¿La última? Tras un largo debate plagado de cuestionamientos al Ejecutivo municipal por parte de sectores de la oposición –y también del oficialismo– el Concejo aprobó ayer por mayoría de 10 votos a 4 y con dos abstenciones la excepción a la normativa para el edificio que se alza en Cordiviola 1135 bis, frente al estadio de Rosario Central, que así tendrá final de obra después de 43 años de obtenido el permiso de construcción original.
La resolución del tema también puso fin al tratamiento del tema en el Cuerpo Legislativo, que se extendió por cuatro años en los que no se lograba consenso para la indulgencia pero tampoco para ordenar la demolición de la altura excedente.
“Autorizase, con carácter de excepción, al Departamento Ejecutivo Municipal que mediante la intervención de la Dirección General de Obras Particulares otorgue la ampliación y reforma sin final tramitada”, arranca el primer artículo del decreto aprobado en la sesión de ayer. Pero en su segundo artículo deja sujeta la excepción “al previo pago de la totalidad del monto por mayor edificabilidad resultante por aprovechamiento en altura aplicable sobre la mayor superficie correspondiente al piso 5º y 6º emergente”, con los valores establecidos en la normativa que ahora está en vigencia. Y también dispone que se aplique la sanción y penalizaciones que correspondan “a los diferentes actores intervinientes” en la obra.
Finalmente marca que lo autorizado deberá quedar así: “No podrá efectuarse reforma y/o nueva construcción sin cumplimentar con la normativa vigente dispuesta en el Código Urbano y Reglamento de Edificación”, concluye la parte resolutiva.
Así el Concejo dio punto final a un largo trajinar que tuvieron la propietaria y la arquitecta de la obra en su intento de poner en regla la edificación que habían adquirido.
Ocurre que al entender de los ediles –y lo destacaron incluso quienes se opusieron a la excepción– ambas actuaron en todo momento “de buena fe”.
En cambio no valoraron lo mismo respecto a la oficina de Obras Particulares del centro municipal de distrito Norte, a la que endilgaron otras obras fuera de regla en el área.
Más rigor ambiental a convenios urbanísticos
El Concejo aprobó ayer por mayoría una modificación a la ordenanza 8.814, vigente desde 2011, que regula la evaluación del impacto ambiental de los convenios urbanísticos. La iniciativa, de autoría de los ediles Jorge Boasso y Osvaldo Miatello, avanza en la línea de hacer más transparente el proceso para lograr el visto bueno a las grandes obras urbanísticas, que se rigen por normas específicas.
Así, según explicó el justicialista Miatello, de ahora en más no será el desarrollador el que contrate a los profesionales para realizar el estudio requerido, sino que será el Ejecutivo municipal el que los elegirá entre los “que estén inscriptos en el Registro Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en Materia Ambiental” de la provincia.
Además, si bien seguirá siendo el privado el que costee la tarea, el pago de honorarios será efectivizado también por la Municipalidad, para evitar el “trato directo” entre los inversores de una obra y los encargados de evaluar el impacto que generará. Finalmente se agregó una tercera modificación, a solicitud del Colegio de Ingenieros, que dispone que la entidad profesional actuará como una suerte de contralor del estudio de impacto ambiental, con un visado final.
