Las repercusiones siguieron ayer en Chile tras el sorpresivo anuncio de la presidenta Michelle Bachelet de pedirle la renuncia a todos sus ministros, en una entrevista por TV realizada antenoche por el periodista Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, en donde establecía un plazo de 72 horas para decidir quiénes se quedan en su cargo y quiénes se van. El único ratificado, hasta la tarde de ayer, fue el canciller Heraldo Muñoz, quien se encuentra en La Haya defendiendo la postura chilena frente a la demanda boliviana por una salida soberana al mar.
“Le pedí la renuncia a todos mis ministros. Me tomaré 72 horas para saber quién se queda y quién se va”, dijo Bachelet con la voz entrecortada, tras semanas de tensión por los ecos del escándalo por el millonario negocio de especulación inmobiliaria en el que quedaron sospechados su hijo mayor, Sebastián Dávalos, y su nuera, Natalia Compagnon.
“Es una señal de autoridad, un golpe de efecto”, dijo a la agencia de noticias AFP Fernando Rosenblatt, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Católica de Chile.
“Lo que está realizando la presidenta es un golpe de timón que puede tener efectos significativos en la composición de su gabinete”, dijo por su lado a la AFP el politólogo de la Universidad Diego Portales, Mauricio Morales.
La medida es drástica porque se da por casi segura la remoción del ministro del Interior y jefe del gabinete de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, a quien se considerada como el “hijo político” de la mandataria. “Lo que hará la presidenta es una cirugía mayor dentro de su gabinete, sacando a su ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, algo que era casi impensado, y eso va a implicar un cambio muy profundo”, agregó Morales.
Peñailillo quedó en el ojo del huracán tras revelarse que está involucrado en un caso de financiamiento irregular de la actividad política, que involucra hasta ahora a decenas de políticos de oposición y de gobierno, a través del uso de boletas por servicios no prestados a grandes conglomerados económicos, como el grupo Penta y la minera Soquimich.
El caso, que mantiene bajo arresto domiciliario a los dos controlares de Penta y al exgerente general de Soquimich, agudizó la crisis de desconfianza política que vive Chile.
Fallo contra militares
Seis militares chilenos en retiro fueron condenados a cuatro años de cárcel por malversación de caudales públicos tras haber desviado fondos a cuentas corrientes en el exterior que tenía el fallecido exdictador Augusto Pinochet. El juez especial Manuel Antonio Valderrama despachó su fallo de primera instancia en la investigación por el “Caso Riggs”, abierto en 2004 tras encontrarse en este banco estadounidense casi un centenar de cuentas bancarias ocultas a nombre de Pinochet y su familia.
