Túneles, palomas mensajeras, escuchas telefónicas, equipos especiales de fiscales, allanamientos cinematográficos, informes policiales, testigos protegidos le dieron marco a la megacausa Monos. Una investigación judicial muy mediatizada que empezó con la muerte de Martín Paz (en 2012), pero se exhibió como la pesquisa sobre una organización criminal liderada por el clan Cantero. El caso llevó a 39 personas al banquillo –entre ellos 14 miembros de fuerzas de seguridad, la mayoría policías– con distinto grado de participación en una asociación ilícita, figura que se eligió para caratular el caso. Ayer, casi la mitad de los imputados firmaron un acuerdo abreviado. Uno de ellos es el sindicado líder de la banda. Máximo Ariel Cantero, alias Guille, quien recibió la pena más alta: nueve años de prisión. Al Guille le unificaron los delitos de tenencia de arma de guerra, la jefatura de la asociación ilícita y participación secundaria en el crimen de Diego “Tarta” Demarre, en 2013. Los detalles fueron brindados en conferencia de prensa, donde el Ministerio Público Fiscal del viejo sistema penal aseguró que el objetivo es que no hubiese impunidad. Aún falta la homologación del Juzgado de Sentencia.
La megacausa Monos se inició con el asesinato de Martín “Fantasma” Paz en septiembre de 2012. La víctima era cuñado de Claudio “Pájaro” Cantero y parte de la organización, según aseguró Luis Paz, padre de la víctima. El Fantasma fue acribillado por un sicario cuando iba con su familia en un BMW valuado en 70 mil dólares por Entre Ríos y 27 de Febrero. Ocho meses después, el 26 de mayo, se produjo el asesinato del Pájaro Cantero frente a un boliche villagalvense, lo que desató un baño de sangre en venganza.
Al día siguiente el dueño del boliche, Tarta Demarre, fue asesinado cuando regresaba de Tribunales, y un día después la familia de Milton César (sospechado de integrar el grupo de sicarios que mató al Pájaro) fue baleada por motociclistas cuando circulaba en una camioneta por Acevedo y Francia, lo que produjo la muerte de su hermano, su madre y el conductor del vehículo. Estos hechos empujaron la reactivación de la causa de Paz y el 30 de mayo se realizaron múltiples allanamientos en propiedades de la familia Cantero y su entorno. Allí entró en acción la División Judiciales de la UR II, que al igual que el juez instructor, Juan Carlos Vienna, aparecieron como los paladines de la justicia y después terminaron investigados. Los detenidos fueron imputados de pertenecer a una asociación ilícita dedicada a la comisión de delitos indeterminados como portación y tenencia de armas, homicidios, lesiones, extorsiones, amenazas, daños, cohecho y encubrimiento con el fin de comercializar y distribuir estupefacientes. Según la investigación, la organización delictiva contaba con una estructura interna con funciones definidas, poder económico, de fuego y apoyo policial.
En total, 39 personas, entre civiles y policías, quedaron en condiciones de ir a juicio, ninguno de ellos por la muerte de Paz.
En diciembre del año pasado comenzaron las negociaciones del juicio abreviado. En el camino, hubo idas y vueltas hasta que se firmó ayer. El acuerdo implica la condena a 14 personas, de las cuales 10 tienen prisión efectiva y cuatro condenas condicionales. A su vez, hay cuatro solicitudes de suspensión de juicio a prueba, donde se ofrece a favor del Estado la famosa quinta de la localidad de Pérez atribuida a los Cantero. Esta propiedad fue una parte importante de la investigación, ya que se mostró a los medios una pileta de natación cuya forma semejaba la cabeza de Mickey Mouse como una prueba de ostentación de los nuevos ricos.
En tanto, 17 personas irán a juicio por el mismo caso, en su mayoría policías, mientras se resuelve la situación procesal de otras cuatro. La fiscal de Cámaras Cristina Rubiolo refirió que con el abreviado se asegura una sentencia de condena razonable, donde se reconoce la existencia de la asociación ilícita con una importante cantidad de miembros.
Delitos
Luego de casi tres años, la megacausa cerró en un abreviado para 14 de los imputados en el caso, muchos de ellos sindicados como piezas principales de la banda. Este expediente que tramita en el viejo sistema penal aprovechó una herramienta que brinda el Código Procesal provincial. A través de ella, el fiscal Gonzalo Fernández Bussy y sus superiores de Cámara Guillermo Camporini y Rubiolo arribaron a un acuerdo con los defensores Carlos Varela, Adrián Martínez, Fausto Yrure, Marcos Cella, Jorge García Cupé y Jorge Bedouret respecto de la acusación, la calificación legal y la pena que cumplirán estos imputados.
