El juez Carlos Leiva confirmó ayer que Adriana S., la joven que golpeó a su bebé de 6 meses a principios de abril pasado y que derivó en la internación del niño en el hospital Víctor J. Vilela, deberá someterse a dos juntas médicas que evaluarán su estado mental los días 11 y 18 próximos, respectivamente, para determinar si es imputable por la agresión a su hijo. Actualmente, la mujer está alojada en el psiquiátrico Agudo Ávila, en donde espera la definición de los profesionales y la posible audiencia imputativa por “tentativa de homicidio agravado por el vínculo”. Esta medida no pudo concretarse dentro de las 48 horas, tal como lo establece el nuevo sistema procesal penal, ya que el magistrado consideró que la acusada “no estaba en condiciones entender de lo que se le decía”.
El caso tomó conocimiento público cuando Elías, de 6 meses, ingresó a la guardia del hospital de Niños Víctor J. Vilela la noche del sábado 4 de abril pasado con politraumatismos faciales. El bebé había sido trasladado al centro de salud luego de que su abuelo materno denunciara en la Policía a su hija Adriana S. por maltrato.
Según los datos aportados por fuentes policiales oportunamente, la noche en que se desató el drama en la humilde vivienda ubicada en Chabacuco al 4100, en el corazón de barrio Tablada, el abuelo de la criatura había sido quien alertó al 911 para denunciar la golpiza que le estaba propinando Adriana a su bebé.
Pero de acuerdo al relato de algunos testigos, fueron los mismos vecinos los que “obligaron” al padre de Adriana a denunciarla, cansados del maltrato que ejercía la mujer sobre sus hijos.
Una vecina contó que Adriana tenía serios problemas de drogas. Incluso, dijeron que la Justicia le había dado la tenencia de otro hijo, varón, al padre biológico de éste, debido a que también era blanco de ataques en su casa materna.
Las drogas, la vinculación con la delincuencia y el alcohol fueron tres constantes que marcaron el destino de la muchacha de 29 años, madre de tres hijos: un varón de 5 años, una nena de dos años y medio y Elías, de 6 meses.
Intentos fallidos
Hace unos años, Adriana había intentado revertir su vida: hizo un tratamiento para dejar las drogas, consiguió trabajo en una casa de familia y así solicitó a la Justicia que le diera nuevamente la tenencia del niño de 5 años, aunque actualmente el menor está bajo el cuidado de su padre. Pese a los intentos por combatir sus adicciones, volvió a sucumbir.
“Hasta perdió su casa, no sabemos si la vendió por unas bolsas de cocaína o se la ocuparon unos narcos que la terminaron echando. Era un lugar humilde pero ella tenía su cocina”, contaron vecinos de Tablada. Además, un conocido aportó: “Adriana se quiso cortar las venas adelante de los chicos dos veces, eso es lo que suele pasar cuando te pasás de merca, por eso le sacaron al pibe y se lo dieron al padre”.
Otro vecino recordó que durante el tiempo que estuvo Gendarmería en el barrio, la mujer fue visitada por trabajadoras sociales de la Nación. “Tuvo contención por un tiempo, pero cuando se fueron los gendarmes la cosa volvió a ser como antes o peor”, lamentó.
Uno de los aspectos que había remarcado el doctor Gonzalo Fernández Bruera, quien estaba a cargo de la sala I de hospital de Niños Víctor J. Vilela la noche en que ingresó Elías, fue lo siguiente: “Lo más importante es que no vuelva a ocurrir lo mismo y para eso hay que trabajar para que se reestablezca el vínculo de la madre con el pequeño. En estos casos, lo primero que siente la gente es ganas de salir a matar a la madre”.
“Medidas urgentes”
Tras conocerse el caso de Elías, intervino el Ministerio Público de la Acusación, aunque debido al estado mental de la mamá del bebé, la fiscal Adriana Piazza tomó una “medida excepcional” y solicitó la intervención de la Dirección de Niñez. Según explicó la titular del área, Fabiola Piemonte, se decidieron acciones de urgencias para definir la custodia provisoria de la criatura agredida y también de una hermanita de 2 años. Así, se realizaron entrevistas con el abuelo de los niños y una tía de 30 años, quienes actualmente se encuentran a cargo de los menores hasta definir la situación procesal de la madre.
