Hace un año, un ciudadano chino de 22 años era secuestrado a metros de un supermercado oriental de barrio Agote frente a las narices de su madre, que hizo la denuncia en la seccional 7º. A eso siguieron llamados extorsivos que pedían 150 mil dólares por la libertad del joven, y un intento de “entrega controlada” de dinero que no llegó a suceder porque los captores sospecharon de la Policía y lo soltaron 36 horas después sin recibir ni un centavo. La saga, marcada por la dificultad idiomática de la familia de la víctima, terminó con siete allanamientos y cinco detenidos. Ayer, la Fiscalía pidió 16 años de prisión para tres de ellos con pruebas que, una a una, fueron tildadas de nulas por la defensa.
En una audiencia celebrada ayer ante el juez Juan Carlos Curto, las fiscales Karina Bartocci y Mariela Oliva pidieron 16 años de cárcel por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de dos o más personas y la participación de un menor. La solicitud recayó sobre Juan A., de 21 años, Marcelo A., de 25, y Juan D., de 34, quienes se encuentran detenidos hace un año, en tanto un cuarto sospechoso quedó desvinculado de esa acusación tras alcanzar un juicio abreviado por tenencia de arma; y la quinta involucrada, menor de edad, no fue reconocida por al víctima en una rueda de personas y está bajo la órbita de un juzgado de Menores.
Para la defensa de los imputados tanto la acusación como las pruebas presentadas son inconstitucionales y solicitaron la nulidad. Según explicó a El Ciudadano el defensor de Juan D., Ignacio Carbone, en primer lugar la fiscal “no aclaró cuál era el rol concreto de mi cliente, ni su función, si lo señala como partícipe o autor”. En segundo término el letrado cuestionó el agravante de la “participación de un menor”, ya que la joven que presuntamente participó del delito no fue reconocida por la víctima en rueda de personas.
También fustigó que el cuarto sospechoso que firmó un abreviado haya sido presentado como testigo, como así también la falta de un traductor oficial para los testimonios de al menos cinco ciudadanos chinos que “se hacen entender” por medio de un familiar de la víctima, cuya “idoneidad como intérprete” no se puede objetar ya que es irregular.
En relación a la nulidad de la prueba por dos pericias presentadas en la audiencia de ayer, una de voz realizada en provincia de Buenos Aires y otra telefónica en Entre Ríos, Carbone fue claro: “No fue respetada la cadena de custodia. No se me notificó. No se cuándo se realizó. La prueba salió de Rosario a otras jurisdicciones sin ningún tipo de control y hasta la fiscal asumió que no estuvo presente”. Por último, Carbone dijo que también se opuso a que para las mismas se haya utilizado el audio de su defendido gravado durante la audiencia imputativa, porque viola el principio de autoincriminación.
“Las pruebas a las que me opuse las consideramos ilegales, no pueden producirse en ningún juicio”, resumió.
El hecho que se investiga ocurrió el 18 de julio de 2014, en inmediaciones de San Lorenzo al 3700, donde funciona un supermercado de origen asiático. Alrededor de las 22, Guan G., entonces de 22 años, caminó unos metros cuando fue sorprendido por tres hombres y una mujer, que lo redujeron y lo obligaron a subir a punta de pistola a un Peugeot 504, escena que fue observada por su madre quien hizo la denuncia. Cerca de las 23.30, la familia recibió el primer llamado extorsivo, que exigía la suma de 150 mil dólares a cambio de la vida de Guan.
Así comenzaron las primeras negociaciones que estuvieron monitoreadas por al Policía y que sirvieron para localizar la antena desde la que se emitían los llamados, en inmediaciones de avenida Francia y Gaboto.
Cuando ya habían pasado unas 35 horas del secuestro se pactó el rescate con una entrega controlada que se vio frustrada porque los captores liberaron a Guan en la vía pública, en Godoy y Avellaneda y volvió a su casa en taxi. Siete allanamientos siguieron a la saga que terminó con cinco detenidos, 11 intervenciones telefónicas y el secuestro de tres autos y celulares.