El abreviado fue rubricado ayer en Tribunales: por la mañana firmaron Celestina Contreras (madre de Guille y pareja del prófugo Máximo Ariel Cantero), Hernán Bustos (acusado de llevar la contabilidad del prófugo Ramón Machuca, alias Monchi Cantero, conocido como “el Ariel”), y Mariano Ruiz (sindicado administrador de los ingresos del grupo). El trío fue condenado a 3 años de prisión efectiva por asociación ilícita. A Contreras se le sumó el delito de tenencia de arma de fuego. Según una fuente de la causa, la pena se encuentra cumplida para los tres si se cuenta el tiempo que permanecieron con una cautelar.
Fueron condenados a 3 años de prisión condicional Miguel Ángel Vilches, su hermana Gisela y su madre Susana Alegre. El fiscal de Cámaras Camporini argumentó en una oportunidad que, si bien Vilches no pertenece a las primeras líneas de la banda, montó una empresa familiar a partir de su relación con la organización criminal. En tanto, el ex prefecto Luciano Ramos fue condenado a 3 años como partícipe de la asociación.
Por su parte, Juan Domingo Ramírez, señalado como un lugarteniente del clan Cantero, fue sentenciado a tres años y medio como integrante de la asociación ilícita. El imputado fue detenido en enero de 2015 y protagonizó una fuga desde el interior de la Jefatura policial a sólo 9 horas de su detención. Ramírez fue recapturado en julio pasado en la provincia de Corrientes y desde entonces permanece tras las rejas. Una fuente de la causa refirió que deberá cumplir aproximadamente un año más de prisión para luego solicitar beneficios.
A su vez, Norberto González, alias Chino (apuntado como sicario), fue condenado a tres años de prisión efectiva como integrante de la banda. El sargento de la Policía Juan Marcelo “Chavo” Maciel fue condenado a la misma pena por los delitos de integrante de la asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y violación de secreto. Además lo inhabilitaron en forma perpetua y le aplicaron una multa.
Ángel “Pibu” Villa fue ligado al manejo de búnkers en los barrios Tablada, Saladillo y La Lata junto con Leandro “Gordo” Vilches y Jorge “Ema” Chamorro. El primero fue condenado a 3 años de prisión efectiva por su participación en la asociación ilícita.
Asociación y muerte
Por su parte, Vilches y Chamorro tienen sobre sus hombros dos acusaciones: participación en la asociación ilícita y el crimen de Demarre, ocurrido el 27 de mayo de 2013 cuando éste llegaba a su vivienda y fue interceptado por un Volkswagen Bora que giró en U junto al vehículo de la víctima. Demarre fue ultimado a tiros. En mayo de 2014, ambos fueron procesados por la jueza Rodenas como partícipes necesarios del homicidio calificado, mientras que Guille Cantero fue encausado como el autor material.
En el abreviado, Vilches y Chamorro fueron condenados a 8 años de prisión como miembros de asociación ilícita y participación secundaria en el homicidio agravado por uso de arma de fuego de Demarre. A Vilches se lo declaró reincidente.
Guille Cantero fue condenado a 9 años de cárcel por los delitos de jefe de la asociación ilícita, partícipe secundario del crimen de Demarre y a ello se le sumó una condena anterior a 2 años por tenencia de arma sin la debida autorización.
Probation
Por su parte, Lorena Schneider (pareja de Ruiz), Lorena Verdún (madre de los hijos del Pájaro Cantero), Vanesa Barrios (pareja de Guille Cantero) y Daniel Bertolotto (sindicado testaferro de la banda) plantearon la suspensión del juicio a prueba y ofrecieron una valiosa propiedad ubicada en Pérez que figura a nombre de Barrios en un 50 por ciento y el resto de la titularidad la tiene otra persona (cuyo nombre no trascendió). Este planteo fue visto con buenos ojos por la Fiscalía.
Conferencia
En la conferencia de prensa que por la tarde brindó el Ministerio Público Fiscal, Camporini sostuvo que en el marco de la política de persecución quieren evitar la impunidad.
“Entendemos que este es un primer paso. Si nos acompaña la Justicia federal con las investigaciones –por narcotráfico– que tiene vinculadas por este caso y nos acompaña el nuevo sistema indudablemente también se pueden lograr condenas y lograr grandes éxitos”.
A su vez, los fiscales detallaron que la suerte de los bienes secuestrados se resolverá al concluir la causa y sostuvieron que las cuestionadas escuchas fueron reconocidas como prueba en el abreviado. Por otra parte refirieron que se reunieron con jefes policiales para reactivar los pedidos de captura que pesan sobre los prófugos. Respecto de Guille Cantero y su participación en el homicidio de Demarre, la Fiscalía argumentó: “En aras a obtener resultados condenatorios se consideró que, con la prueba que había, con la valoración que había lo más conveniente era establecer una responsabilidad penal como partícipe secundario en el crimen”.
