La Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo de la Cámara Federal de Casación que había confirmado las condenas de Alfredo Astiz, Jorge “El Tigre” Acosta y otros 16 acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la Esma y anulado las absoluciones de Juan Carlos Rolón y Pablo García Velasco.
El máximo tribunal rechazó con esta resolución los recursos de las defensas contra la confirmación de las condenas a prisión perpetua de Astiz, Acosta y otros ocho ex integrantes del “grupo de tareas” que funcionó en la Esma durante la última dictadura.
En su resolución, la Corte ratificó así el fallo de la Cámara Federal de Casación que, además de confirmar las condenas, había anulado las absoluciones de Rolón y Velasco antes dictadas por el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5) de la Capital Federal.
Con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, rechazó las quejas que por recursos extraordinarios denegados presentaron las defensas de los procesados contra la sentencia de la Sala II de la Cámara de Casación.
Las condenas a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua alcanzan a los represores Astiz, Acosta, Ricardo Miguel Cavallo, Antonio Pernías, Raúl Enrique Scheller, Jorge Carlos Radice, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Néstor Omar Savio y Ernesto Frimón Weber.
La Corte confirmó también 25 años de prisión para Manuel García Tallada y Juan Carlos Fotea, 20 años para Carlos Capdevilla y 18 años para Juan Antonio Azic.
El fallo de la Casación, ahora firme, confirmó las penas aplicadas en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 86 personas en la Esma, entre ellas Azucena Villaflor, Mary Bianco y Ester de Careaga, del grupo fundador de Madres de Plaza de Mayo; las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y el escritor y periodista Rodolfo Walsh.
Todos los represores ahora con condena firme habían sido beneficiados por el indulto o la ley de obediencia debida y fueron juzgados y condenados unos 35 años después de sus crímenes, por los que permanecen detenidos y alojados en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal.
