Todos tenían entre 16 y 25 años. Todos vivían en barrios periféricos. Todos fueron acusados de ser ladrones. Ninguno de los siete pibes asesinados este año en Rosario por las fuerzas públicas llegó a un proceso judicial. Desde el crimen de Jonatan Herrera (23), ejecutado los primeros días de enero en el lamentable debut de la Policía de Acción Táctica, hasta el homicidio de Maximiliano Zamudio (16) a fines de mayo en manos de un efectivo de Prefectura, los hechos fueron presentados como enfrentamientos en cumplimiento de los deberes de funcionario público o legítima defensa. De gatillo fácil, represión preventiva o ejecución sumaria de la pena de muerte sólo hablan unas pocas voces, acalladas por el ruidoso reclamo de seguridad que tolera y legitima este tipo de prácticas.
Esa tolerancia no sólo se siente en los sectores sociales que celebran la muerte como una suerte de limpieza social. La criminalización de la pobreza también encuentra apoyo en un Poder Judicial que hace la vista gorda a la hora de investigar, con las contadas excepciones en las que resulta imposible encajar el perfil de la víctima en el de un delincuente peligroso.
No es el caso de Machazo Zamudio, el chico de 16 años asesinado de tres balazos, uno en la cabeza, el pasado 27 de mayo en la puerta de su casa de barrio Tablada durante un presunto intento de robo. Porque el pibe tenía alguna anotación penal que fue suficiente para que fuera creíble la versión de su agresor: un cabo de Prefectura que fuera de servicio y con un arma particular se metió en su viejo Ford Falcon por un callejón del barrio cerca de la medianoche.
Marcos Cella, abogado de la familia Zamudio que denunció gatillo fácil, dijo que “la Fiscalía hace ciertas diferencias en los casos de homicidios cuando existe el mínimo atisbo de legítima defensa” y “otorga la libertad a los imputados de manera apresurada sin escuchar los testimonios de versiones contrarias, sin hacer reconstrucciones del hecho ni las más mínimas pericias”. La cuestión, dijo, “es si los pibes usan o no gorrita”.
“Ejecución sumaria”
Para el jefe de la Servicio Público de la Defensa provincial, Gabriel Ganón, la Justicia “ha sido históricamente condescendiente con el ejercicio de la fuerza letal por fuera de la legalidad policial. Lo han sido durante la dictadura y lo continúan siendo en democracia”.
Consultado sobre casos de gatillo fácil, Ganón dijo que prefiere utilizar la denominación de ejecución sumaria: “Son casos donde la Policía ejerce la violencia más allá de los límites que la ley establece y ejecuta sumariamente a una persona. La utilización de un procedimiento prohibido para ejecutar a una persona es la ejecución sumaria de la pena de muerte”.
Como la Policía sabe que tiene permitido el uso de la fuerza bajo determinadas condiciones, continuó, “cuando excede los límites, arma un escenario para colocarlo conceptualmente dentro del esquema que la ley le permite. Por eso generalmente las situaciones en que la Policía ejerce la violencia más allá de los límites permitidos son puestas en escena de enfrentamientos por robo o de legítima defensa”.
Al respecto, reflexionó que ese tipo de violencia existe porque “judicialmente se tolera, políticamente se tolera y culturalmente también se tolera”. Y ocurre, explicó Ganón, porque los destinatarios de esas balas policiales son vistos socialmente como enemigos internos, ya sea por sus antecedentes penales o porque estaban ante la comisión de un delito: “No reúnen los requisitos de víctima ideal y la sociedad tolera esas ejecuciones”.
No obstante, Ganón dijo que hay casos “paradigmáticos”, donde el ejercicio de la violencia rompe las circunstancias normales y alerta a la población sobre el comportamiento ilegal de la Policía: cuando “se equivoca” en la persona que victimiza.
Así se refirió a los crímenes de Franco Casco, Jonatan Herrera y Carlos Godoy, quienes sí reunían las nociones de “víctima ideal” porque no tenían antecedentes y trabajaban.
“Represión preventiva”
Para Alicia Bernal, representante de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos (Cadh) de Rosario, la Policía que ejecuta “encuentra su origen en la necesidad del Estado de controlar y disciplinar socialmente; y tiene como destinatarios a los sectores más vulnerables de la sociedad, entre ellos a los más jóvenes y pobres”. Bernal diferenció “esa vertiente represiva caracterizada como preventiva, de la que se abate en forma selectiva sobre esos mismos sectores populares cuando ya están organizados: la represión del Estado –gobierne quien gobierne– es también la que se ejecuta selectivamente sobre la militancia organizada social y políticamente y que representa un enorme riesgo, sobre todo en los momentos de aumento de las crisis y de auge de las luchas”.
Los casos
Según datos relevados por el Ministerio Público de la Defensa, en 2014 se registraron 15 casos vinculados con violencia institucional, gatillo fácil y enfrentamientos policiales letales en el departamento de Rosario. En su mayoría, los gatilleros no fueron siquiera imputados por los fiscales, que no encontraron elementos para acusarlos. Lo mismo ocurrió en los siete casos que se registraron en lo que va de 2015:
04.01.15 Jonathan Herrera, de 23 años. Muerto de tres tiros en Ayacucho y pasaje Villar, cuando lavaba el auto frente a su casa, por policías tras un enfrentamiento por un robo.
12/01/15 Alexis Oscar Rosales, de 23, muerto tras un escruche en Machain al 1600.
14/01/15 Nelson Gastón Fuentes, de 24, muerto en Juan José Paso al 6800 tras una entradera en Arroyito.
29/03/15 Jonathan Berloti, de 22. Muerto de un tiro en la nuca en Matienzo al 3400, en el domicilio de un policía que dijo que le había entrado a robar.
16/04/15 Dante Fiori, de 25. Muerto de tres tiros en el tórax en La Paz y Chacabuco, a metros de su casa, por un vecino policía que dijo que se defendió de un robo.
24/05/15 Carlos Godoy, de 25. Muerto de dos tiros, uno en la cabeza, en Sorrento y Garzón, a metros de su casa, por dos policías que dijeron que se trató de un enfrentamiento tras intento de robo.
27/05/15. Maximiliano Zanudio, de 16. Muerto de un tiro en la cabeza en Patricias Argentinas y Ameghino, a metros de su casa, por un prefecto que dijo que se defendió de un robo.
