La Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento del titular de la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de activos (Procelac), Carlos Gonella, por supuestamente haber omitido impulsar una investigación contra el empresario Lázaro Báez.
Gonella, un fiscal del círculo íntimo de la procuradora Alejandra Gils Carbó, está imputado por el delito de prevaricato, esto es, tomar decisiones contrarias a derecho.
En su decisión, la Sala II de la Cámara Federal ratificó el procesamiento de Omar Orsi, también integrante de la Procelac.
Ambos están acusados por haber omitido impulsar la investigación contra Lázaro Báez y su entorno por lavado de dinero y solo hacerlo contra Leonardo Fariña y el financista Federico Elasakar, los dos procesados por ese delito.
Fue en un dictamen que Gonella y Orsi firmaron el 18 de abril de 2013 como fiscales auxiliares, ya que en ese momento la fiscalía donde recaló la denuncia estaba siendo subrogada por Ramiro González.
Luego de ese primer dictamen, cuando volvió de su licencia para hacerse cargo de la fiscalía, Guillermo Marijuan decidió ampliar la acusación hacia Báez y su entorno.
La acusación surgió a raíz de un informe televisivo de Jorge Lanata en el que denunció una maniobra urgida por Báez y de la que participaron supuestamente el resto de los acusados, para «fugar» unos 55 millones de euros al exterior.
La Sala II recordó que tras el informe televisivo, la Procelac pidió informes al Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre Lázaro Báez, su contador Daniel Pérez Gadin, Fabián Rossi, Elaskar, Fariña, y empresas que se mencionaron en la investigación periodística.
No obstante, al momento de impulsar la investigación «omitieron su inclusión en el dictamen presentado en el proceso penal y no propusieron la producción de ni una sola prueba dirigida en esa dirección», reprochó la Cámara.
La defensa de Gonella había insistido que a la hora de impulsar la denuncia sólo había elementos, como ser reportes de operaciones sospechosas por movimientos bancarios, respecto de Fariña y Elaskar, y que tiempo después la UIF informó sobre aquellos relativos a Báez.
Para la Cámara, ellos «podían conducir a ampliar el objeto procesal, pero no a excluir o minimizar los alcances de las denuncias primigenias en función de esos nuevos datos».
«El requerimiento fiscal que se incorporó no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones sino que impulsaron una instrucción acotada en base a reportes de operaciones sospechosas que fueron introducidos a la causa del modo reseñado y sobre los que en su mayoría no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, UIF y Procelac», señalaron los camaristas.
«La oportuna incorporación al expediente de los reportes de operaciones sospechosas relacionados con Elaskar, Fariña y sus empresas vinculadas, efectuada por la Procelac permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado hacia ciertos acontecimientos la investigación», agregaron los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun.
También fue ratificado el embargo por la suma de setenta y cinco mil pesos. Gonella, a su vez, es investigado en otra causa, a cargo de Claudio Bonadio, por supuesta violación de secreto de una investigación penal por narcotráfico.
