La venta de drogas en Argentina creció un 50 por ciento entre 2010 y 2014 hasta afectar a casi la mitad de los hogares urbanos, especialmente a aquellos de los barrios más vulnerables, según un informe presentado por la Universidad Católica Argentina (UCA).
El 45 por ciento de los hogares urbanos de Argentina dijo que había percibido el año pasado venta de drogas en su barrio, frente a un 30 por ciento de hogares que en 2010 había dicho que le constaban este tipo de actividades.
Eso representa un aumento del 50 por ciento en el plazo de cuatro años, fenómeno que crece «exponencialmente» en los asentamientos precarios de las grandes ciudades, reveló el coordinador del estudio realizado por la UCA, Agustín Salvia, en una rueda de prensa.
Según el Barómetro del Narcotráfico y las Adicciones en Argentina, basado en unas 28.000 entrevistas a hogares de conglomerados urbanos, en los barrios de un nivel socioeconómico medio-alto la percepción de la venta de drogas creció un 30 por ciento.
Mientras, en los de niveles bajos, el aumento fue de entre un 50 por ciento y un 60 por ciento, perjudicando especialmente a villas (chabolas) y asentamientos, donde la venta de sustancias ilícitas en el entorno fue reconocida por un 84 por ciento de las familias.
Pese a que Salvia hizo hincapié en que el factor más importante para que el narcotráfico se extienda es el residencial, en aquellas comunidades donde además existe precariedad laboral, las adicciones se ven aún más potenciadas.
En este sentido, en barrios en los que la mayoría de las personas activas disfruta de pleno empleo, la percepción de venta de estupefacientes aumentó un 26 por ciento desde 2010, mientras que en aquellas zonas con déficit laboral el incremento fue del 57 por ciento.
El negocio de la droga «penetra mucho más fácilmente en espacios de alta vulnerabilidad social, debilitados y de escasa presencia estatal», señaló Salvia, quien también indicó que es una actividad económica con «altos niveles de rentabilidad» que penetra en las comunidades «para convertir a los sujetos en adictos».
«El mercado se ha extendido por los lugares más pobres porque ahí es donde el Estado está menos presente», indicó antes de destacar que la «ampliación» del negocio en estas zonas se debe a la falta de políticas públicas y a agentes paraestatales que operan desde el poder «para generar situaciones de arbitrariedad» y «violencia estatal».
Con todo, para el coordinador del barómetro, la causa principal es, sobre todo, la incapacidad de las «frágiles» instituciones para dar una respuesta a esta problemática que afecta especialmente a aquellos jóvenes fáciles de reclutar, que se convierten en una herramienta imprescindible para las organizaciones mafiosas.
El barómetro es el primero de una serie de estudios sobre el narcotráfico en el país latinoamericano, que se publicarán dos veces por año, y se basa en una muestra de 28.415 casos, compuesta por personas mayores de 18 años que viven en hogares de aglomerados urbanos de Argentina con más de 80 mil habitantes.
Las entrevistas se realizaron en el cuarto trimestre de cada año desde 2010 a 2014 y el margen de error estadístico es del +/- 1,3 por ciento.
La publicación del informe se produce apenas cuatro días después de que el sacerdote Juan Carlos Molina renunciara a su puesto en la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), que dirigía desde diciembre de 2013.
Como funcionario, Molina, cercano al papa Francisco, fue muy conocido por su defensa de la «no criminalización» del consumo de drogas, una postura por la que recibió bastantes críticas.
