 125 que fijaba retenciones a las exportaciones.

Lo resolvió el juez federal Julián Ercolini al enviar a juicio oral y público a D´Elía y luego que la Cámara Federal rechazara planteos interpuestos por su defensa para dar por cerrada el caso.

El abogado de D´Elía había acusado que por el hecho en sí a su cliente ya se lo había investigado en otras dos causas: en uno resultó condenado por las lesiones que le provocó al ruralista Alejandro Gahan, y otro similar que culminó en un archivo.

El hecho tuvo lugar el 25 de marzo de 2008, en Plaza de Mayo, cuando un grupo de ruralistas se manifestaban contra el Gobierno por la 125.

D´Elía junto con un grupo de personas realizó una suerte de contra marcha que obligó a los ruralistas a abandonar la plaza, y la Justicia consideró que el dirigente habría provocado un «temor generalizado, tumultos y desórdenes contra manifestantes».

Según fuentes judiciales, Ercolini declaró clausurada la instrucción y elevó el expediente a juicio oral y público, y de ser condenado D´Elía podría recibir una pena de hasta 6 años de prisión.

La acusación sobre el dirigente es porque la noche del 25 de marzo de 2008, aproximadamente desde las 23, luego de haberlo anunciado públicamente por diversos medios, irrumpió en la Plaza de Mayo y sus inmediaciones, «liderando una columna de personas y, mediante actos de incitación a la violencia, provocado con conocimiento y voluntad de realización, temor generalizado, corridas, tumultos y desórdenes contra una considerable cantidad de manifestantes que allí se encontraba».

«Todo ello lo habría realizado con el designio final ilegítimo de desplazar violentamente a los manifestantes y ocupar territorialmente la plaza», sostuvo Ercolini.

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