El ministro británico para América latina, Hugo Swire, acusó ayer a la Argentina de pretender “estrangular la industria de hidrocarburos” en las Islas Malvinas, debido a un embargo dispuesto por la Justicia nacional contra empresas de capital británico y estadounidense que buscan petróleo en el archipiélago, lo que calificó como una “provocación injustificada” por parte del gobierno argentino.
“En los últimos días hemos visto el último ejemplo de la flagrante e inaceptable campaña de las autoridades argentinas para estrangular la industria de hidrocarburos de las islas Falkland (como llaman los británicos a las Malvinas)”, subrayó el funcionario de la administración de David Cameron, en alusión a una denuncia del gobierno argentino que provocó el embargo judicial.
Además, sostuvo que “las leyes internas de la Argentina no aplican en las islas ni en las aguas que las rodean” y que “esta decisión” de denunciar a las empresas, “motivada políticamente para alcanzar los activos empresariales, es intento totalmente inaceptable de ejercer jurisdicción extraterritorial y no tiene justificación legal en absoluto”.
“Esta acción, contra compañías británicas e internacionales de petróleo y gas tiene implicancias peligrosas para el comercio global. El gobierno de Argentina debería abstenerse de este tipo de provocaciones injustificadas”, enfatizó Swire.
“Los isleños tienen todo el derecho de decidir su propio futuro, incluyendo el desarrollo de su economía. Como siempre, los respaldamos y estamos seguros de que la comunidad internacional continuará resistiendo estas amenazas de la Argentina”, agregó el funcionario británico.
En tanto, el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, manifestó ayer que la Argentina “cumple con su deber de defender la soberanía económica”, al destacar la decisión de la Justicia federal de Tierra del Fuego.
“Hay una violación muy clara a tratados internacionales y normas nacionales. Cumplimos con nuestro deber de defender la soberanía económica de nuestro país”, dijo Gonella en declaraciones a radio Vorterix.
El jueves pasado, la jueza federal de Río Grande, Lilian Herráez, hizo lugar a un pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre los bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses, denuncias por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina de las islas Malvinas.
La magistrada también ordenó el cese inmediato de la explotación en territorio argentino, lo cual se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los “graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas”.
Gonella explicó que estas empresas operan ilegalmente desde 2010, pero recién a fines de 2013, con la sanción de la ley reformada de hidrocarburos, el Estado tuvo los elementos jurídicos necesarios para presentar la acusación.
La orden judicial establece que tanto para el secuestro, como para los embargos y el cese del delito se deberán librar exhortos diplomáticos a través de la Cancillería argentina.
La denuncia, que primero realizaron los ministros de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, y de Planificación Federal, Julio De Vido, y que luego motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal de la Nación, involucra a las compañías Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Ex combatientes cuestionan fallo de la Corte Suprema
La Comisión Nacional de Ex Combatientes cuestionó ayer el fallo de la Corte Suprema de Justicia que reconoció como ex combatiente de Malvinas a un soldado que se encontraba en el continente durante la guerra de 1982, al considerarlo una “estafa moral”, y afirmó que con su aplicación “se incrementará la industria del juicio”.
“Los jueces supremos intentan cambiar la historia, los hechos y la memoria de nuestro pueblo”, dijo a la agencia Télam el presidente de la Comisión Nacional de Ex Combatientes de Malvinas, Ernesto Alonso.
Para Alonso, con ese fallo, la Corte actúa con un “criterio clientelista” y reconoce “a uno de los cientos que motivados por una psicosis de renta intentan inescrupulosamente cobrar algún beneficio económico”.
Días atrás, la Corte Suprema reconoció como veterano de guerra a un ex suboficial de la Marina, que se desempeñó como controlador de vuelos que durante el conflicto operó desde Bahía Blanca y Tierra del Fuego, fallo que podría sentar jurisprudencia para miles de reclamos. “Con este fallo, la Corte Suprema posibilita que cualquier persona que vivió en Argentina entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 pueda iniciar un reclamo para ser considerado ex combatiente”, consideró.
