El oficialismo buscará en el Senado, con apoyo de parte de la oposición, convertir en ley el proyecto que estatiza la administración de la infraestructura ferroviaria, que ayer obtuvo dictamen en comisión.
El plenario de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda recibió al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, quien defendió el texto enviado por el Ejecutivo y aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados.
Si bien estaba previsto que se tratara la semana próxima, en la reunión de Labor Parlamentaria de este martes se decidió llevar el proyecto al recinto este miércoles y votarlo sobre tablas, debido a que, igual que ocurrió en la Cámara de Diputados, fue aceptado por la mayoría de los bloques opositores.
Durante el plenario de comisiones, Randazzo ratificó que la iniciativa plantea la recuperación para el Estado de «la administración de todas las vías» ferroviarias a través de la nueva compañía Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, y aseguró que «la idea es que la empresa tome todas las decisiones».
«Vamos a poner un peaje para que haya muchos operadores», indicó el ministro y precandidato presidencial del oficialismo, al tiempo que afirmó que «todas las concesiones serán puestas bajo análisis».
Los senadores de la UCR se mostraron de acuerdo con el proyecto y anticiparon que votarán a favor en general cuando el debate llegue al recinto, pero durante el plenario de comisiones firmaron un dictamen propio con cambios al original.
El jefe de la bancada radical, Gerardo Morales, señaló que la UCR está de acuerdo con «la recuperación y reactivación de los ferrocarriles y también de la industria ferroviaria», pero considera que es necesaria la creación de un «consejo ferroviario» para fijar «una política más densa de la que ningún gobierno se aparte».
Además, en su dictamen también planteó que la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRT) debe estar «por fuera» del área ministerial y e integrada por miembros del Congreso «y también de los usuarios», dado que «tiene que controlar al (prestador) privado y al público».
El más crítico fue Fernando «Pino» Solanas, del intebloque FAP-UNEN, quien hizo un repaso histórico de la política ferroviaria y señaló que «no hubo acto más salvaje que la destrucción del sistema ferroviario», al cual fue un «golpe terrible para las economías regionales».
El cineasta cuestionó la política de control y de subsidios a las empresas de ese sector por parte del Gobierno actual y opinó que fue «una permanente burla a los usuarios».
«Comparto que fue una salvajada», respondió Randazzo ante la opinión de Solanas sobre la política privatizadora de los ferrocarriles efectuada durante la década de 1990.
Sin embargo, el ministro subrayó que «es un proceso de décadas» y opinó que «muchas veces es más fácil el discurso que transformar la realidad», al tiempo que remarcó que la situación «no se arregla esto con discursos».
«La realidad es que este es un proceso inédito», sostuvo Randazzo respecto de su gestión en materia ferroviaria y agregó: «Yo lo convoco a que no deslegitimemos este proceso antes de salir, que trata de no cometer los errores del pasado. Yo les aseguro que el esfuerzo que se ha hecho en estos dos años y medio ha sido enorme».
Además de crear la empresa Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado -que deberá articular todo el sector ferroviario nacional-, el proyecto del oficialismo declara «de interés público nacional y como objetivo prioritario la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas».
Establece, también, que el Poder Ejecutivo «deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes».
