Hoy terminan tres años de espera no paciente ni pasiva de Mariana Sena. A las 9 tiene cita en los tribunales de Nogoyá, Entre Ríos, donde empieza el juicio oral y público por la muerte en un accidente vial en el enlace Rosario-Victoria del que resultó víctima su hermana Laura y por el que está imputado Francisco Álvarez, acusado de homicidio culposo.
El hecho ocurrió el 10 de junio de 2012 en el kilómetro 16 del trayecto. La traza no tiene banquina; sólo agua e islas. Esto hizo que el auto en el que viajaba Laura con su beba Clara todavía en pañales, su esposo Santiago y su amiga María Florencia Crovetto, de 30 años, no tuviera posibilidad de esquivar el impacto frontal.
En dirección contraria, el auto de Álvarez –donde viajaban siete personas, cantidad no permitida por las normas de tránsito para ese vehículo–, había pasado después de una curva a un camión fumigador. Según la denuncia, violó la doble línea amarilla y se puso en el carril contrario.
El resultado del choque fueron dos muertes: las de Laura y María Florencia. Para Mariana, integrante de Asociación Civil Compromiso Vial, son otras dos vidas arrebatadas tras una negra estadística: suman más de cuarenta las muertes en la conexión con la vecina provincia desde su inauguración. El problema es que esta cifra no es oficial. Según ella, el Estado sólo contabiliza las muertes sobre el asfalto y no en el hospital, como fue el caso de Laura, que murió cuatro meses después del choque. “La complejidad es enorme. Y se mantiene una mirada desenfocada del problema. Si las estadísticas no reflejan lo que pasa hace más difícil todo”, expresó Sena a El Ciudadano.
El juicio que arranca hoy, donde la Fiscalía pedirá cuatro años y seis meses de pena efectiva para Álvarez, refleja varios problemas padecidos por familiares de víctimas viales: falta de contención hasta llegar al juicio, tiempos demasiado largos para llegar al juzgamiento y recursos insuficientes del Poder Judicial.
Imprudencia manifiesta
Homicidio culposo significa sin intención. Ése es el delito del que se imputa a Álvarez. Se le agregan lesiones graves sufridas a sus propios familiares, que viajaban con él.
Venían desde Victoria. En el kilómetro 16, después de una curva, el auto cruzó al carril contrario para pasar a un fumigador de cultivos, comúnmente llamado “mosquito”. El auto en el que viajaban las víctimas iba hacia Entre Ríos, de donde eran oriundos todos los ocupantes. El choque frontal dejó un muerto en el acto: María Florencia Crovetto.
Laura fue hospitalizada y murió cuatro meses después. Santiago, su esposo, y su beba Clara sobrevivieron, al igual que todos los tripulantes del auto de Álvarez.
“Tuvo una actitud temeraria. No bajó la velocidad a pesar del alto tráfico de camiones. Pasó con doble línea amarilla. No sabemos si estaba alcoholizado porque no hubo peritaje toxicológico después del siniestro. Pedimos una pena efectiva”, señaló a este medio Sena y trajo así el recuerdo fresco de la sentencia del juicio por la muerte de Emiliano Cáceres Ferreyra y Facundo Aguirre –tres años de prisión en suspenso a Federico Gómez, causante de la tragedia– en lo que fue el primer juicio oral y público por un siniestro vial en Santa Fe.
La lucha sigue
“Somos una familia preguntona, motivada y que se involucra. Hay personas a las que les ocurren estas tragedias y no saben cómo reaccionar”, explicó Mariana Sena.
Al juez de Victoria se le pidió que no otorgue el instituto de la probation a Álvarez y que el caso pase a Nogoyá para un proceso oral y público.
“Los tiempos de la Justicia son difíciles. Entendemos que tienen un límite en su capacidad operativa pero se descuida a los familiares de las víctimas”, agregó la mujer, quien hace exactamente un año pasado recorrió los 60 kilómetros de todo el enlace para pintar una estrella amarilla en cada lugar donde sucedió un siniestro fatal. Estuvo acompañada por otros familiares de víctimas viales en un intento de visibilizar el problema cultural que lleva a lamentables estadísticas: son más de cuarenta muertos desde la inauguración del tramo, durante la década pasada.
Sena entiende que no son suficientes las señalizaciones, las estrellas amarillas o los reclamos por mayor control vehicular preventivo en rutas con alto grado de siniestralidad.
Una transformación en la conciencia de los conductores debe darse –dice– a través de un castigo mayor a quienes cometen infracciones: de velocidad, de conducción peligrosa por consumo de estupefacientes (incluido el alcohol) y de normas de seguridad a bordo.
En particular, los comportamientos que llevan a la muerte de terceros, tipificados como homicidio culposo, para los cuales está prevista una pena máxima de cinco años de prisión efectiva.