Proceso
El juicio abreviado fue rubricado en la Fiscalía a cargo de Gonzalo Fernández Bussy, aunque físicamente se utilizó un despacho del Juzgado de Instrucción 4ª por cuestiones de espacio. Sin embargo, los últimos cinco imputados en llegar desde la cárcel de Piñero firmaron en el subsuelo de los Tribunales. El trámite respecto de estos acusados llevó media hora de reloj. Ahora el acuerdo será remitido al juzgado de Alejandra Rodenas, que deberá determinar si se cumple la admisibilidad formal del abreviado y luego pasará al Juzgado de Sentencia 6ª, a cargo de Julio García, donde se tramitará su homologación.
Un fierro demasiado caliente
La muerte de Martín “Fantasma” Paz fue el origen de la megacausa en la que desfilaron muchos fiscales. La fiscal natural del trámite fue Adriana Camporini, aunque previo a la requisitoria de elevación a juicio se jubiló. En su lugar, fue nombrado Gonzalo Fernández Bussy, que a su vez trabajó en conjunto con la fiscal Cristina Herrera, a cargo de la causa por la muerte de Diego Demarre y los homicidios de la familia César. Las negociaciones que abrieron la posibilidad de un abreviado comenzaron a fines del año pasado, pero los distintos tires y aflojes fueron dilatando la cuestión. Un punto caliente fue la muerte de Demarre, donde Guille Cantero fue sindicado como el tirador. Múltiples escuchas demuestran un crimen planificado y cruel, donde la víctima fue seguida desde Tribunales.
Según algunas voces, la prueba en esta causa es importante y la incorporación de este hecho al abreviado generó desavenencias. La fiscal Herrera pidió licencia médica y no será parte de la firma del acuerdo.
En su lugar fue nombrado interinamente Mariano Ríos, quien en 15 días pasará al nuevo sistema penal como fiscal. El funcionario, luego de tomar contacto con la causa Demarre, resolvió no rubricar el acuerdo. Ello alborotó el palacio de mármol y, a pesar de los intentos de persuadirlo, Ríos se mantuvo firme en su postura: incluso trascendió que puso su renuncia a disposición, por lo que tampoco será parte del acuerdo. Esta situación determinó que anteayer por la tarde el abreviado se pusiera en duda. Incluso se llegó a suspender el viaje de los acusados desde Piñero a Rosario. Sin embargo, después de una reunión de varias horas, el abreviado volvió a acordarse.
En vuelo
Los principales sospechosos llegaron de la cárcel de Piñero a bordo de una trafic del Servicio Penitenciario fuertemente custodiada no sólo por vía terrestre, sino también aérea. El vehículo ingresó por la rampa ubicada en Montevideo y Moreno mientras los familiares de los imputados observaban en la vereda de enfrente.
Enojo
Familiares de las victimas de la tragedia de calle Salta, junto al pastor Eduardo Trasante y las madres de Facu y Emi (dos adolescentes que perdieron la vida en un siniestro de tránsito) realizaron una marcha con velas por los pasillos del edificio. Al llegar al primer piso reclamaron por los recursos destinados a la megacausa Monos.
Cambios de look y de estilo en un largo proceso
El juez Juan Carlos Vienna fue el conductor de la instrucción penal de esta causa, y tuvo un alto perfil tanto en los medios nacionales y locales. A partir de esta instrucción el magistrado planteó nuevas reglas; por ejemplo dejó de tener contacto con la prensa aunque esta disposición no fue equitativa para todos los medios y hubo claras excepciones. Ese cambio se extendió además a su aspecto personal. Los trajes combinados, sus cambios capilares y hasta un cigarrillo electrónico pasaron a ser parte de su look. Sus decisiones generaron recusaciones, aparecieron planillas de Migraciones que mostraban que sus viajes a Estados Unidos coincidían en destino y fechas con Luis Paz (el padre de Martín); incluso planteó su excusación por violencia moral cuando se dieron a conocer fotografías donde se los veía juntos en una velada boxística en San Antonio, Texas, junto a sus respectivas parejas. Aunque este planteo no tuvo acogida en la Cámara Penal, que le negó la posibilidad de salir de la causa por ese medio. Luego, se conoció una filmación donde se lo ve diciéndole a un imputado que le convenía cambiar de abogado. Ello generó una denuncia penal que fue archivada, aunque la pericia determinó que la filmación no fue editada. Todas estas desprolijidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia que aún no ha resuelto sobre ello. A principios de este año, el juez fue transferido al nuevo sistema penal.
