La querella en la causa contra el sacerdote Julio César Grassi manifestó su satisfacción por la medida tomada por la Procuración Fiscal de la Nación al pedir a la Corte Suprema que confirme la condena de 15 años de prisión dictada al sacerdote por un caso de abuso sexual de un joven y que se revoque la absolución en otros dos casos.
“Estamos muy contentos que de una vez por todas se avance concretamente para que Grassi cumpla con la condena que merece”, expresó Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), tras conocer el dictamen. Schulman dijo que la medida aún causa más satisfacción “cuando la doctora García Nieto, tal como lo hizo la procuradora general de la Provincia de Buenos Aires, incluye en su dictamen la revocación de la absolución en los casos de Luis y Ezequiel”.
El pasado 1º de abril, la procuradora fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Irma Adriana García Netto dictaminó que se confirme la condena contra el sacerdote por el caso de abuso sexual a un niño y que se revoque la absolución en otros dos casos. El pronunciamiento de la procuradora puso al religioso al borde del cumplimiento efectivo de la condena a 15 años de prisión, si la Corte Suprema hace propio su dictamen.
En el fallo la procuradora fiscal opinó que la acusación que se formuló por el caso en el cual el sacerdote fue condenado no violaba garantías constitucionales y señaló que la sentencia absolutoria por el presunto abuso que habría cometido a otros dos niños resultó arbitraria.
La causa contra el cura se inició en 2002, a raíz de una investigación que incluyó una cámara oculta. Tres chicos de la Fundación Felices Los Niños acusaron a Grassi en 2008, en un juicio oral y público, de someterlos a abusos sexuales. El año siguiente el cura Julio César Grassi fue condenado a 15 años de prisión por abusar de uno de dichos menores de edad, pero fue absuelto en el caso de los otros dos. El cura sólo cumplió dos meses de prisión domiciliaria y, en virtud de que su condena no estaba firme, gozó de libertad hasta no hace mucho tiempo.
“Esperamos con la misma intensidad y convicción con la que hemos trabajado todos estos años lograr una condena de cumplimiento efectivo por los aberrantes delitos cometidos por el aún sacerdote. Es obligación de la Justicia restituir los derechos vulnerados y reparar los daños sufridos por todas las víctimas involucradas en el caso”, expresó Schulman.
