Una sensación invisible, día a día más parecida a una certeza, se desliza por los anchos pasillos y despachos de los tres pisos del Palacio de Tribunales. Es como una brisa delicada, nada estridente pero firme, que a medida que avanza hace retroceder el rancio vaho que expide el juicio abreviado en la megacausa Monos.
Esa sensación invisible indica que el acuerdo negociado entre fiscalía y abogados defensores está herido de muerte y que las chances de que sea homologado son escasas.
Probablemente el golpe de gracia a ese acuerdo se lo dio el gobernador electo Miguel Lifschitz ante la consulta del diario La Capital: “Puestos sobre el caso concreto de este abreviado a mí me parece que hay, desde el Estado, una necesidad de ejemplaridad en determinados casos. Particularmente acá entiendo que por las implicancias sociales y políticas que han tenido los delitos investigados, que tuvieron un largo desarrollo en el tiempo y provocaron gran preocupación en la comunidad, hay un requerimiento de que exista firmeza desde el Estado para demostrar qué hechos importa más perseguir por sus consecuencias sociales. En este punto más allá de la legalidad que tiene este proceso, que no está en cuestión, a mí me parece que este abreviado no está cumpliendo ese objetivo”.
El gobernador Bonfatti se explayó menos, pero puso la pelota en manos de la Justicia. “Yo quiero la pena que le corresponde por lo que tipifica el Código Penal de la Nación, si llegaron por juicio abreviado o no abreviado no me importa, lo que quiero es que haya condena”.
La megacausa Monos quema, tanto en el frente político como judicial. No se trata de cualquier causa, sino de una banda que encontró complicidades en nichos del poder económico, judicial y de la política y que se volvió despiadada y sangrienta.
De hecho, cinco días después de firmado el juicio abreviado, se sucedieron tres ataques con el sello de los Monos: el asesinato del padre de Macaco Muñoz, detenido por el crimen de Claudio Pájaro Cantero; el intento de homicidio de Diego Cuello y, al toque, la réplica contra Javito M. quien, herido por un balazo en la zona abdominal, fue apresado e imputado por el asesinato del padre del clan Bassi, enfrentado con Los Monos.
Hechos que bien pueden interpretarse como una muestra de la capacidad de golpear que conserva la banda y a recordar que falta dar un paso más: dejar en firme ese juicio abreviado, tarea que hoy está en instancia de revisión por parte de tres jueces de sentencia penal.
Rechazo liso y llano
Sin embargo, éste juicio abreviado es indigerible. Lo rechazó todo el arco político; los fiscales de cámara y de primer grado que lo informaron en público tuvieron dificultades para justificarlo ante los periodistas, y el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, prefirió no defenderlo en público.
El problema no es el juicio abreviado en sí como forma de resolución de la megacausa por asociación ilícita y sus 37 procesados, sino la pretensión de licuar dentro de ésta la responsabilidad de Guille Cantero por otro crimen gravísimo: estaba procesado como autor material del crimen de Diego Demarre y se encaminaba a una condena a perpetua.
Para ingresarlo al abreviado se modificó la situación de Guille, que de la noche a la mañana pasó a ser considerado partícipe secundario sin que medie prueba alguna que justifique aliviar su situación. Así se redondó 9 años de pena por liderar una asociación ilícita y participar en el asesinato de Demarre.
Aún cuando pueda considerarse que fiscales y defensores acordaron sobre una base mínima de legalidad, el rechazo social que produce ese acuerdo es palpable y comprobable.
Además, el resultado plasmado no cumple con los dos preceptos expresamente propuestos por quienes aceptaron llevar adelante la negociación: la entrega de Monchi Machuca (otro de los jefes de la banda) y que las acusaciones contra Guille Cantero en la causa Demarre no serían objeto del abreviado. Monchi sigue prófugo y Guille está a punto de ser beneficiado con una condena desproporcionada con respecto a los crímenes que le imputan. De homologarse, en un año y medio, a lo sumo dos, ya estaría saliendo a la calle.
También se anunció pero no está consagrada la recuperación o decomiso de los inmuebles secuestrados y embargados a la banda. El Estado no recupera ni una sola casa, ni siquiera la emblemática quinta que la familia Cantero construyó en Pérez.
Según el texto, sólo quedan para el Estado un Chevrolet Vectra, un Citroen C3 y unos 240 mil pesos en efectivo de un depósito judicial. Cabe recordar que en la megacausa se inventariaron 80 vehículos y 12 propiedades que, se supone, serán restituidos a los miembros de la banda. Ojalá no haya que indemnizarlos porque faltó un estéreo en el corralón judicial.
Además de esas inconsistencias, la oportunidad en la que se cerró y presentó en sociedad el acuerdo de juicio abreviado sembró una montaña de dudas. Se comenzó a negociar en diciembre de 2014 y se cerró el 15 de abril, cuatro días antes de las elecciones primarias.
Es evidente que la fecha no se eligió al azar. Sin certezas, sobran hipótesis: desde una operación política destinada a golpear al socialismo en víspera de las Paso, hasta un apriete a los negociadores del Poder Judicial para que el beneficioso acuerdo que estaban consiguiendo los miembros de la banda se concrete antes de que cualquier resultado en las urnas pudiera ponerlo en peligro.
Se equivocaron quienes pensaron que un triunfo del oficialismo garantizaba que la política no haría olas o se quedaría en el molde con respecto al acuerdo. Lifschitz se desmarcó y se recostó sobre lo evidente: con este abreviado la comunidad no gana nada.
Alternativas de salida
Superado el proceso electoral provincial, la decisión de homologar o rechazar el abreviado está en manos de un tribunal colegiado que integran los jueces Edgardo Fertitta, Julio Kesuani y José Luis Mascali. Analizarán la dimensión legal del asunto, pero les resultará imposible no tener en cuenta el rechazo social que genera. No significa que los jueces deben fallar en función de la opinión de los políticos y la prensa, pero como poder de la democracia lo que hace y deja de hacer está sometido a la mirada escrutadora de los otros poderes del Estado y del pueblo.
Si, como se huele en el ambiente, el abreviado tiene dificultades para ser homologado, quedan algunas alternativas.
Un camino posible es que si los jueces fallan por el rechazo siga adelante el trámite hasta llegar a un juicio que, todo indica, no podría evitar ser oral y público.
Otra posibilidad es que el Procurador de la Corte Jorge Barraguirre y los fiscales que firmaron (Gonzalo Fernández Bussy y sus superiores de Cámara Guillermo Camporini y Rubiolo) asuman el rechazo que provoca y decidan dar marcha atrás. Es un camino complejo de imaginar, pero realista. Requeriría arribar a otro acuerdo que saque la causa Demarre del paquete o, de lo contrario, aceptar una condena considerablemente mayor para Guille Cantero.
Los abogados defensores repiten que la megacausa está floja de pruebas. Lo mismo dijeron del triple crimen de Villa Moreno ocurrido el 1º de enero de 2012. Y sin embargo el esforzado trabajo de la fiscalía logró condenas ejemplares. La conclusión es que nadie tiene la partida ganada de antemano. Algo de eso demuestra la desesperada búsqueda de este acuerdo abreviado por parte de los defensores de los Monos.
