Los concejales del Frente para la Victoria (FpV) reclamaron mediante un comunicado el incumplimiento municipal de una ordenanza aprobada en diciembre de 2012 se aprobó que regula integralmente el uso de cámaras de seguridad. “Uno de los objetivos es asegurar la convivencia ciudadana en los espacios públicos y privados, regular la instalación, instrumentación y uso de la captación de imágenes, tanto para la prevención de delitos como para la normal utilización de los espacios públicos», explicaron Roberto Sukerman y Norma López, autores del proyecto.
En ese sentido, sostuvieron: «Desde hace años insistimos que tanto el Municipio como la Provincia antes de seguir avanzando con la instalación de videocámaras, debían reglamentar la ordenanza vigente, para evitar que se cometan desmanejos con el uso de las imágenes captadas y así poder celebrar los convenios con privados para la instalación de estos sistemas de captación».
Asimismo, señalaron: «Creemos que esta Municipalidad debe trabajar conjuntamente con los distintos actores y asegurar la presencia del Estado, dejar de deslindar responsabilidades y firmar los convenios que la misma ordenanza de nuestra autoría establece, esto es, firmar convenios de instalación de videocámaras con los particulares, no como una imposición sino como fruto de acuerdos y coincidencias».
Entre otras cosas, la iniciativa aprobada propone la creación de una Comisión de Garantías para resguardar los derechos individuales y que los grandes comercios hagan convenios con la Municipalidad aportando nuevas cámaras al servicio de monitoreo. También prevé el otorgamiento de un Certificado de Habilitación para el uso y funcionamiento de los sistemas de captación de imágenes de los privados que quieran tenerlo o que ya cuenta con él.
“En este contexto de búsqueda del equilibrio entre seguridad, derechos y libertades es que proponemos la creación de una Comisión de Garantías de VideoVigilancia, con la intención de garantizar que la utilización de los sistemas de captación de imágenes del centro de monitoreo no se traduzca en un sacrificio excesivo y desproporcionado de los derechos y libertades de cada individuo.”, aseguró Roberto Sukerman, candidato a la intendencia.
La vicepresidenta del Palacio Vasallo, Norma López, señaló: “La utilización de cámaras deberá reconocer como límite el respeto a los derechos humanos y garantías consagradas en la Constitución Nacional y Provincial. Las imágenes obtenidas tendrán carácter confidencial y sólo podrán ser requeridas por autoridad judicial con competencia en materia penal, contravencional o de faltas”.
Público – Privado
Por otra parte, el proyecto también prevé como factor novedoso, la posibilidad de que la Municipalidad firme convenios con personas físicas y jurídicas del sector privado para que éstas adquieran e instalen a su propio cargo las videocámaras, siendo obligación del municipio incorporarlas al sistema público de monitoreo.
“De esta forma se ven beneficiados tanto el sector público como el privado. El Estado sumando más cámaras al sistema de monitoreo, y el privado al ser monitoreado las 24 horas. Esto tiene como objetivo primordial lograr equidad y justicia social. Prever la posibilidad de que distintos actores del sector privado se integren al sistema público de monitoreo comprando las cámaras de videovigilancia permite que el Estado pueda invertir en aquellas zonas que de acuerdo al mapa del delito requieran instalaciones de cámaras de videovigilancia”, afirmó el jefe de bloque del frente para la Victoria, Roberto Sukerman.
